Con un simple decreto Alfonsín les ha robado a los trabajadores argentinos otra decena de miles de millones de australes, para continuar pagando la deuda externa y para seguir alimentando el parasitismo de los capitalistas que evaden impuestos, aportes jubilatorios y hasta capitales que envían al exterior.

Durante dos meses montó una carestía accionada por el Estado, para congelar ahora los salarios en su nivel histórico más bajo.

“El país hace su parte” le dice el documento del gobierno al FMI y a los banqueros. La miseria de los que trabajan es la nueva ofrenda que la democracia patronal deposita en el altar de los usureros.

¿Pero cómo es posible que el “debilitado”, “derrotado” y hasta “renunciado” Alfonsín haya podido dictar este plan de confiscación descomunal contra el pueblo y la nación? ¿De dónde saca sus fuerzas este gobierno en ruinas para arruinar tan alevosamente a los trabajadores?

Una ojeada al carnet de visitas de Alfonsín en Olivos, lo explica. Por allí deambularon los Alende, los Cafiero y los Ubaldini (también naturalmente los Alsogaray) para decirle al desnorteado presidente que cuenta con la “legitimidad constitucional” para aplicar el rodrigazo y para asegurarle que no propiciarán la ingobernabilidad contra el gobierno que ataca con esta saña al pueblo en beneficio de los explotadores de toda. laya.

Los “nacionales y populares” ni se han mosqueado cuando se les dijo que se entregarán el petróleo, las telecomunicaciones y hasta la autonomía económica. Alende, Cafiero y Ubaldini bancan el rodrigazo del gobierno moribundo.

¿Está dicha entonces la última palabra?

Así quizás lo piensen quienes no se hayan dado cuenta que en esta historia todavía falta el protagonista principal.

A partir de hoy, a lo largo y ancho del país, los trabajadores dirán lo suyo; mediante paros, movilizaciones y asambleas. El Partido Obrero propondrá en todos lados que se vote la huelga general por la anulación total de los aumentos de precios y tarifas, por la anulación total de los planes entreguistas, por un real salario mínimo de 1000 australes, por el inmediato desconocimiento de la deuda externa y la expropiación de la banca.