Las declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán acaban de dar por muerta la cuarta edición del limitado Ingreso Familiar de Emergencia, lo hizo afirmando que “Hoy no es momento del IFE 4”. Con un crecimiento exponencial de la pobreza, la desocupación y la miseria, cabría en verdad preguntarse si no hay mejor momento para que este para pagar no solo el IFE, sino un verdadero ingreso mensual de $40.000, para enfrentar la crisis.

Es meritorio destacar que el anuncio proviene de la cartera de Economía y no del área de Desarrollo Social o de la Anses, lo que da cuenta de que la orientación del gobierno se encuentra estrechamente vinculada al recorte del gasto público y las negociaciones con el FMI y no tanto a las necesidades de la población trabajadora.

El ministro en cuestión ya habria admitido que se encontraba en campaña de reducir el déficit fiscal en lo que resta del año, como otra de las garantías ofrecidas al capital financiero para sellar el pacto de ajuste con el FMI.

Parafraseando al ministro de Economía de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, el gobierno responde con el bolsillo y no con el corazón.

Pobres no, empresarios si

Para justificar sus palabras, Guzmán manifestó que “hay que mantener ciertos equilibrios pero también proteger la actividad”. Si de equilibrios se trata el gobierno parece no manejarlos muy bien. Resulta que el IFE, que fuera anunciado como un ingreso mensual, solo se pagó en tres oportunidades durante los más de siete meses de cuarentena, con una erogación total de $257.901 millones. Otra cosa ha sido el pago de las Leliqs y Pases por más de $600.000 millones (proyectado a fin de año), destinado a la bicicleta financiera y a un negocio fabuloso para los especuladores. El gobierno no mide las necesidades con la misma vara.

Otra tapadera de Guzmán sería que el vacío generado por la eliminación del IFE vendría a ser ocupado por la asistencia social ya existente (AUH, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Progresar, etc.), lo cual también desnuda lo evidente: estamos ante una reducción del gasto total, de ahí que para el ministro “no sea momento”. Solo por mencionar los programas sociales, los montos de estos se encuentran estancados en $8.500 desde el macrismo, suma inferior a los $10.000 del IFE.

Guzmán admite todo esto, y más, cuando señala: “Caer en situaciones donde la deuda es impagable y que nos fuerza a tener que contener el gasto en las cosas que nos importan como salud y educación y en inversión pública, eso le hace mal al país y por eso buscamos involucrar al Congreso en esos asuntos”. Nuevamente, FMI mediante, le traspasan a los trabajadores la factura de la deuda y la crisis, agregando que la operación no será solo de la mano del gobierno sino en acuerdo con el Congreso; es decir, un gran acuerdo nacional de ajuste de todos los bloques y partidos políticos patronales. Mientras, el “aporte solidario” del oficialismo en el Congreso, para recaudar unos escasos 2.000 millones de dólares da marcha atrás, y el impuesto a las grandes fortunas presentado por el Frente de Izquierda, para recaudar 20 mil millones de dólares, es ninguneado por las fuerzas patronales.

Un régimen de ajustadores

La respuesta de Guzmán y del gobierno ante esto es que los trabajadores esperemos al 2021, cuando las previsiones del “creativo” presupuesto presentado establecen un objetivo de un crecimiento salarial de cuatro puntos, que aún si se cumpliera seguiría por detrás de la inflación estimada para dicho periodo. Estamos ante un régimen de ajustadores.

El IFE debe ser sostenido, regularizado mensualmente y ampliado a $30.000 para que las familias obreras que viven en la pobreza, y las cuales han sido arrojadas a esa situación durante la pandemia, puedan oponer una salida a su gravosa situación. Se trata de una tarea posible, que va de la mano de la defensa de los salarios y la movilidad jubilatoria, y que implica romper con el FMI y el pago de la deuda externa para dar curso a las necesidades del pueblo trabajador.

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