El tiroteo en Ezeiza, el pasado martes 20, para abortar el lanzamiento del paro de 36 horas que reclamaba el conjunto de los trabajadores, ha puesto rápidamente sobre el tapete, en el marco de las actuales luchas, la completa bancarrota del conjunto de las burocracias sindicales. El paro fue aplazado una vez más y ahora está condicionado a un congreso de la CGT previsto para el 5 de setiembre. El gobierno va logrando de este modo su objetivo de ganar tiempo para reagrupar sus fuerzas y para tratar de desgastar al movimiento obrero. Carente de autoridad política ante los trabajadores, la burocracia aplica a fondo la política de la descomposición y de la desmoralización.

Miedo al ascenso

Las razones que tiene la burocracia para actuar de esta manera no son ningún secreto. Luego del paro del 8 de agosto,  está perfectamente claro que el avance de la lucha popular tiene posibilidades extraordinarias de acabar con los planes capitalistas y con el gobierno de Menem. Los burócratas le temen a esta posibilidad tanto como el propio oficialismo. La movilización de 60.000 personas, el viernes pasado en Córdoba, es apenas un botón de muestra de la pujanza del movimiento popular. El ‘Cordobazo educativo’ ha hecho tambalear la ‘reforma’ menemista y planteado la posibilidad de ponerla ‘nocaut’ a nivel nacional. Que esto pueda llegar a ocurrir cuando Menem anuncia su intención de reducir las condiciones laborales en Argentina a las de Malasia, da una idea del colosal golpe político que significaría la derogación de la sola ‘reforma educativa’ para el conjunto del régimen menemista.

La directora de la consultora norteamericana Gallup acaba de calificar como ‘peligrosos’ los resultados de una reciente encuesta de opinión que recogía un 88% de rechazo al gobierno. Su conclusión es que estos datos convierten a la “queja”  en “protesta”.

MTA y CTA

No hace falta jugar a los detectives para descubrir la complicidad de todos los sectores de la burocracia con esta política de estrangulamiento de las luchas y de ahogo del ascenso popular. La bancarrota política alcanza a todas las fracciones de la burocracia. Luego de la criminal provocación de Ezeiza, ni el MTA ni el CTA tomaron la bandera del mantenimiento del paro de 36 horas, ni llamaron a un congreso obrero independiente de la burocracia cegetista para concretar ese paro. El MTA prometió, por el contrario, concurrir al congreso amañado de la burocracia cegetista para discutir un reparto de posiciones. Luego del tiroteo no se conoció ninguna campaña de agitación política de estas organizaciones por la huelga nacional de 36 horas. Lo que sí se conoce es que el Suteba y el CTA han firmado un acuerdo de adhesión al “plan de reconversión de las obras sociales” del Banco Mundial. Lo que sí se conoce también es que el CTA no quiere una huelga obrera sino un “paro comunitario”, o sea pactado con los capitalistas que supuestamente estarían afectados por el ‘modelo’.

Pero que sí se podía hacer otra cosa lo demuestra, aunque sea tibiamente, la decisión de las fracciones sindicales de Córdoba de llamar a una huelga provincial para el 12 y 13 de setiembre si la CGT no concreta el paro nacional para antes del 16 o 17. La complicidad política de todas las fracciones de la burocracia para ‘desactivar’ las luchas está a la vista de todo el mundo, y ello ratifica el carácter general de la bancarrota política de la dirección tradicional del movimiento obrero.

Todo el mundo sabe que la burocracia de la CGT está negociando el levantamiento del paro a cambio de un compromiso del gobierno de que no permitirá el ingreso de las pre-pagas en el ‘mercado’ de las obras sociales. Pero es precisamente a esta privatización de la salud a lo que lleva el “plan de reconversión” del Banco Mundial, aceptado por la burocracia, que encarece la atención médica de las obras sociales a los niveles de la ‘medicina privada’. Ni el MTA ni el CTA han denunciado esta política por la sencilla razón de que es la de ellos mismos. Por eso ninguna fracción de la burocracia reivindica la obra social solidaria (sin arancel) y el mantenimiento de los aportes patronales a las obras sociales.

Bancarrota

Pero, de un modo general, la bancarrota de la burocracia se manifiesta en su completa ausencia de programa o aun de reivindicaciones parciales y elementales. La paralización del país por parte de los trabajadores es una prueba de fuerza entre dos políticas, la capitalista y la obrera. Sin embargo, ninguna organización obrera oficial dice cuál es el programa que quiere imponer con la huelga, al punto de que se está incluso negociando la ley que deroga las asignaciones familiares. Ninguna fracción de la burocracia reclama la convocatoria de las paritarias, es decir, el derecho elemental del obrero a la negociación colectiva de las condiciones en que va a prestar su trabajo. No hay reclamo de aumento de los salarios, de la recuperación del sistema jubilatorio, ni del aumento a los jubilados, ni del seguro al desocupado, ni el restablecimiento de la responsabilidad civil de los patrones en los accidentes de trabajo.  Esta falta total de programa se produce cuando el gobierno anuncia a los cuatro vientos su intención de eliminar los convenios y hasta reemplazar la indemnización por despido a cargo de la patronal por un fondo de despidos bancado con aportes de los obreros.

