El discurso de Alberto Fernández en ocasión de su asunción fue una cuidadosa pieza de orfebrería para reconocer el conjunto de las expectativas depositadas en su gobierno y, al mismo tiempo, evitar tomar medidas concretas, colocando toda decisión económica en suspenso en función de la negociación de la deuda externa. Entre las pocas novedades del discurso estuvo la decisión de gobernar sin presupuesto hasta tener un acuerdo con los acreedores, lo cual preanuncia que negociará con ellos los términos de la “ley de leyes”. Lejos de los discursos sobre autonomía nacional, el recién asumido presidente confiesa de esta manera que el factor determinante de todas sus política es la recaudación para el pago de la fraudulenta deuda externa.

Fernández marcó a fuego que “tenemos voluntad de pago, pero carecemos de los recursos”, legitimando el bochornoso negociado de la deuda, como si fuera un compromiso asumido por todos los argentinos, ocultando el sometimiento al capital financiero y al imperialismo que tiene el mecanismo de la deuda. Nuevamente anunció que “estamos trabajando con el Fondo Monetario”, sin dar ningún detalle sobre la negociación en curso, que se lleva adelante completamente a espaldas del pueblo argentino. La reciente amenaza de Trump de aumentar los aranceles al acero de Argentina y Brasil, que hizo caer la bolsa de Buenos Aires y disparó el riesgo país, es una muestra del ánimo con que vienen a la mesa los interlocutores.

En su discurso monocorde pasó revista del descalabro social y económico, de los niveles actuales de pobreza, desempleo, inflación, devaluación del peso y la caída de la actividad económica. Esta masacre social pudo avanzar con la colaboración de la coalición que asume hoy el gobierno, que trabajó fuertemente para la tregua social y sindical de la que gozó Macri hasta el último día. Fernández se jactó de este trabajo sucio en el primer tramo del discurso, donde ponderó la “paz social” que acompaña la retirada de Macri del gobierno, la comparó con América Latina y celebró que los argentinos aguanten lo que estamos aguantando sin rebelión popular.

Fernández aseguró, reiteradas veces, que los más afectados por esta crisis social serían los “únicos privilegiados” bajo su gobierno. Sin embargo, no hizo un sólo anuncio concreto que dé respuesta a los reclamos de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados que plantean necesidades urgentes, como que la jubilación mínima y el salario mínimo cubran la canasta familiar o se dupliquen el monto de los programas sociales.

La estatización de las organizaciones, política de Estado

Incluso, como ya lo había hecho el viernes en la conferencia de prensa donde anunció la composición de su gabinete, aplazó cualquier medida paliativa a que el Congreso trate una ley que todavía no han presentado, conformando un Consejo Económico y Social, se voten también las autoridades que lo presidirán y se discutan allí “medidas económicas y sociales” para “establecer los equilibrios para poner en marcha la economía”. El consejo sería el instrumento del “contrato social”, donde los sindicatos, organizaciones de desocupados, movimientos de la mujer y la juventud deberán “consensuar” con los representantes del Estado, del capital y con la Iglesia. Un largo tramo del discurso sobre los reclamos de las mujeres no pasó nunca del plano de las generalidades. Fue tan claro el cuidado de no mencionar la palabra aborto como el de salpicar elogios al Vaticano. Esta iniciativa estratégica quiere reforzar la estatización en todas las organizaciones sociales y la política de colaboración de clases en su interior, que necesariamente implica la subordinación de los reclamos de los trabajadores a los planteos patronales. Como en el pasado, la estatización refuerza la existencia de una capa corrupta y ajena a los intereses de los trabajadores en nuestras organizaciones.

En concreto, como se viene hablando de que cualquier aumento se limite a los salarios y las jubilaciones mínimas, achatando la escala salarial y previsional, Alberto dijo que hay que atender las necesidades de “los más necesitados”. En su apelación a que “a quienes les va mejor tienen que poner un poco, solidariamente” está claro que no se refiere a los grupos capitalistas, a quienes viene prometiendo beneficios económicos y fiscales de todo tipo (desde exenciones impositivas a la posibilidad de que las petroleras giren divisas directo al exterior) sino, parafraseando un giro permanente durante el gobierno de la vicepresidenta electa, a los cientos de miles de trabajadores formales que seguirán sufriendo el abusivo impuesto al salario y los tarifazos.

Precarización laboral “popular”

La referencia a que “la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” serán un pilar de desarrollo económico, muestra que hay una decisión política de promover el trabajo por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Una cobertura demagógica para una variante de reforma laboral. El mismo sentido tiene el anuncio de que el Estado pagará becas para que estudiantes se capaciten trabajando en empresas, lo cual es al mismo tiempo precarización laboral y una forma de subsidio a la empresa privada.

El anuncio de la intervención de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) y el fin de sus fondos reservados prefigura otro capítulo de la guerra de espionaje que marcó el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner entre el antiguo jefe de la Side Stiusso, y Milani y Berni que armaron aparatos paralelos de inteligencia desde el Ejército y Gendarmería. La vuelta del jefe de Milani, Agustín Rossi al Ministerio de Defensa, y de Berni al de Seguridad de provincia confirman el restablecimiento del operativo de espionaje y persecución a luchadores. Por otra parte, Fernández no tuvo crítica alguna a la política represiva del macrismo en su discurso, pero levantó el tono, por única vez en su discurso, para gritar “nunca más” a las operaciones judiciales que se sobreentiende refieren a las causas dirigidas contra los funcionarios kirchneristas.

Para los trabajadores, la intención de que limitemos nuestros reclamos urgentes, en el contexto de un descalabro económico total, a las condiciones de pago de la deuda y los reclamos de los empresarios es la garantía segura de la derrota y el aumento de la miseria. La base fundamental de una política de la clase obrera en esta etapa es la defensa rigurosa de la independencia de nuestras organizaciones del Estado y la acción inmediata y enérgica por nuestros reclamos. La paritaria exitosa del Sutna, las luchas del Polo Obrero y otras organizaciones de desocupados que no están en tregua, la victoria de la huelga de residentes y concurrentes, las duras luchas fabriles como Kimberly Clark o Molinos Minetti, muestran que existen tendencias agudas de lucha entre los trabajadores que van desarrollándose como respuesta a la crisis. El Partido Obrero estará incondicionalmente al lado de todas las luchas y reivindicaciones de los trabajadores.