24/08/2006 | 960

Engañan a los jubilados

La primera consecuencia del fallo de la Corte Suprema es que quedaron “en suspenso” más de 50.000 reclamos judiciales de los jubilados (Clarín, 20/8). En lugar de fallar a favor de los jubilados que ya tienen sentencias a favor en primera y segunda instancia, la Corte postergó su pronunciamiento y lo condiciona a lo que resuelvan el gobierno y el Poder Legislativo.


La segunda consecuencia es que el ajuste jubilatorio recién se aplicará a partir de 2007 y no se reconocerá la retroactividad “para atender la pérdida que tuvo un gran sector de jubilados por los períodos que no recibió aumento o fueron menores al costo de vida o al alza de los salarios” (Clarín, 17/8). En tercer lugar, la Corte ordenó que se elabore un nuevo índice de movilidad, desconociendo de este modo las leyes previsionales que ajustan las jubilaciones por el índice de salarios. Ese ajuste representa, entre diciembre de 2001 y junio de 2006, un 70,7% (Clarín, 20/8). El nuevo índice deberá tener en cuenta, según la Corte, la situación del país y el gasto público, exactamente los llamados “equilibrios macroeconómicos” que defiende el gobierno para seguir pagando la deuda usuraria y para seguir contrayendo nuevas deudas. Kirchner de inmediato calificó de excelente este fallo, porque, juzgó, “habla de racionalidad”, de “tiempos razonables” y “de atender a las posibilidades de evitar el déficit de las cuentas públicas”.


En cuarto lugar, para fundamentar este engendro reaccionario, la Corte aceptó la constitucionalidad de la ley de Solidaridad Previsional de Menem-Cavallo, que eliminó el ajuste automático de las jubilaciones por la variación de los sueldos.


Todo esto explica por qué no sólo Kirchner calificó de excelente el fallo de la Corte. Lo mismo opinó Domingo Cavallo, algo que habíamos preanunciado en Prensa Obrera (10/8). “Cavallo debe estar festejando esta reivindicación histórica y judicial”, escribimos, mientras, al día siguiente Clarín informaba que “Cavallo elogió a la Corte”.


El desconocimiento de la retroactividad representa una estafa que, según la consultora que fundó el propio Roberto Lavagna, significa 22.500 millones de pesos y otros 4.000 millones de pesos por cada año que continúe el saqueo.


De esta manera, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre 2002 y 2005 confiesa que los gobiernos de Duhalde y Kirchner le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados por más de 7.000 millones de dólares o 28 mil millones de pesos, hasta diciembre de 2006. Los propios ejecutores de ese desfalco han terminado por confesar de dónde salió la plata para pagarle en forma anticipada al FMI y de dónde sale la plata del superávit fiscal que se destina al pago de los intereses de la deuda.


Sin embargo, toda esta andanada de números tiene un nuevo objetivo reaccionario: mostrar que es imposible pagar la deuda con los jubilados, porque comprometería la fuente misma de la “estabilidad”.


¿Es así? ¿Hay o no recursos para pagar la deuda con los jubilados?


1) El superávit fiscal antes del pago de la deuda externa es de 23.000 millones de pesos. Bastaría con dejar de pagar esa deuda fraudulenta para cumplir con los jubilados.


2) Los recursos de la Seguridad Social fueron disminuídos en la “nefasta” década de los ‘90 a través de tres mecanismos: estímulo del Estado al trabajo en negro, reducción de las contribuciones patronales y creación del sistema privado de AFJP. Los fondos que antes iban a la Anses y ahora recaudan las AFJP suman 5.000 millones de pesos por año. Como resultado de la rebaja de las contribuciones patronales, la clase capitalista embolsa unos 9.000 millones de pesos anuales y otros 8.000 millones por el trabajo en negro.


3) Solamente con anular las medidas de Domingo Cavallo se podría cumplir con exceso, holgadamente, con la deuda y aumentar las jubilaciones.


EL PO plantea:


• Jubilación mínima de 1.000 pesos.


• Devolución integral de los 22.500 millones de pesos.


• Restablecimiento del 82% móvil.


• Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados, financiado exclusivamente con aportes patronales.

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