Ningún sector de la burocracia sindical ha llamado a asamblea en los sindicatos, pero sí ha impedido el uso de la palabra a los delegados que la reclamaban en los congresos o plenarios. Esta conducta es un ejemplo elemental de que existe una política consciente de estrangular la iniciativa de los trabajadores y de mantener vaciados a los sindicatos. En medio de una crisis descomunal y de un impetuoso avance popular, la burocracia se encuentra empeñada en una feroz lucha de defensa de sus prerrogativas y prebendas contra la base obrera. Actuando de esta manera, reivindica su condición de baluarte del Estado capitalista.

La posibilidad de que el actual empuje popular pueda progresar profundamente y aun ser victorioso, exige tener una conciencia clara de esta situación, es decir, de la bancarrota total de toda la burocracia, de la inevitabilidad de su política de vaciamiento y desmoralización, de la imposibilidad de que profundice las luchas y las lleve a la victoria, y de la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero. Esta es la conclusión que debemos sacar del tiroteo de Ezeiza.

La magnitud del paro del 8 de agosto ha aumentado en la burocracia el recelo a la política de ‘ponerse al frente para contener’, porque su temor Nº 1 es el ‘peligro’ de verse ‘desbordada’.

Una política obrera

¿Cómo llevar adelante, en las condiciones que desarrolla la propia lucha actual, el objetivo de expulsar a la vieja dirección entregada e impotente y formar una nueva dirección obrera?

Es incuestionable que el primer aspecto es defender la realización del paro de 36 horas contra el paquete anti-salarial y el impuestazo, porque este paro se ha transformado, luego del 8, en el gran punto de coincidencia y de aglutinamiento de las masas a nivel nacional. Luego de la decisión de las organizaciones de Córdoba, es necesario reclamar una decisión similar de las centrales y los sindicatos regionales y provinciales, y que desde ya se pronuncien en los mismos términos y hagan campaña activa el CTA y el MTA.  La perspectiva votada por Córdoba abre grandes posibilidades a la realización de asambleas sindicales, asambleas populares, plenarios de delegados, campañas de pronunciamientos para efectivizar el paro el 12 y el 13.

La realización del paro de 36 horas se ha convertido en una consigna fundamental de lucha contra el nuevo plan fondomonetarista y, al mismo tiempo, en el verdadero eje de la lucha para golpear a la burocracia y poner a las organizaciones obreras al servicio de las bases.

El segundo aspecto de esta política es desarrollar algo que ya es característico de las actuales condiciones de lucha: la iniciativa desde abajo. Es lo que ha venido ocurriendo desde el santiagueñazo en adelante, con el agregado de que se ha ido materializando en nuevas organizaciones y en la revitalización de lo mejor de las ‘viejas’ organizaciones. Nos referimos a los movimientos de desocupados de varias provincias y del Gran Buenos Aires; en el desarrollo del movimiento de estudiantes secundarios; en los docentes autoconvocados, convertidos en puntal de la lucha contra la ‘reforma’; en la revitalización de las comisiones internas y cuerpos de delegados, como ha ocurrido con los choferes; en la aparición de coordinadoras de delegados y activistas, como en el Smata, metalúrgicos, en San Martín-Ciudadela, zona Norte; metalúrgicos de La Matanza; pescado de Mar del Plata.

La ‘pueblada’ cordobesa del viernes fue el resultado de una gran iniciativa desde abajo, a la que tuvieron que adaptarse incluso sectores reaccionarios como el clero. Esta ‘espontaneidad’ popular y el surgimiento de nuevos activistas y luchadores y nuevas organizaciones, que ya tiene un alcance nacional, pone objetivamente al conjunto del movimiento de las masas en un estado de asamblea. Por eso creemos que la consigna que resume bien este proceso político popular es “pongamos a todas las organizaciones obreras y populares en estado de asamblea” para imponer el paro de 36 horas, derrotar al gobierno y elegir una nueva dirección.

En el caso particular de los sindicatos significa reclamar asambleas generales y congresos con mandatos de asambleas de fábrica, para organizar la lucha y elegir a una nueva dirección.

El motor de toda esta iniciativa desde abajo son las reivindicaciones —el programa. El reclamo del seguro de 500 pesos ha impulsado al movimiento de desocupados en todo el país; la derogación de la ‘reforma’, a la pueblada de Córdoba —y a las que hubo en San Martin, 3 de Febrero, Rosario y Santa Fe; la oposición al ‘convenio Fiat’ de ‘flexibilización’, a las huelgas de choferes y a las grandes votaciones contra la burocracia en el Smata. Es necesario unir todas estas reivindicaciones con el reclamo del aumento de los salarios y de las jubilaciones, para reclamar la completa vigencia de las paritarias, con delegados elegidos en asamblea, para acabar con todas las medidas anti-obreras de la última década.

La consigna de paritarias es fundamental para cambiar todas las relaciones sociales y políticas perjudiciales para los trabajadores, que fueron impuestas fundamentalmente por el ‘plan Cavallo’. Esto permitirá que se plantee en forma concreta la cuestión de expulsar al imperialismo y poner fin al saqueo del país.

Con programa, organización y dirección política propias, las masas podrán plantearse en concreto la cuestión del poder abierta por la presente crisis.