El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se reunió con los sindicatos estatales para transmitirles la “compleja situación” que atraviesa la provincia de Buenos Aires ante el derrumbe de la recaudación tributaria, la recesión económica y el corte de las transferencias de los fondos nacionales ejecutado por parte de Milei y su plan “motosierra” de ajuste fiscal.

El desplome de la obra pública golpea en particular a la construcción, con la consabida ola de despidos y pérdida de fuentes de trabajo. López se refirió en particular a la caída de las ventas y del consumo producto del empobrecimiento general, a pesar de lo cual desalentó nuevos aumentos salariales a los trabajadores del Estado bonaerense porque “no hay plata”. La cantinela oficial se traslada a los trabajadores municipales, aún cuando en todos los municipios los intendentes subieron drásticamente el pago de las tasas comunales.

El “informe” del ministro de Kicillof tuvo como destinatario preciso a las burocracias sindicales que cierran filas con el gobierno, y le sirvió a éste para blanquear oficialmente que no sostendrán los aumentos mensuales “por encima de la inflación”. La prioridad -señaló- estará puesta en el pago de los salarios estatales y docentes, y en el medio aguinaldo de junio. Está claro que la reunión obró como una bajada de línea a las conducciones de ATE, UPCN, Salud Pública y a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, entre ellos Suteba, para que mantengan los pies dentro del plato y acompañen el ajuste salarial por inflación (licuadora).

El “sinceramiento” del ministro opera como un chantaje directo contra los trabajadores. Así, todo reclamo de aumento para resistir el embate inflacionario -que deja a la masa de estatales y docentes lejos del costo de la canasta básica- pondría en peligro el cobro de los sueldos. En concreto, López tanteó el congelamiento salarial que se viene.

Rápidas para acomodarse, las burocracias sindicales repiten el “no hay plata” de Kicillof y López para bombear toda acción o reclamo dirigido al gobierno provincial, calificándolo de funcional a Milei. La falta de independencia política frente al gobierno de Kicillof conduce a naturalizar cada ataque de la derecha que viabiliza el peronismo y a aceptarlo como un hecho consumado. El “Estado presente” se comporta como el Estado gendarme contra los salarios y las jubilaciones.

Paritaria estatal, ¡afuera!

Con la advertencia del ministro de Economía bonaerense se cae el verso de la paritaria corta y mensual como reaseguro del sostenimiento de los salarios frente a la estampida inflacionaria y la amenaza de una nueva devaluación. Todo indica que, posiblemente, el mes abril terminará pasando de largo sin convocatoria salarial, o con una oferta a la baja y de última hora. Es oportuno recordar que los aumentos de enero, febrero y marzo tomaron como referencia el salario de diciembre y sin el 10% del Fonid en los dos últimos meses.

Pablo López sentó a las direcciones sindicales a su vera para reforzar el colaboracionismo de las burocracias kicillofistas y cegetistas, que actúan como un bloqueo a todo reclamo o acción que se dirija contra el Estado patrón (el “gobierno amigo” de Axel Kicillof). El gobernador imposta el rechazo al ajuste salarial de Milei y acuerda con Moyano la homologación provincial de la paritaria de Camioneros (de resultado incierto), mientras desactiva las paritarias estatales y pone un techo salarial por debajo de la inflación.

Kicillof y López no se mueven en el vacío. Cuentan con la adaptación y parálisis de las burocracias sindicales, que sabotean sus propias convocatorias en la provincia de Buenos Aires. Esto vale para el Suteba de Roberto Baradel, que no le reclama al gobierno provincial el pago del 10% correspondiente al Fondo de Incentivo Docente; y también para la dirección de ATE, que anuncia “planes de lucha nacionales” que exceptúan a la provincia.

