El gobierno anunció brutales tarifazos, de entre un 35 y 55 por ciento, que serán aplicados en los servicios públicos y el transporte en los primeros meses de 2019. 

Los aumentos del transporte no se reducen a la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, porque “el traslado del sistema de financiamiento” a las provincias implicará el pase automático de los aumentos a esos boletos locales. La “distorsión” de la que hablan los funcionarios (diferencia de costo de boleto entre AMBA y el interior del país) se iguala para arriba. 

Asistimos a un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores. El gobierno colocó en un 23% el “techo” salarial para 2019, cuando, a partir de los aumentos anunciados, la carestía el año que viene ascendería a no menos del 30%.

Un esquema agotado e inviable 

El tarifazo disparó también una nueva crisis de gabinete. La renuncia de Javier Iguacel es la confesión de las contradicciones insalvables de la política oficial. 

El ‘sendero de aumentos’ promulgado en 2016 es un sistema de tarifazo permanente, y ya había implicado subas de hasta el 800% en el gas y aún más en la electricidad. Pero con la devaluación, quedó corta hasta esta megaconfiscación. 

Al comienzo de su mandato, el macrismo estableció un esquema de dolarización de las tarifas. Su punto de partida fue el reconocimiento a las empresas productoras como Total, PAE e YPF, del valor del gas y del crudo en boca de pozo en la divisa norteamericana. Esas productoras le trasladaron ese costo a los siguientes eslabones de la cadena (distribuidores de gas, refinerías, etcétera) que lo descargaron entonces sobre los consumidores. 

Un esquema así es inviable, con más razón si tenemos presente que, lejos de haber concluido, el año entrante comienza augurando nuevas devaluaciones. Incrementos de esta naturaleza son impagables y sólo pueden generar mayor rechazo popular. Pero, aún con esos aumentos siderales, la ecuación no cierra, por lo cual, el gobierno fue apelando nuevamente a un aumento de los subsidios. 

La vuelta a una política de subsidios choca con el ajuste fiscal y los acuerdos con el FMI. Precisamente, una de las exigencias del Fondo para 2019 consiste en reducir los subsidios. Esto afecta no sólo a la población sino también a los grupos empresarios. Dujovne quiere reducir los subsidios que está pagando por el gas “nuevo” en Vaca Muerta. Si el gas se comercializa a un promedio de 4 dólares por millón de BTU, el Estado venía pagando una diferencia progresiva que llega hasta 7,50 dólares. El Presupuesto para este programa es de 712 millones de dólares. La principal beneficiaria es Tecpetrol, de Techint, secundada por un conjunto de compañías nacionales y extranjeras. El desacuerdo del secretario de Energía con esta poda del Ministerio de Hacienda terminó costándole la cabeza. 

Esta nueva deserción en el gabinete, que ya soportó varias crisis en 2018, habla del derrumbe político y económico del macrismo, que viene horadando su base de apoyo en la clase capitalista e incentiva las disputas a su interior. Estamos en presencia de un choque entre las petroleras y el FMI. Coinciden con el tarifazo, pero el Fondo quiere reservar la recaudación para el pago de la deuda extrema y no para subvencionar a las compañías energéticas. 

Esta nueva crisis ha puesto al rojo vivo el carácter parasitario y confiscatorio del sistema energético. Los valores actuales triplican a los que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento del precio del gas se multiplica y se traslada al costo de generación de electricidad y a su tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. El esquema vigente es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta.

Esto se potencia con el agravamiento de la crisis capitalista internacional. El precio internacional del petróleo viene cayendo en forma vertiginosa -anticipando una recesión de la economía mundial- pasando, en pocos meses, de 70 dólares a 48 el barril. Este hecho debería traducirse en una reducción del precio de las naftas locales. Eso no sólo no ha ocurrido, sino que se han multiplicado las presiones de las petroleras para que el Estado las compense con nuevas prebendas. Por lo pronto, quieren que el gobierno las libere de las retenciones a las exportaciones de petróleo y, por supuesto, defienden con uñas y dientes los subsidios -que ya se embolsan- y los precios vigentes en las estaciones de servicio. 

Derrotar la ofensiva 

El macrismo, que ha hipotecado el país, se sirve de ese hecho para redoblar la agresión a los trabajadores. Pero el tarifazo y la ofensiva en curso no resolverán la crisis de deuda, que se agrava, y la impasse de la política oficial. El riesgo país ha trepado por encima de los 800 puntos. 

El rechazo formal de la oposición a estas medidas no puede disimular su complicidad. Los 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires prepararían una presentación judicial de “oposición a los tarifazos” planteando que “no se realizaron las audiencias públicas previas que corresponden”. Medidas similares, sin embargo, ya fueron presentadas por intendentes en ocasiones anteriores y el resultado es conocido: las audiencias no son vinculantes, el gobierno las realiza y luego aplica los aumentos.

Nadie en las filas “opositoras” cuestiona este sistema confiscatorio, incluido el kirchnerismo. No olvidemos que el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17.

La burocracia de la CGT sigue el mismo camino. El reclamo que realizan ante este ataque se circunscribe al pedido de un aumento del sueldo mínimo. El tarifazo tampoco ha impedido que algunos gremios empiecen a renovar aumentos muy inferiores a la carestía que se avecina. Es lo que acaba de hacer UPCN en la provincia de Buenos Aires, Utedyc (entidades deportivas y civiles) y el Suterh encabezado por Víctor Santa María.

Pero los nuevos tarifazos tampoco han conmovido a los dirigentes sindicales, incluidos moyanistas y cristinistas, para “ revisar” la tregua y convocar a los trabajadores a la acción. Esto se extiende al triunvirato piquetero. La definición de Yasky, contraria a todo paro durante el año electoral, es expresiva del alcance del operativo de contención de todas las alas del peronismo, en este caso de su ala demagógica más radical, el kirchnerismo

Pero el gobierno no da tregua, y profundiza su ofensiva. Llamar a esperar hasta las elecciones de 2019 es una impostura, cuando el gobierno no espera para atacar las condiciones de vida de la población. El ministro de Industria, Dante Sica, acaba de reclamar la sanción de una reforma laboral cuando la Unión Industrial ha vuelto a la carga con ese planteo. 

A nadie se le puede escapar que si esta ofensiva pasa, será el mejor escenario para que el macrismo sobreviva e incluso pueda avanzar en sus ambiciones reeleccionistas. La “paz social” es también una condición para el armado de un recambio y una transición política “controlada”, en medio del proceso electoral, en caso de que el hundimiento del gobierno sea irreversible.

Está abierta una pelea contra los tarifazos, impagables, y también por aumento de salarios. En ambos casos se plantea la necesidad de superar el bloqueo que suponen las burocracias de todos los pelajes y la complicidad de la oposición patronal. Las reservas de lucha de la clase obrera se han constatado en todo 2018, que culminó con las luchas heroicas que libran los compañeros de Interpack y Siam. 

La nueva tanda de tarifazos ponen al rojo vivo la necesidad, en 2019, de derrotar el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores. Los ruidazos y cacerolazos están a la orden del día y contribuyen a este objetivo. 

Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos y las centrales obreras, para poner en pie de lucha al conjunto dela clase obrera y discutir un programa de salida a la actual crisis. Ese programa debe incluir la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios y el control obrero de la producción; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario e imponiendo la nacionalización integral de los recursos y el sistema energético. Es necesario que los trabajadores irrumpan en la crisis nacional y se transformen en una alternativa de poder.