No hay responsables, no hay acusados, no hay detenidos. Este es el estado de las “investigaciones”  a una semana de la muerte de seis vecinos de Avellaneda envenenados por gas cianhídrico despedido por las cañerías de su propia casa.

Desde el mismo momento del envenenamiento, los funcionarios oficiales de todo tipo y categoría, desde el intendente de Avellaneda hasta María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente, se dedicaron a “autoabsolverse” con el “argumento” de que “lo sucedido no se encuentra dentro de mi área de responsabilidad”. La movilización de los vecinos, que en varias oportunidades cortaron la avenida Mitre para protestar, ha desnudado la hipocresía oficialista. Fotocopias en mano, los vecinos mostraron la enorme cantidad de denuncias que habían presentado en el curso de los últimos meses a causa de los olores nauseabundos que emanaban de sus cañerías e inundaban toda la zona, y de las muertes “inexplicables” de varias de sus mascotas. Ninguna de esas denuncias, recordaron los vecinos, fue atendida por autoridad alguna.

Ni siquiera el escándalo creado por el envenenamiento masivo logró “movilizar” a los organismos del Estado supuestamente encargados del control de las redes cloacales y de los desperdicios tóxicos. Dos días después de la muerte de los seis vecinos fue necesario desalojar una clínica ubicada enfrente de la casa de los envenenados, como consecuencia de “nuevas emanaciones de gas” (La Nación, 30/9).

En lo que sí coincidieron María Julia y el intendente de Avellaneda fue en culpar del envenenamiento a “algún loco, algún asesino, que actúa ilegalmente”, es decir, sacarse de encima sus propias responsabilidades. Pero, una semana después, no hay detenidos ni acusados, a pesar de haberse comprobado la existencia de por lo menos dos depósitos clandestinos que, sin lugar a dudas, vertían cianuro en los desagües cloacales. Esto es así porque, según el juez, “no hay pruebas suficientes”.

Los capitalistas gozan de una impunidad absoluta para envenenar a la población. En su edición del 29 de setiembre, Clarín hace una reseña verdaderamente escalofriante: “Noviembre de 1990: veintitrés enfermos renales contagiados de sida por reutilización de filtros. Agosto de 1992: veintitrés muertos por la ingestión de propóleos contaminados; no hay detenidos. Febrero/Marzo de 1993: veintisiete muertos por la ingestión de vino adulterado. Abril de 1993: veinte enfermos renales contagiados de sida y veintinueve contagiados de hepatitis C por la reutilización de filtros. Setiembre de 1993: veintiseis muertos por vino adulterado”. A esto hay que agregarle el caso de los capitalistas que han convertido el río Reconquista en una cloaca, todos los cuales han sido absueltos “por falta de pruebas”.

Las “privatizaciones” han agravado la inseguridad de la población, esto porque los “privados” no invierten un peso en las empresas y sólo se dedican a esquilmar a los consumidores con las tarifas. La empresa Aguas Argentinas, que se ha quedado con las redes de Obras Sanitarias de Avellaneda, ha negado toda responsabilidad en el envenenamiento con el curioso “argumento” de que “nuestra tarea se limita al control de la red pública (y) la intoxicación se produjo en el interior de una vivienda particular”(Clarín, 29/9). ¿Pero por dónde, sino por la “red pública”, llegó el veneno a la casa de los envenenados? Para los “privatizadores”, los responsables son los muertos …

El de Aguas Argentinas no es el único caso. Hace poco más de un mes, “más de 40 manzanas estuvieron a punto de volar por los aires como consecuencia de una sobrepresión de gas … El 29 de agosto la red domiciliaria de Villa Celina recibió 500 veces más presión que la que deben recibir los artefactos del hogar, produciéndose incendios y explosiones. Lo que los usuarios de estos artefactos ignoran es que barrios enteros de Villa Celina pudieron haber volado por los aires provocando una masacre jamás vista en nuestro país” (La Nación, 9/9).

La “libertad de mercado” no es otra cosa que la libertad de los capitalistas de envenenar y matar impunemente a la población.