“El Estado se viste de privado”

Alrededor de Enarsa, el go­bierno está creando espe­sas cortinas de humo. Una de las primeras es que se trataría de una ‘empresa estatal". Enarsa, en realidad, será una ‘sociedad anónima de capital privado", suje­ta al derecho privado que rige a es­tas sociedades (ley 19.550). Por eso, el senador oficialista Nicolás Fernández, presidente de la Comi­sión de Energía y Combustibles, señaló que “no se trata de una in­cursión estatista sino que, por el contrario, el Estado se viste de pri­vado" (La Nación, 11/8). El status jurídico de la empresa revela cla­ros objetivos privatizadores. El ofi­cialismo rechazó airadamente el reclamo de los senadores radicales de que fuera una ‘sociedad anóni­ma con participación estatal mayoritaria".

Por ser una empresa privada, Enarsa no estará sujeta al control de los organismos propios del Estado (Sigen, Auditoría General, Oficina Anticorrupción) ni del par­lamento. La camarilla kirchnerista quiere las manos libres; no es un hecho menor a la luz de la expe­riencia de los fondos de la provin­cia de Santa Cruz fugados al exte­rior. Por ser una empresa privada, Enarsa podrá contratar y asociar­se de manera directa, por una sim­ple resolución de su directorio.

Ni siquiera Menem logró seme­jante capacidad de manejo arbitra­rio del patrimonio del Estado.

El nacionalismo hecho Bolsa

El control de los actos del di­rectorio y de los gerentes de Enar­sa recaerá por entero en manos de los accionistas. Estos serán el Es­tado nacional (53% del capital), las provincias (12%) y el capital privado, de cualquier origen (el 35% restante). Como anticipó el ministro De Vido, las principales interesadas en suscribir las accio­nes de Enarsa serán las empresas que ya operan en el sector. Es de­cir que se trata de un proceso de asociación del Estado con los gran­des monopolios petroleros inter­nacionales.

El capital privado no tendrá re­presentantes en el directorio de Enarsa ni derecho a voto en las asambleas de accionistas. Será, sin embargo, el capital privado el que diría efectivamente la nueva em­presa: como el 35% correspondien­te al capital privado cotizará en la Bolsa, el vaivén de sus acciones no sólo determinará el valor de la em­presa sino también su política: bas­tará una bajá pronunciada en las cotizaciones bursátiles para que el directorio “estatal" rectifique las decisiones que el capital privado considere lesivas para sus intere­ses.

Ezequiel Espinosa, presidente de la nueva Enarsa, lo dejó muy en claro cuando dijo a una revista es­pecializada que su objetivo era ob­tener “un retomo interesante para nuestros accionistas" (Revista Pe­troquímica, Petróleo, Gas y Quími­ca, 15/8).

Empresa virtual

La nueva SA podrá, según la ley que la creó, “explorar, explotar, producir, generar, transportar, dis­tribuir y comercializar, tanto local como internacionalmente, bienes energéticos en todas sus formas". El mensaje que acompaña la ley aclara que “en todas sus formas" comprende el petróleo, el gas na­tural, la energía eléctrica, “el car­bón, la energía nuclear, las energí­as no convencionales como el hi­drógeno, sin ningún tipo de limita­ciones". Es decir que Enarsa con­centra en sus manos, sin ningún control fuera de sus accionistas, una masa enorme de riquezas na­cionales (y de multimillonarios ne­gocios potenciales).

Para explotar semejante patri­monio, sería necesario un capital de varios miles de millones. Pero el capital inicial con que se ha dota­do a la nueva empresa es ridícula mente mínimo (al igual que su do­tación de personal, que apenas al­canza a 25 personas).

Existe una manifiesta contra­dicción entre el patrimonio estatal que se ha puesto en manos de Enarsa y el capital propio de la em­presa, virtualmente inexistente. Enarsa no tiene capital para ex­plorar por sí misma un área petro­lera o para perforar un mísero po­zo. Por eso hay quienes la califican como una “empresa virtual", al es­tilo de las Líneas Aéreas Federa­les, creadas por Kirchner, que ca­recen de aviones.

Plataforma continental

Enarsa recibirá, particular­mente, “la titularidad de los per­misos de exploración y las licencias de explotación de la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren permisionadas o concesionadas". En realidad, las que sí lo están son muy pocas, ya que, como reconoce Espinosa, “toda la cuenca marítima está inexplorada" (ídem).

De un plumazo, Kirchner ha privatizado el 35% de la platafor­ma continental, que según la Cons­titución constituye una propiedad indelegable del Estado. Los apolo­gistas argumentan que el Estado no transfiere la propiedad sino “apenas" la exploración y la explo­tación. Ocurre que el petróleo es un recurso no renovable; aunque la propiedad del pozo continúe for­malmente en manos del Estado, lo que importa es la propiedad del crudo extraído, que pertenecerá en su totalidad al concesionario. Este, como lo vienen haciendo Repsol y las demás, podrá exportarlo y retener en el exterior hasta el 70% de las divisas. Cuando los pozos estén secos, la propiedad retomará al Es­tado...

Los yacimientos del Mar Ar­gentino son el verdadero activo de Enarsa; por eso los privados hacen cola para asociarse con ella y par­ticipar en el festín.

“Testigo” del saqueo

Como Enarsa carece de capital propio, deberá asociarse con gran­des pulpos internacionales para explorar y explotar la cuenca ma­rítima. El propio ministro De Vido anticipó que se “necesitaría mucho, mucho capital de riesgo, y sólo hay empresas de cierta envergadura que lo pueden hacer" (Río Negro, 14/5).

Para la exploración y explota­ción de áreas determinadas, Enar­sa podrá asociarse con distintas empresas privadas mediante la formación de UTEs (Uniones Tran­sitorias de Empresas). El mensaje que acompaña la ley especifica que “Enarsa constituirá en su interior diversas unidades de negocio que en forma descentralizada genera­rán iniciativas que puedan captar necesidades de inversión y ofreci­mientos financieros en cada zona en particular".

En estas UTEs, que serán las que efectivamente explorarán y ex­plotarán los pozos, la participación de Enarsa puede ser minoritaria e incluso hasta simbólica. Su presi­dente, Espinosa, aclaró que ‘no es nuestro fin ser operador, que ya existen, son buenos y están califi­cados (...) Nos interesa tomar un lugar en el negocio (...) en el por­centaje que podamos participar de la renta. Hay que participar en porcentajes que nos permitan estar sentados en la mesa de discusión’ (ídem).

La planeada participación mi­noritaria en las UTEs que efecti­vamente exploten el petróleo lleva al gobierno a definir a Enarsa co­mo una “empresa testigo”. Los santacruceños ya conocen el significa­do de estos términos. El antece­dente de Enarsa es la empresa pro­vincial Formicruz, que ha privati­zado en la práctica la explotación minera de la provincia. El princi­pal yacimiento de oro de Santa Cruz está en manos de Cerro Van­guardia, cuyos accionistas son la sudafricana Anglogold -el segundo pulpo aurífero mundial- (92,5% del capital) y la “testigo" Formicruz (con el 7,5% restante). Lo mismo ocurre con otros yacimientos me­nores.

La creación de Enarsa es, en re­sumen, la vía elegida por el kirechnerismo para privatizar efectiva mente el patrimonio estatal que el menemismo no pudo entregar. Con Enarsa saltan a la vista no ya sus insuperables limitaciones sino el carácter de puro charlatanerismo del nacionalismo kirchnerista.