Durante los cuatro años de gobierno de Kirchner se fue instalando un aparato de represión para-estatal, formado principalmente por la burocracia sindical, pero no sólo por ella. Hemos visto cómo, en Neuquén, la Uocra atacó a docentes en huelga; cómo Apuba atacó estudiantes durante la lucha por la democratización de la UBA; barrabravas golpeando a trabajadores del Hospital Francés y a supuestos comerciantes expulsando a ambientalistas de la ruta en Colón (Entre Ríos). En los últimos días esto se ha repetido, de la mano del Somu del “Caballo” Suárez, en el ataque a los trabajadores del Casino. Esto no ha sido óbice para que la Gendarmería se haya instalado en Santa Cruz y en el Hospital Francés, ni para la creciente intervención de la Guardia de Infantería en desalojos y contra las ferias que se organizan en los parques por fuera de las mafias. En los últimos días hemos asistido a la represión abierta, y ante las cámaras de televisión, de los trabajadores del transporte por parte de la Infantería, y de la Prefectura contra los trabajadores del Casino.

De la mano de estos hechos crece la criminalización de las luchas obreras y la utilización de la Justicia como herramienta contra los trabajadores. Las patronales han comenzado una caza de delegados combativos, de la mano del gobierno nacional, como instancia previa (y necesaria) a un pacto social.

Se han iniciado procesos de desafuero contra delegados de distintos cuerpos de delegados combativos; tal el caso de Metrovías, pero no es el único.

Paralelamente, la Presidenta electa dice que hay que acelerar los juicios a los represores. Veremos desfilar por los medios a testigos y organismos en procesos limitados, paralelamente al crecimiento de los pedidos de desafuero y la represión a huelgas de toda índole. Debemos prepararnos.