En el día de hoy se vivió uno de los intentos de sesiones más escandalosos del último tiempo. Se trata de la sesión preparatoria, donde se votan las autoridades de la Cámara, que iba a ser continuada por una sesión especial donde se tratarían diversos temas destacándose la creación de ocho universidades nacionales.

Finalmente, ninguna de las dos ocurrió. Es que más allá de los acuerdos estratégicos que se han visto en la Cámara a lo largo del año con las votaciones del presupuesto, del acuerdo con el FMI o los centenares de leyes a favor del capital, en esta oportunidad primó el enfrentamiento entre Juntos por el Cambio y el oficialismo acerca del Consejo de la Magistratura.

Luego de la situación mucho más famosa que ocurrió en el Senado en relación a la división del bloque oficialista y la impugnación de la oposición que pelea por el nombramiento de Luis Juez, en Diputados la cosa no es tan distinta. Luego de la primera impugnación de la oposición a la votación en el Senado, también se judicializó la elección en Diputados en este caso de la mano del bloque peronista.

En una primera instancia el juez no había dado lugar a la queja de Germán Martínez, pero seis meses después, cuando ya se habían elegido nuevos miembros de Diputados para el Consejo y mientras la situación en el Senado seguía judicializada, decidió desempolvar la vieja denuncia y, ahora sí, considerar que la elección había sido ilegal.

Esto generó una especie de caos entre los bloques de la cámara baja, dado que a pedido de la oposición la presidenta Cecilia Moreau apeló el fallo del juez. Sin embargo, al mismo tiempo que apelaba, Moreau dio por suspendida la elección que ahora estaba cuestionada.

Esto fue un punto de inflexión y la razón que explica las escandalosas situaciones que se vivieron hoy. Por primera vez en cuarenta años desde el fin de la dictadura, fracasó una sesión que debía elegir a las autoridades del congreso, lo cual habla de la magnitud de la crisis política y la decadencia de las instituciones en Argentina.

Al respecto de esta elección de autoridades, Romina Del Plá había hecho pública su negativa a otorgarle el quórum al oficialismo para sesionar. Finalmente, la totalidad de los diputados del FIT-U siguieron esa línea.

En segundo lugar, una vez que se había frustrado la primera sesión, se buscó continuar como si nada hubiese ocurrido frente a un Juntos por el Cambio que seguía rechazando todo tipo de funcionamiento. A diferencia de lo ocurrido más temprano, acá sí los diputados del FIT-U decidieron dar quorum, producto de que se trataban una cantidad de leyes progresivas como la creación de las universidades antes mencionadas.

Una vez alcanzado el quorum y abandonando cualquier temor al ridículo, los diputados opositores entraron al recinto en modo patota, impidiendo toda posibilidad de sesionar. Al griterío durante el primer informe se le sumaron los golpes a las bancas, aplausos y cánticos que derivaron en que hubiese decenas de diputados parados y enfrentados dando un espectáculo dantesco de millonarios acostumbrados a que los defiendan otros.

A pesar de esto la sesión no pudo continuar y debió ser levantada generando la segunda derrota en una misma jornada para un oficialismo que no da pie con bola y la segunda victoria consecutiva para una oposición que solo puede desarrollarse frente a un peronismo en pleno retroceso histórico. Un verdadero cambalache.

La ilegitimidad permanente y la condena a CFK

Más allá del resultado de esta jornada inédita en la Cámara de Diputados, es indudable que la crisis política es de una magnitud pocas veces vista en nuestra historia reciente. El grado de descomposición del régimen en su conjunto es enorme, mientras que los padecimientos de la clase trabajadora son cada vez más importantes.

Lo que la sociología intenta caracterizar como una crisis de representación es en realidad una crisis del régimen político y, de fondo, una pelea de poder entre poderes. Ya no se trata solo de una judicialización de la política, sino de la incapacidad de la burguesía de ordenar la crisis.

En este contexto es que se conocerá el próximo martes la probable condena a Cristina Fernandez de Kirchner por el juicio de vialidad. Un contexto en donde todos los poderes se encuentran cuestionados y donde la institución creada para gestionar la justicia desde la reforma constitucional del ’94 (el Consejo de la Magistratura) funciona con la mitad de sus miembros y el presidente de la Corte como presidente del Consejo. Una anomalía absoluta.

No faltaron entonces quienes consideraron la posibilidad de que haya sido la mano de CFK la que operó para que Cecilia Moreau, una política sin vuelo propio, decida la suspensión de la votación de los Diputados que deberían de componer el Consejo de la Magistratura. Ahora la condena se leerá en medio de una crisis institucional, con la justicia más desprestigiada de la historia reciente.

Tomando esta hipótesis o no, lo concreto es que hoy se sumó un nuevo capítulo a una crisis política en la cual los trabajadores debemos intervenir de manera directa y defendiendo nuestra independencia política. Es evidente que lo único que promueve el verdadero enfrentamiento entre los bloques es su pelea por el control de la justicia y la posibilidad de elegir jueces y fiscales.

Nos acercamos al cierre de un año legislativo muy peculiar en el que se pasó del rechazo al presupuesto 2022, se paralizó el congreso durante meses por la no constitución de las comisiones y se levantó la elección de las autoridades. En el medio se votó el acuerdo con el FMI, el presupuesto 2023 y muchas otras cosas en un clima de camaradería demostrando que lo que une a los bloques es el programa de subordinación al imperialismo y el ataque a las masas.

Los bloques del FIT-U y particularmente la banca del Partido Obrero demostraron a lo largo de todo este periodo el valor de una presencia obrera y socialista en el recinto. Una tribuna de denuncia contra todos los atropellos, contra la política patronal de los bloques y una elaboración permanente en defensa de la clase trabajadora.

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