Ya el encendido discurso del diputado Rossi en defensa de los superpoderes había cerrado con la promesa de que el gobierno revisaría su posición de cajonear el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, ni siquiera lo había presentado en la Legislatura. Pero el miércoles 26, Cristina Kirchner declaró que el proyecto sería girado al Congreso. El mismo día, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia realizó un anuncio que echaba toda la luz sobre la contramarcha: Telecom Italia debería vender el 50 por ciento de sus activos. Esta resolución oficial habilita el desembarco de otros grandes jugadores en la telefonía: Slim, Eurnekián y hasta Clarín. En otras palabras, vuelve la “madre de todas las batallas” entre pulpos capitalistas.

Este cuadro renovó los entusiasmos de quienes adherían a la ley del gobierno-telefónicas: Barrios de Pie, Carta Abierta, las direcciones burocráticas de sindicatos como Foetra (total, el trabajo polifuncional al que serán sometidos los telefónicos con el “triple play” los tiene tan sin cuidado como las actuales condiciones de sobreexplotación), todos presentes en la marcha del jueves pasado.

También circuló una declaración de apoyo, aunque crítico, por parte de periodistas y militantes de casi noventa medios comunitarios, populares y alternativos –entre otras organizaciones–, bajo la consigna de “Queremos la ley, con nosotros en ella”.

¿Y qué quiere el gobierno?

La declaración, promovida por la Red Nacional de Medios Alternativos, retoma las posiciones que sus miembros sostuvieron en los foros abiertos durante los meses de abril y mayo: reclama la derogación del decreto 527/05 –con el que Néstor Kirchner había extendido las licencias de los grupos mediáticos por diez años–, la reducción de licencias permitidas de diez a cuatro, asignación automática de licencia a todos aquellos medios comunitarios que ya están emitiendo, devolución de los equipos decomisados, reconocimiento de los medios comunitarios, populares y alternativos, asignación especifica del espectro, representantes en la Autoridad Federal, fondos específicos y exención de gravámenes.

Hasta donde se sabe, el proyecto oficial no contempla ninguna de éstas ni de las casi mil observaciones que, según había informado Gabriel Mariotto, habían sido debidamente registradas en todo el país para que se incorporaran al proyecto original.

Este ninguneo a las contribuciones comunitarias ya de por sí es revelador. Estos reclamos democráticos –como la asignación automática de licencia a quienes ya vienen desarrollando medios o la devolución de los equipos decomisados– se pueden resolver, ahora, ya, con apenas dos líneas de un decreto o hasta de una simple resolución del Comfer. El gobierno no lo resuelve para poder meter a los comunitarios en su ley. El gobierno siempre a todos adentro -especialmente a los compañeros y compañeras de los medios alternativos-, pero para que puedan entrar mejor, por la ventana, las telefónicas y los grupos capitalistas amigos. Ni el “famoso” 33 por ciento ni la cruzada contra Clarín deberían hacernos perder esto de vista.

Tenemos que rechazar esta ley. Luchemos por el derecho a la comunicación de los trabajadores y del pueblo.

Santiago Gándara