Políticas
17/6/2025
Espionaje, razzias y detenciones arbitrarias: Bullrich y Milei amplían las facultades represivas de la Policía Federal
Podrán actuar a discreción y sin orden judicial para perseguir activistas y manifestantes.
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El gobierno nacional realizó reformas en la Policía Federal Argentina, con el objetivo de ampliar “discrecionalmente” sus facultades represivas, disponiendo el espionaje contra la población, el control e intervención de las manifestaciones y las detenciones y requisas antojadizas. Una reforma a imagen y semejanza de las necesidades represivas del gobierno contra la organización y lucha de los trabajadores, que intenta montar un virtual estado de sitio.
La medida fue oficializada este martes 17 en el Boletín Oficial, e implica la aprobación de un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina, con la supuesta intención de imitar algunos aspectos de la organización del FBI norteamericano, arrogándose mayores atribuciones y potestades para el Poder Ejecutivo y sus fuerzas de seguridad.
El principal gran cambio en esta dirección es la habilitación para que la PFA impulse sus propias investigaciones sin necesidad de requerimiento judicial e incluso a pedido del Ministerio de Seguridad, lo que amplía todos los márgenes de arbitrariedad, con un gobierno que se ha demostrado más que propenso al armado de causas truchas y operaciones judiciales y mediáticas, como al montada actualmente contra el Polo Obrero.
Este nuevo estatuto, además, amplía un conjunto de potestades represivas del Estado, incluso contrariando la normativa nacional y los derechos y garantías constitucionales de la población.
La Policía Federal es convocada a “colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad, de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad o, en su caso, de las demás autoridades competentes”, lo que busca ampliar la intervención de las fuerzas federales más allá de su jurisdicción originaria, a requerimiento de gobernadores e intendentes.
El estatuto prevé la posibilidad de “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, lo que implica una política de espionaje y persecución sobre activistas y manifestantes –sin nada que envidiarle al Proyecto X del kirchnerismo-, además de disponer a la Superintendencia de Operaciones Policiales para “fiscalizar” y supervisar directamente las manifestaciones.
El decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich habilita el espionaje ilegal a “discreción” del gobierno y sus fuerzas, violentando la Ley de Inteligencia Nacional, disponiendo que la PFA podrá “tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal...” sin necesidad de orden judicial.
Esto implica la tarea de recompilar información sobre lo que el gobierno y sus fuerzas denominan “fuentes abiertas”, que no es más que el ejercicio de la vida y privacidad de cada persona, tanto en su comportamiento diario como en sus redes sociales.
Entre otras facultades contra la población y los manifestantes, se amplían las facultades para la detención discrecional por “portación de cara” o a instancias del gobierno, ante la sola sospecha de las fuerzas, pudiendo registrar a las personas y sus vehículos, con el uso de la fuerza si así lo requieran. Esto vale tanto para la intimidación que realiza el gobierno nacional con la requisa de autos, camionetas, micros y transporte público previo a las marchas, como para el caso de detenciones arbitrarias en la calle, pudiendo demorar hasta 10 horas en comisaría a cualquier persona.
Estamos ante un recetario de medidas represivas y de espionaje contra la población trabajadora, al servicio de garantizar el ajuste y profundizar nuevos ataques contra los trabajadores. El gobierno que se proclama de la “libertad”, refuerza la represión y la opresión del Estado para hacer pasar su política antiobrera. Hay que derrotar a este gobierno y echar a Milei y sus colaboradores, para garantizar las libertades democráticas y las reivindicaciones obreras y populares.
