Las primeras reuniones de comisión de la Constituyente tucumana pusieron al desnudo las intenciones de Alperovich de acallar de cualquier forma a la oposición y conseguir su reelección a cualquier precio.

 

El “reglamento” impuesto a la Convención es un traje a la medida de esos propósitos: faculta al presidente a determinar a su antojo a qué comisión va cada convencional, sin siquiera tener que respetar la representación de los diferentes bloques. Como consecuencia de ello, al PO le fue denegada la participación en la comisión de “derechos y garantías”, ofreciéndonos a cambio otras comisiones de importancia menor. Más grave aún es el hecho de que en la comisión de régimen electoral —donde se debatirá la reelección y un sistema electoral proscriptivo— sus siete integrantes pertenecen… al Frente para la Victoria. Es decir que nadie de la oposición podrá presentar un dictamen de minoría. El reglamento también dispone que las reformas se aprueben sólo con mayoría simple de los presentes. Siendo cuarenta los convencionales, con la presencia de ventiuno, once legisladores (o incluso menos si hubiera abstenciones) podrían modificar la Constitución.

 

La respuesta del PO

 

En medio del silencio de toda la oposición, la voz del PO volvió a sonar fuerte contra el reglamento de la camarilla. El miércoles pasado, presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Tucumán, reclamando la inconstitucionalidad del “reglamento” junto con una medida cautelar que suspenda inmediatamente la asamblea. El mismo día de nuestra presentación, Alperovich les aseguraba a los miembros de la Corte beneficios jubilatorios especiales… No se nos escapan, por lo tanto, los límites y el sometimiento del aparato judicial a la camarilla. Pero el amparo ha servido de punto de apoyo para una gran agitación. Nuestra iniciativa causó un gran revuelo en la Convención y en la opinión publica, fue tapa de algunos diarios y noticia central en otros. El convencional democristiano Páez, del ASI, decidió adherir a nuestro amparo. El jefe de la bancada del PJ nos acusó de “judicializar” la Constituyente y salió a defender la “soberanía” (sic) de la Convención.

 

Perspectiva de crisis

 

Cabe preguntarse: ¿cuál es el empeño de amañar la Convención cuando el oficialismo tiene treinta y seis convencionales sobre cuarenta? Hay dos motivos fuertes. El primero es que el oficialismo es una “federación de camarillas”, donde los síntomas de división se agudizan a cada hora. Hasta el jueves, había dos proyectos “reeleccionistas” en las filas del propio alperovichismo. El día viernes, el vicepresidente de la Legislatura y convencional por el grupo que responde al vicegobernador Jury presentó otro proyecto que prohíbe la reelección del gobernador, aunque no del vice y de los legisladores. Simultáneamente, estalló un amotinamiento policial y una crisis de transporte que tienen como telón de fondo esta lucha en el poder (ver recuadro). El reglamento proscriptivo es una tentativa por contener estos enfrentamientos.

 

Pero, simultáneamente, las restricciones están dirigidas a nuestra banca. Quieren evitar que denunciemos al régimen de camarillas y a sus raíces sociales. No quieren debatir en la tribuna de la Constituyente nuestros proyectos por el derecho al salario mínimo igual a la canasta familiar, a la educación estatal, laica y gratuita, al agua potable y a una red cloacal para todos los tucumanos. Saben que el PO planteará el monopolio estatal del juego y la renacionalización de la banca provincial, frente a un “clan” que ha hecho de la privatización de ambos un gran negociado. En fin: no quieren que la Asamblea Constituyente sea una tribuna de denuncia, de lucha y de organización para los trabajadores. No les vamos a dar el gusto. Hay una enorme expectativa y simpatía por cada uno de nuestros planteos, y lo percibimos en la calle. Desde nuestras bancas convocamos a los gremios, sindicatos y luchadores a organizarse y debatir con el Partido Obrero cómo llevamos adelante en conjunto proyectos a la asamblea y cómo luchamos por imponerlos efectivamente, ante un gobierno que sólo le preocupa cuántos años más puede quedarse en el poder.