07/07/2020 | 1600

Espionaje macrista: Néstor Pitrola se presenta como querellante

Por Rayu Alaniz Apel

Con el patrocinio de APeL, hemos presentado a Néstor Pitrola como querellante en la sonada causa de espionaje ilegal bajo el gobierno de Macri. La presentamos en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que investiga el espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia.

En el programa ADN Periodismo Federal que se emitió por C5N el 2 de julio, se muestran capturas de pantallas de los grupos de Whastapp, donde burdamente, los servicios de inteligencia, mencionan a Néstor Pitrola, intentando vincularlo con unos afiches que se pegaron contra Luis Majul y su familia.

Recordemos que Luis Majul, en 2018, realizó un programa denunciando que, por medio de afiches intentaban intimidarlo para “no poder ejercer la libertad de prensa”. Ahora, el programa ADN denuncia que la AFI fungió como productora del programa entregándole material al periodista. Lo cual ha desnudado una trama de acción político- mediática desde las usinas de los servicios de inteligencia. Algo que intuimos a diario como fuentes de numerosos programas, pero que ha saltado a la luz pública con pruebas contantes y sonantes en el marco de la causa.

La investigación demuestra que la gestión de Gustavo Arribas, amigo de Mauricio Macri desde la infancia, espió ilegalmente a dirigentes políticos del oficialismo y la oposición al mismo tiempo. Sindicalistas, periodistas y asociaciones civiles, entre ellas el Polo Obrero. Desde luego, los dirigentes del Polo Obrero preparan su propia presentación como querellantes. Versiones no confirmadas, por la restricción en el acceso al expediente, indican que habría habido varios agentes de la AFI destinados al seguimiento ilegal específico sobre el Partido Obrero, sin que sepamos su impredecible alcance.

La causa con figuras relevantes del poder kirchnerista espiadas, empezando por Cristina misma, se extiende hasta no menos relevantes figuras del macrismo como Santilli, Massot, Monzó y otros. De manera que entre los querellantes estaremos personas de todas las fuerzas políticas. El macrismo, indudablemente, usó los servicios de inteligencia como un arma de dominación política de su camarilla, ante la oposición peronista, ante sus propios aliados y, por supuesto, contra el movimiento popular, sean los sindicatos, las organizaciones piqueteras, de DD.HH., o los partidos de izquierda.

La lucha política desatada por el estallido de estas denuncias, realizadas desde el interior de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), por los nuevos administradores de los nefastos servicios de inteligencia, es definitivamente feroz. La detención del exsecretario de Macri, Darío Nieto y de Susana Martinengo, ambos habitantes de las oficinas de la Casa Rosada con relación estrecha con el expresidente, hizo temer que el propio Macri terminara involucrado, aunque el juez no lo citó ni imputó. Por otra parte no sería la primera vez, porque el empresario asumió como presidente procesado por los mismos motivos en la trama que incluyó al Fino Palacios.

En este escenario se ha producido un volantazo. Fue desplazado el juez Federico Villena, el juzgado natural iniciador de la causa. El magistrado fue apartado de la causa por falta de imparcialidad. Según la Cámara de Apelaciones, Villena “guarda estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” en otras dos causas, una de ellas, la iniciada por la AFI para hacer tareas de inteligencia ante la llegada del G-20. La segunda, es la que investigaba al “Rey de la efredina” Mario Segovia, donde Villena autorizó a poner cámaras de filmación y micrófonos en la cárcel de Ezeiza, que habrían sido aprovechadas para espiar a los funcionarios kircheristas y empresarios detenidos. Como se aprecia, la trama del Estado conspirativo abarca no solo a la política y los servicios, sino también a la Justicia.

El juez será ahora Pablo Auge, quien deberá continuar con la pesquisa que se inició en marzo donde se observa la telaraña de espionaje, como lo anunciara Prensa Obrera: por medio de las investigaciones judiciales se habilitaba la intervención de comunicaciones y dispositivos de un sinfín de personas. Con este recurso no solo se montó un negocio de espionaje a la carta, sino que también sirvió para justificar el espionaje a las organizaciones populares. Auge ha derivado la investigación al fiscal, un hecho curioso, porque actuaría, digamos, como juez de garantías.

La trama de negocios sucios y negros alrededor de los fondos reservados y la capacidad de extorsión de los servicios aparece, una vez más, ante los ojos de la población. No se trata de una grieta, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner estalló el caso del Proyecto X que operaba desde Gendarmería, bajo la batuta del hoy superministro bonaerense de Kicillof, Sergio Berni. Recordemos que el general de inteligencia César Milani, acusado y absuelto escandalosamente por causas de lesa humanidad, fue el jefe del Ejército investido por Cristina en su calidad de comandanta en jefa. Pero más cerca, mucho más cerca, los mineros de Andacollo fueron infiltrados y espiados por la Gendarmería en su gran lucha, ya con Alberto Fernández presidente y la “progre” Sabina Fedreric como ministra de Seguridad.

No hay grieta en el “Estado de inteligencia”, ni se trata de los “sótanos de la democracia”, como dijo Alberto Fernández. Estamos conociendo los fundamentos de un régimen político, el macrista, que sucedió a otro, el kirchnerista, ambos afectos al espionaje aun violando las propias disposiciones del régimen constitucional con el que se llenan la boca.

Sectores del macrismo han usado el asesinato de Fabián Gutiérrez como contragolpe político ante el golpe sufrido y las divisiones que le ha producido esta causa de espionaje. Apenas cabe decir que es un crimen a esclarecer contra un testigo arrepentido en la causa de los cuadernos. Pero que ya había hablado. Solo podemos decir que una olla de podredumbre de pronto le gana la plana a otra.

La lucha de bandos de los partidos capitalistas permite mostrar la verdadera naturaleza del Estado ante la población: corrupción, carpetazos, fondos reservados, persecución al movimiento popular, espionaje al servicio de la represión, extorsiones para garantizar impunidad, entre otras perlas. Al servicio de esa clarificación política y de la defensa de las libertades de expresión y de lucha estará nuestra presentación como querellantes. Tal vez haya que luchar para ser aceptados. Pero es parte integral de una lucha de fondo: la que damos por un gobierno de trabajadores que acabe con este régimen de explotación, espionaje, represión y corrupción.