Como denunció la agrupación Tribuna Estatal del Astillero Río Santiago -integrante de la Coordinadora Sindical Clasista del PO- la conducción de ATE Ensenada justifica el carnereaje argumentando que “en el Astillero no hay despidos”. Una inconducta sindical que divide al movimiento estatal, separando a una fábrica con un gran tradición de lucha y referente de toda la región. Esta política divisionista y de desorganización se extiende a todos los ministerios y dependencias estatales.

El activismo debe intervenir para que se le ponga fecha a la paritaria provincial y monto al reclamo salarial (que no puede ser inferior a la canasta básica, hoy en 700.000 pesos). Es falso que los trabajadores bonaerenses hayan equiparado sus salarios al costo de vida con el gobierno de Kicillof. La pérdida del valor adquisitivo de los sueldos se arrastra desde la gobernación macrista de María Eugenia Vidal a la fecha. Para los docentes, el no pago del Fonid implica una reducción salarial nominal inédita. No se puede convalidar el recorte de sueldos, que es uno de los objetivos de los capitalistas, del FMI y el comité de ” acreedores” para abaratar el precio de la fuerza de trabajo y cumplir con el pago de la fraudulenta deuda externa nacional y provincial.

¿Que no hay ajuste en la provincia? Por estos días docentes de La Plata y otros distritos denunciaron la liquidación irregular de horas y cargos suplentes; de repetirse, estaríamos en presencia de un globo de ensayo para el desdoblamiento del pago de sueldos. En paralelo, el director de Escuelas, Alberto Sileoni, inició una “revisión” de 15.000 licencias docentes, en sintonía con la agitación “libertaria” contra los derechos conquistados y la presión por la esencialidad antihuelga. La “revisión” es el anticipo de una nueva avanzada contra el Estatuto del Docente (una reforma laboral en educación). Está por verse qué sucederá con los miles de docentes precarizados que trabajan en los programas Fines con contratos a término y sin derechos sindicales. Finalmente, la motosierra de Milei se afila con la precarización laboral dejada por el gobierno peronista.

Qué hacer en la provincia de Buenos Aires

Kicillof prioriza sus acuerdos con el PJ nacional -como integrante del quinteto que presidirá al peronismo después de la renuncia de Alberto Fernández- y el frente con los gobernadores, con vistas a las elecciones de 2025 y 2027. La “respuesta” al monumental tijeretazo de Milei no ha ido más allá de una judicialización parcial de las quitas, que en la provincia de Buenos Aires van de los 700 mil y 800 mil millones de pesos anuales.

En la volteada cayó el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, y los cuatro mil millones de pesos que debe recibir el Instituto de Previsión Social (IPS) como compensación a la caja provincial. La ” auditoría” que invocan Milei y Caputo como paso previo a la transferencia de estos recursos al IPS (mientras tildan las jubilaciones bonaerenses de ” privilegiadas” por estar enganchadas con los aumentos salariales) desfinancia al Instituto de Previsión para forzar su “armonización” con Anses, modificando a la baja el régimen jubilatorio y las jubilaciones.

No se ha escuchado a Axel Kicillof, a Pablo López, ni a Roberto Baradel responder a esta la campaña de provocaciones de la derecha, que agita un “déficit” de 200 millones para liquidar al IPS. El retraso en la regularización de las jubilaciones demoradas es el resultado de un sistemático vaciamiento, que compromete a Kicillof y a los gobiernos provinciales que lo antecedieron: usaron de de sus “excedentes” como una caja negra del Estado bonaerense, y deprimieron su recaudación mediante la caída de los salarios, la precariedad del empleo y contratos monotributistas.

Si el “gobernador amigo” repite con el IPS lo que está haciendo con el no pago del Fonid las jubilaciones bonaerenses serán el terreno para otro ajustazo sobre los trabajadores estatales, de la salud, docentes, judiciales y municipales. Enfrentar la motosierra criminal de Milei y su pandilla no exime de una lucha organizada por la defensa del salario y las jubilaciones que son responsabilidad de Kicillof.

