Este martes 30 se promulgó la Ley de Alquileres.

La norma había sido aprobada el 11 de junio en el Senado, tras casi siete meses de su media sanción en Diputados y luego de años de idas y vueltas sobre el tema (incluido un proyecto votado en 2016 por la Cámara Alta que luego caducó sin llegar a Diputados).

En ese plazo, la enorme crisis de vivienda que atraviesa el país no ha hecho más que agravarse, en el marco de una crisis económica imparable. Un relevamiento reciente de Inquilinos Agrupados, en base a una encuesta realizada a 3.000 inquilinos de todo el país, arrojó que el 68% cuenta con menos ingresos –o los perdió por completo- que en el período previo, y que el 50% de los encuestados no pudo pagar el alquiler de junio por este motivo. La devaluación del salario y los despidos presionan cada vez más contra el derecho a la vivienda, como muestran –entre otros fenómenos- las recientes tomas de terrenos de familias desesperadas, desde Salta hasta La Matanza y Neuquén, luego víctimas del desalojo policial. El desplazamiento a villas y zonas alejadas, así como la vuelta a los hogares familiares, siguen a la orden del día.

La ley aprobada extiende los contratos de alquiler de dos a tres años (pese a que en otros países estos llegan a extenderse a entre cinco y ocho) y determina que el alquiler no podrá ser aumentado arbitrariamente, sino de un índice que se establecerá mitad por la inflación de Indec y mitad por las modificaciones salariales medidas en el registro Ripte (uno de los retrocesos sobre planteos anteriores, que ponían al salario como único parámetro). Junto a ello, establece nuevas posibilidades de garantía; fija un límite al anticipo y depósito inicial; y marca que este deberá ser devuelto con un valor actualizado.

Se trata de un paliativo mínimo ante el escenario descripto y para los nueve millones de inquilinos que se contabilizan en el país. Así lo marcó la diputada Romina Del Pla en ocasión de la primera votación, en que el Partido Obrero-Frente de Izquierda votó a favor sin dejar de señalar que constituía “una aspirina para un cáncer”, y contraponiendo un programa integral para responder a la crisis de vivienda, afectando a los capitalistas y en beneficio de los inquilinos, de quienes carecen de hogar y de los trabajadores que posean una propiedad.

En la ley se impone un registro legal de alquileres, que debería servir al fin de blanquear las operaciones en negro que son moneda corriente en el rubro. Pero con ello “se acelerarán las posibilidades de desalojo”, como se apuró a señalar Ámbito (11/6) para calmar las quejas del capital inmobiliario.

Protestas o no, ya puede anticiparse que la norma no implicará mayores afectaciones al poder de presión de los especuladores inmobiliarios, a los que los gobiernos benefician sistemáticamente con la entrega de tierras públicas, las “puestas en valor” que encarecen el precio del suelo y los alquileres, y los negociados de todo tipo.

Sin ir más lejos, Ana Almirón, senadora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación General, reconoció en la sesión que aprobó la norma que pese a la vigencia del decreto presidencial 320/20, que debía congelar los alquileres y prohibir desalojos, “siguen habiendo abusos para nuestros inquilinos y siguen habiendo desalojos violentos”. Con ese antecedente, la efectividad de la nueva ley aparece severamente cuestionada. Y más si se atiende al derrotero de otro decreto reciente, el de “prohibición de despidos”.

Preocupada por dotarse de nuevos atractivos para la clase capitalista, en momentos en que la misma apuesta mayoritariamente por tramitar sus demandas a través del gobierno (desde el pago de la deuda hasta el festival de ATP), la oposición del macrismo y compañía se había retirado antes de votar el proyecto, pese a que ya le había dado su voto favorable en noviembre, celebrando el “consenso” con la fuerza presidencial por venir. Su argumento para retirarse fue que se negaban a tratar cualquier medida que no esté ligada directamente a la crisis del coronavirus. Lo hicieron, claro, luego de aprobar la Ley de Educación a Distancia, que atenta contra los derechos de la docencia y alimenta el negocio de las corporaciones del rubro.

En sintonía con su intervención en cada una de las luchas que abre la crisis de vivienda, el Partido Obrero continuará defendiendo un programa integral para resolverla. Este incluye un límite a los alquileres, que no pueden superar más de un 10% del salario; un plan de viviendas populares –y de consiguiente empleo para obreros de la construcción- bajo control de los trabajadores; la quita de los impuestos inmobiliarios a trabajadores con una propiedad; la imposición de un impuesto progresivo a las viviendas ociosas y su entrega en comodato a los jubilados; el cese de la entrega de terrenos públicos al capital inmobiliario.

Como parte de esta política, presentamos a principio de la cuarentena, dentro de un paquete de normas ante la crisis en curso, un proyecto que para un plazo de seis meses (prorrogable) prohíbe las ejecuciones hipotecarias y los desalojos; congela el valor y suspende el pago de alquileres y pensiones -con un resarcimiento estatal para dueños que sean trabajadores-; suspende el pago de créditos hipotecarios de vivienda única familiar, así como el valor de la cuota; y exime de impuestos a la vivienda única.

La salida a este cuadro desesperante vendrá de la mano de una pelea por una transformación integral de la sociedad, dirigida por los trabajadores.