La bancarrota del Banco Central encuentra su explicación en la creciente fuga de capitales, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos. Tal es así, que los dólares e inversiones de residentes argentinos que se hallan por fuera del sistema bancario local totalizaban U$S 377.383 millones hasta el 30 de septiembre, U$S 7.006 millones más que hace un año atrás.

Los datos se desprenden del último informe del Indec sobre Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Dicho monto incluye los dólares que están depositados en cuentas o guardados en cajas de seguridad en el exterior -o “abajo del colchón”- y las inversiones financieras y directas que tienen los capitalistas argentinos en el extranjero, mayormente sin declarar. Se trata de lo que coloquialmente conocemos como “fuga de capitales” y equivale, nada más ni nada menos, al 77% del PBI de Argentina.

Así las cosas, mientras el gobierno se propone revertir la crisis de reservas otorgándoles concesiones leoninas a los sojeros, tomando nuevos préstamos en dólares, reforzando un cepo recesivo a las importaciones y diseñando un nuevo blanqueo de capitales para premiar a los evasores, mantiene inalterables todos los mecanismos mediante los cuales los empresarios fugan las divisas del país. Incluso, como indican las estadísticas, la sangría ha continuado su curso bajo la gestión presidencial del Frente de Todos. A su vez, los medidas mencionadas tienen por objetivo atesorar dólares para rescatar la deuda externa usuraria, que es en definitiva otro dispositivo de fuga.

En ese sentido, el oficialismo pretende convencernos de que hay que incentivar a toda costa las ramas de exportación para que ingresen dólares, incrementando la primarización económica y el saqueo de los recursos naturales; sin embargo, salta a la vista que el problema no es la escasez de divisas por falta de generación sino el drenaje constante por parte de la clase capitalista, cuya contracara es la huelga de inversiones que protagoniza.

Resulta ilustrativo que el superávit comercial del país, desde que asumió Alberto Fernández, impactó positivamente en las reservas sumando U$S 33.282 millones; lo cual fue contrarrestado por la incidencia en las mismas que tuvieron múltiples vías de fuga, como el pago de la deuda pública por parte del gobierno (U$S 13.050 millones), el pago de la deuda privada (U$S 12.001 millones) -que incluye maniobras de autopréstamos- y la fuga a manos del sector privado (U$S 7.046 millones) en ese mismo período, según los datos publicados por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. También se fueron U$S 4.594 millones por el déficit comercial en servicios y U$S 5.476 millones en concepto de “otros componentes”, entre los cuales se encuentra la venta de dólares por parte del Banco Central para contener la brecha cambiaria, financiando así las corridas hacia los dólares financieros, lo que constituye otra forma de fuga.

Estamos frente al accionar constante de una clase social completamente parasitaria, que, con la anuencia del poder político de turno, embolsa las riquezas producidas por los trabajadores, se las lleva del país y deja las arcas estatales vaciadas, generando una crisis de magnitud cuyas consecuencias pagamos las mayorías. Definitivamente, necesitamos construir un movimiento popular que luche con las banderas del socialismo, la única perspectiva que plantea terminar con la fuga incesante poniendo los recursos nacionales estratégicos en manos de los trabajadores a fin de direccionarlos en favor del interés general.

 

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