El peronismo y las burocracias sindicales niegan que haya ajuste en la provincia mientras naturalizan que se vayan imponiendo estos ataques. El sometimiento de los gobernadores peronistas y de la oposición “amigable” al DNU y a la “ley bases” de Milei es el fruto de una negociación (colaboración) que pagarán los trabajadores con mayores ajustes, entre éstos el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos. En el peronismo y en el propio gobierno de Kicillof se especula con que una aprobación negociada del paquetazo permitiría la devolución de algunas quitas.

La gobernación debe informar qué pasó con los 2.000 millones de dólares de endeudamiento extra que votó la Legislatura con la Ley Fiscal, pactada con la mayoría de la derecha, y adónde van los fondos correspondientes a los salarios docentes que no se pagan. Después de haber apoyado el megaendeudamiento en nombre de que éste permitiría el pago íntegro y actualizado de los sueldos por inflación, las burocracias sindicales convalidan la poda y le hacen de comparsa a Pablo López.

Kicillof y López preparan el terreno para mandar las paritarias estatales al bombo: la desvalorización de lo sueldos es el camino elegido por los “nacionales y populares” para compensar el guadañazo de Milei. En lugar de enfrentar a la motosierra, el gobierno provincial colabora licuando los ingresos de los trabajadores cuando además se suman los gastos extras por copagos y medicamentos no cubiertos por la obra social provincial Ioma. Mientras la oligarquía agita la rebelión fiscal (no pago de impuestos) y las corporaciones médicas de la salud privada presionan con el lock out patronal para forzar mayores aumentos de las prestaciones, Kicillof contemporiza con los capitalistas. El “no hay plata” no vale para los explotadores y los especuladores de la deuda externa, que asfixian a la provincia de Buenos Aires.

Un programa en defensa de los trabajadores

Rechazamos el chantaje de la burocracia sindical, que asimila la lucha contra el ajuste de Kicillof como funcional a Milei. Es exactamente al revés de lo que pregonan interesadamente las conducciones sindicales, el peronismo y sus aliados de Unión por la Patria: si se dejan pasar estos ataques se desmoraliza a los trabajadores y se los deja inermes frente a la ofensiva antiobrera de Milei, Caputo y Bullrich. El “hay 2027”, que supone desensillar hasta que aclare, es una vía libre al ajuste brutal de Milei.

Kicillof, como hombre de Estado de la burguesía, ajusta por el hilo más delgado que son los trabajadores. Un programa en defensa de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto de la salud, la educación pública, de construcción de viviendas y urbanización popular y de aumento de los salarios y las jubilaciones exige desconocer la fraudulenta deuda externa -que Kicillof volvió a engrosar, mientras paga la que dejó de Vidal sin investigación alguna- y un impuesto extraordinario y progresivo a los grandes capitalistas del agro, la industria, la banca y los servicios que operan en la provincia de Buenos Aires.

La tarea de la hora es ayudar a que los trabajadores intervengan y enfrenten cada ataque, preparando las condiciones para una huelga general. Al servicio de esta política el Partido Obrero organiza sus asambleas abiertas y milita el encuentro nacional de trabajadores ocupados y desocupados, que tendrá un fuerte asiento en la provincia de Buenos Aires donde están radicados los mayores asentamientos precarios, el 60% de pobreza, los grandes contingentes de la clase obrera industrial y las concentraciones universitarias de La Plata y los municipios del Gran Buenos Aires. La independencia política no se proclama, sino que se ejerce promoviendo la respuesta de acción al ajuste de Kicillof.

Ningún recorte salarial ni despido. Promovamos asambleas en toda la provincia para luchar por un salario no inferior a los 700.000 pesos, y por paritarios con mandato. Más que nunca, la lucha contra los ajustadores capitalistas exige la unidad de los explotados y la recuperación de los sindicatos para impulsar la huelga general y la derrota de la motosierra de Milei.

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