¿Qué tiene que ver el centro-izquierda argentino con la detención y el encarcelamiento de un grupo de terroristas portugueses de extrema derecha en el sur de Francia?

Ocurre que el centro-izquierda vernáculo, e incluso el latinoamericano, gustan presentar a Felipe González, el presidente del gobierno del Reino de España, como el modelo de “estadista democrático y moderno". Y es precisamente el gobierno de este “demócrata" el que financió y organizó al “grupo portugués de asesinos a sueldo”, según la definición utilizada por el fiscal francés, que formaba parte del grupo terrorista GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una réplica ibérica de la “Triple A "cuyo objetivo es el asesinato de miembros de la ETA y de simpatizantes del movimiento independentistas vasco. Entre 1983 y 1987, las GAL fueron responsables por el asesinato de 26 militantes vascos, incluso de nacionalidad francesa, en más de cincuenta atentados, tanto en el País Vasco como en el sur de Francia.

La investigación comenzó en Francia con la detención de los pistoleros portugueses v se extendió luego a España donde puso en descubierto la llamada “política antiterrorista encubierta” del gobierno “socialista”. Las investigaciones demostraron que las GAL fueron organizadas por la policía española —cuyos miembros utilizaban nombres falsos— y financiadas por fondos secretos del Ministerio de Interior, dirigido por José Barrionuevo, ex-dirigente de la UGT (central sindical socialista) y hombre de confianza de Felipe González.

La investigación ha llevado al banquillo de los acusados a dos “superpolicías”, José Amedo y Michel Domínguez, quienes fueron reconocidos por los pistoleros portugueses como los “patrones" que los proveían de fondos y “objetivos". En el curso de la investigación, Amedo reconoció que viajó a Portugal —donde contrató a los pistoleros— con “conocimiento y autorización de sus superiores” (La República, 20/6) mientras que el ex-director general de la Policía Española admitió que “fondos secretos del Ministerio del Interior sufragaron el viaje del subcomisario Amedo a Portugal” (La República, 18/6). El propio Felipe González, quien debió declarar como testigo en la causa que se sustancia en Madrid, se negó a dar a conocer el destino de los "fondos reservados" del Ministerio del Interior amparándose en “razones de Estado” (La República, 15/6).

El proceso judicial ha desatado un escándalo político de grandes proporciones en Madrid porque implica directamente al gobierno “socialista" español en el terrorismo de Estado, algo que nuestros centroizquierdistas conciben sólo como propio de los regímenes uniformados.