Con la designación de Aníbal Fernández al frente de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), el gobierno suma a otro de los elementos más polémicos y cuestionados del pasado político argentino.

Aníbal Fernández es uno de los responsables de la represión asesina que terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando ocupaba el cargo de secretario de la Presidencia de Eduardo Duhalde, aquel 26 de junio del 2002. Se suma al gobierno que integra otro de sus socios de aquella época, Felipe Solá, quien revestía el carácter de gobernador de la provincia de Buenos Aires durante los sucesos del Pueyrredón y que ahora ocupa el cargo de canciller.

La empresa en cuestión es uno de los puntos sensibles para este gobierno. La administración kirchnerista de YCRT encubrió un desvío de fondos de $ 176 millones que corroboró la Justicia federal y terminó con Julio De Vido preso en noviembre de 2017. Cabe señalar aquí también que la intervención macrista de Omar Zeidán impulsó despidos masivos que fueron enfrentados por los trabajadores.

Aníbal Fernandez se presenta como un hombre versátil, que supo ocupar distintos cargos bajo el gobierno del kirchnerismo. Fue jefe de Gabinete y ministro de Seguridad y Justicia del kirchnerismo. Desde este último cargo protagonizó un bochornoso escandalo cuando intentó responsabilizar al Partido Obrero del incendio de las formaciones de trenes luego del descarrilamiento en la estación de Castelar por el año 2008.

El PO de la cuenca carbonífera ha emitido una declaración en que plantea que “nada esperamos de semejante Interventor, todo depende de la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo de la cuenca”.