La revelación de carpetas y carpetas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Mauricio Macri, por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, combinada con la investigación del juez Villena, que también investiga el espionaje, volvieron a poner de manifiesto una realidad archiconocida: la dependencia del Estado, y del poder político, del aparato conspirativo montado en la AFI (exSide), para operar ampliamente contra dirigentes políticos oficialistas y opositores, organizaciones sociales y de trabajadores, y periodistas, entre otros.

Las denuncias de Caamaño fueron presentadas frente al juez Martínez de Giorgi en la misma semana que, por su parte, el juez Villena llamó a Cristina Kirchner (y otros dirigentes) a notificarse de la información del expediente que la involucra como objetivo del espionaje. Las pruebas de Caamaño fueron aportadas, además, frente a la bicameral de inteligencia que preside Leopoldo Moreau. El objetivo es evidente: golpear al macrismo con las denuncias de espionaje, provocando un largo proceso donde será expuesto el método de funcionamiento de la AFI contra una amplísima gama de personalidades, incluso pertenecientes al gobierno macrista, como Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó o Nicolás Massot.

El golpe al macrismo busca horadar, además, las grietas que recorren a la oposición de derecha, que separan a Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Los últimos quedan en evidencia en la denuncia como promotores de una operación de espionaje contra un arco amplio de personalidades del propio Cambiemos. Rodríguez Larreta declaró tratando de separar a Macri de las denuncias de espionaje. El espionaje denunciado abarca a una cantidad muy amplia de dirigentes políticos y periodistas. Abarca también, como ha sido una constante, a dirigentes y organizaciones sociales y a la izquierda. Se afirma el intento de infiltrar el MST Teresa Vive y se han presentado informes de la actividad del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, en un plenario en el Hotel Bauen.

Pero la denuncia del gobierno tiene patas muy cortas. No solamente porque en sus cortos meses de mandato el gobierno de Fernández quedó expuesto varias veces por operativos de espionaje: la primera, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, declarando la realización de “ciberpatrullaje”, y la segunda, con la Gendarmería, realizando operativos de espionaje contra los mineros de Andacollo. La revelación de los alcances del “espionaje macrista” tampoco puede hacer olvidar el espionaje kirchnerista, con el Proyecto X a cargo de Gendarmería, la larga convivencia con Jaime Stiusso o la rehabilitación de César Milani para llevar adelante tareas de inteligencia desde el Ejército.

Lo fundamental es que el aparato de espionaje está enquistado a fondo en el aparato del Estado. Todas las investigaciones en curso, que involucran a la Side/AFI bajo los gobiernos de todos los signos políticos, han puesto de manifiesto los vínculos recurrentes del aparato de espionaje con todas las fuerzas de seguridad. Ni hablar de los juzgados federales e incluso la Corte Suprema, de la cual depende la oficina de escuchas. Los jueces federales se apoyan en forma permanente en el aparato de espionaje en forma “legal” y han sido, históricamente, un punto de apoyo para el espionaje “ilegal”. El entrelazamiento alcanza al Congreso de la Nación, cuya comisión de seguimiento parlamentario de la actividad de inteligencia ha sido históricamente un cero a la izquierda. Y, por supuesto, al Poder Ejecutivo, responsable máximo de la continuidad de la estructura del espionaje.

En relación con esta situación, las denuncias de espionaje blanquean la continuidad de la acción conspirativa de los servicios de inteligencia. Se presenta al espionaje “ilegal” como un exceso, materia de investigación judicial, incluso cuando es responsabilidad directa del poder político. Mientras la Justicia investiga y el Parlamento discute, la actividad de los servicios continúa. Se presentan denuncias judiciales o parlamentarias, pero ninguna medida política destinada a desmantelar esta estructura, cuya acción contra las libertades democráticas ha quedado expuesta una y mil veces. Su desmantelamiento está por fuera de las perspectivas del gobierno, incluso, sólo podría llevarse adelante en forma consecuente desmantelando gran parte del aparato del Estado, del cual la exSide es una pata fundamental. Choca con los límites del carácter de clase del Estado.

Como ocurre con la cuestión de la deuda, mientras el gobierno denuncia el “megaendeudamiento” macrista, rescata la deuda impagable, arreglando con los bonistas la continuidad del pago. Aquí, la denuncia de la AFI “macrista” está puesta al servicio de garantizar la continuidad de estos aparatos de conspiración.

Para la izquierda, que nuevamente aparece como una de las víctimas del espionaje, el cese de toda actividad de espionaje y el desmantelamiento de la AFI y de todo el aparato estatal que se apoya en ella, va de la mano de un programa integral contra la represión: el desmantelamiento de los aparatos represivos, el juicio y castigo de todos los responsables de la represión policial e institucional, la derogación de la ley antiterrorista y toda la legislación represiva, así como el levantamiento de las causas contra los luchadores populares.