En una columna de opinión publicada en “Clarín” de este 9 de mayo, el jefe de gobierno de la Ciudad alude –aunque sin mencionarlo- al gravísimo episodio de la fiesta “Time Warp”,  que costó la vida de cinco jóvenes.  El título de la columna –“es el consumo, no la noche”- anticipa el enfoque:  son los jóvenes  y sus hábitos los responsables. En cambio, el entramado empresarial-estatal que cosechó millones a costa de vidas humanas resulta exonerado. 

El titular del ejecutivo porteño decide soslayar la responsabilidad que le atañe a él, para  internarse en cambio en la cuestión social, farmacológica o sanitaria del consumo de drogas, la cual –tomando sus palabras- nos golpea “en todos lados y a toda hora”.  Pero lo que nos importa aquí tiene hora y lugar: nos referimos a  la noche del 15 de abril de 2016 en Costa Salguero.  Allí,  el Estado –a través de sus órganos de control- permitió el ingreso de 20.500 jóvenes.  Luego, sus funcionarios concurrieron a la Legislatura a aseverar que sólo había 10.500. En esa noche,  la Prefectura reportó informes de normalidad, y sólo doce horas después –cuando el escándalo y las muertes se conjugaron- informó del hallazgo de estupefacientes.  El quíntuple crimen contra la juventud, por lo tanto, contó con “zona liberada”.

Los testimonios indican que se generó una escasez premeditada de agua, para desarrollar un filón lucrativo con su venta.  Nuevamente, y al informar a los legisladores,  los responsables de la Agencia Gubernamental de Control no dieron respuestas.

Los ejecutores de esta operación criminal, varios de los cuales están presos,  alquilaron el lugar a una concesión manifiestamente irregular: es que, de acuerdo al código urbano, Costa Salguero no admite otro uso que no sea el de un espacio verde público.  Ahora bien: ¿Cuánto pagaron los señores Conci y otros a Costa Salguero S.A.?  Los históricos concesionarios del lugar –protegidos por el gobierno porteño- ¿participaron de la renta extraordinaria que proveyó la fiesta mortal, y que –según nuestros cálculos- superó los dos millones de dólares?

Pocas semanas después, la Ciudad asistió a otro hecho que pudo costar vidas humanas.   El escenario –las tierras de Casa Amarilla en la Boca- es distinto. Pero el hilo conductor es el mismo:  la voracidad empresarial por tierras públicas,  protegida por el poder político.  En un caso,  en beneficio de la industria de la noche. En el otro,  de los zares del fútbol.

La Ciudad no asiste a una sucesión de hechos desgraciados,  sino a una crisis política. El copamiento empresarial de su espacio público –como orientación de Estado y de gobierno- se ha revelado incompatible con la vida y el desenvolvimiento social de trabajadores, jóvenes y vecinos. 

No son los jóvenes los que deben sentarse en el banquillo, es el Estado y sus responsables.  Por eso, reclamamos en la Legislatura la interpelación y el juicio de responsabilidades políticas al Jefe de Gobierno.