En medio de la embestida contra las y los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba, el intendente, Martín Llaryora, habilitó el alquiler por $33 millones de pesos de un edificio de lujo en Nueva Córdoba, el barrio más caro de la ciudad. Si bien los titulares de los medios destacaron que este espacio sería destinado a trasladar el Registro Civil, para descomprimir la concentración de empleados, lo cierto es que esta dependencia ocupará los tres primeros pisos, mientras que los otros siete pisos están reservados para la planta política de la Secretaría General de la Municipalidad, las secretarías de Modernización y Participación Ciudadana y la Subsecretaría de Gobierno, entre otras.

El contrato de alquiler entre la Municipalidad y el Consorcio Huespe fue gestionado por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Miguel Siciliano. Y la contratación directa fue autorizada por el secretario de Economía, Guillermo Acosta, y avalada por la mayoría de Hacemos por Córdoba, en el Tribunal de Cuentas Municipal. Según detallan las autoridades, el alquiler por dos años del lujoso edificio Diplomat Office le costaría a la Municipalidad 32,9 millones de pesos.

Este precio exorbitante implica un alquiler mensual de 950 mil pesos, con una actualización semestral del 25%, lo que llevaría a un incremento total, al cabo de dos años, del 100% del alquiler. Los números contrastan con el promedio de mercado inmobiliario, donde el incremento anual oscila entre un 25% y 30%. Esto puede significar dos cosas, o el gobierno prevé una inflación del 100% para los próximos dos años, y de esta forma busca blindar a la inmobiliaria, o estamos ante una nueva situación de contratación con sobreprecio. De cualquier forma se trata de un despilfarro de millones de pesos de trabajadores y vecinos de la ciudad, que no irán a obras o servicios. Estamos sin lugar a dudas ante un enorme negociado en favor de los especuladores inmobiliarios.

La operación millonaria significa una erogación presupuestaria descomunal e injustificada, que choca de lleno con el “ahorro público” que estableció el Ejecutivo con la ordenanza de Emergencia Económica y Financiera (nº 12.991). La quiebra del municipio parece no contar cuando se trata de garantizar los lujos de un grupo de funcionarios. Así las cosas, el “ahorro” que buscan con el recorte salarial y la reducción de personal municipal terminarán por financiar los negociados de los especuladores inmobiliarios y las comodidades de la burocracia municipal.

El ahorro municipal ha sido el caballito de batalla con el cuál Llaryora arremetió contra las y los municipales imponiendo, primero, la reducción de jornada y con ello la rebaja salarial del 15% y, luego, la eliminación de horas extras y jornadas extendidas, la ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada, la eliminación de más de 500 chapas a inspectores municipales y finalmente un intento de avanzar en una reducción de la bonificación por zona y la eliminación de cargos de agentes en tareas pasivas en educación, solo frenada momentáneamente por la acción de las bases.

Con negociados como este resulta claro que el ataque a las y los municipales lejos está de responder a las necesidades postergadas de los vecinos de la ciudad. Llaryora avanza sobre conquistas históricas de trabajadores y trabajadoras apuntando contra su convenio, mientras llena la Municipalidad de trabajo precario y tercerización de servicios, con su consecuente degradación de los mismos. Sin embargo, los millones que se les saca a trabajadores y vecinos tienen como destino los bolsillos engrosados de empresarios amigos, y los de una casta de funcionarios que viven de las arcas del Estado. Sin ir más lejos, los recientes contratos que amplían la planta de funcionarios para reemplazar tareas de los trabajadores, son una muestra de ello.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos de plano esta nueva contratación. El Ejecutivo y sus funcionarios deberán rendir cuentas por el destino de los fondos del municipio, blanqueando las cuentas y abriendo los libros de las empresas tercerizadas que se han convertido en verdaderas cajas negras de los funcionarios de turno. En medio de una profunda crisis económica, sanitaria y social es imperioso que se invierta en salud y educación. Que los millones se destinen a la ampliación y el mantenimiento de las escuelas, hospitales y dispensarios; al equipamiento adecuado de escuelas y centros de salud para afrontar la pandemia; a la defensa del salario, y para preservar el convenio y los derechos conquistados de las y los trabajadores.