Con esta frase, el diputado salteño del Partido Obrero, Pablo López, resumió la orientación central del nuevo Código Procesal Penal, que volvió a colocarse en debate en la última sesión plenaria de la Cámara de Diputados, el miércoles 10 de junio, en torno a la ley de implementación y cinco leyes complementarias para adaptar el andamiaje jurídico actual a la reforma planteada. 

 

Si bien gran parte de la oposición, exceptuando a la centroizquierda que no fijó posición, denunció la ley de implementación y afines, lo hizo poniendo el eje en el procedimiento administrativo y en la preocupación por la creación de nuevos cargos judiciales manejados por los k. Pero tanto oficialismo y oposición reivindicaron las cuestiones de fondo y estratégicas que encierra este nuevo Código, como el “nuevo sistema acusatorio”que otorga la plena potestad de la investigación a los fiscales, que dependen del Ejecutivo, sacándole a los jueces, por ejemplo, la posibilidad de solicitar pistas de investigación y/o ampliar pruebas que puedan surgir del mismo proceso judicial. Esto lleva a que la orientación de la investigación esté a cargo sólo de un sector (los fiscales) ligado, en general, al gobierno de turno, lo que reforzará las arbitrariedades contra el pueblo y la impunidad estatal en sus responsabilidades penales o civiles, como por ejemplo la masacre de Once o en las causas de corrupción. Incluso los fiscales tendrían la prerrogativa de decidir qué delitos investigar, lo que en la jerga judicial se llama pasar de un sistema de “legalidad”, que obliga a investigar todos los delitos, a uno de “oportunidad”. 

 

Como denunciáramos en su momento desde el Partido Obrero y el Bloque del FIT, detrás de un régimen de “aceleración de la Justicia”, en verdad se esconde una reforma reaccionaria. “La aplicación de este sistema se encuentra ya en algunas provincias, bajo un régimen mixto, como por ejemplo en la provincia de Tucumán, donde el fiscal Albaca ha sido el vértice de todo un aparato de impunidad en el caso de Paulina Lebbos. O en el caso de Iván Torres en Chubut, al cual se le ha armado un prontuario al negarse a integrar una estructura delictiva creada por la policía. Allí en Chubut rige el sistema acusatorio que ustedes ahora proponen bajo argumentos progresistas y de agilidad judicial, lo que es falso.

 

Esta reforma, en definitiva, es un combo de aceleración de la Justicia que va a afectar a los sectores más vulnerables”, señaló López en el recinto como parte de su intervención. A la vez que denunció las leyes complementarias puestas en debate, como la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que en su artículo 8 plantea las investigaciones genéricas, es decir no sobre hechos concretos sino sobre hipótesis, lo cual implica un cheque en blanco contra las organizaciones populares en un país donde existela ley antiterrorista, que ya ha sido aplicada para amedrentar a los sectores populares que denuncian al poder. “Sobre la base de estas investigaciones genéricas se instala un mecanismo para avanzar en una persecución contra luchadores populares”, señaló el diputado del PO. 

 

Como parte de esta ley complementaria, en su artículo 40, se establece la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal pueda obtener recursos propios, que es un mecanismo que se ha instalado en muchos organismos estatales durante el proceso de privatización de nuestro país, lo cual habilita transferencia de recursos de organismos privados y de potencias extranjeras. También esta ley orgánica establece,en su artículo 37, la posibilidad de realizar actividades voluntarias con los estudiantes de las universidades, lo cual implica un régimen de precarización laboral. “Una precarización laboral que han enfrentado los trabajadores judiciales sobre todo los del Fuero Penal, en situación de contratados e interinos”, como señaló el diputado López en su intervención, destacando la masiva Audiencia Pública realizada junto al Bloque FIT-PO en el Congreso, en ese momento también con la presencia de Pitrola, la cual tuvo como eje el reclamo de pase a planta permanente de todos los contratados del poder judicial. 

 

El final de la intervención en el recinto, López la dedicó a destacar la lucha de los trabajadores judiciales por la defensa en la estabilidad laboral y el pase a planta de los precarizados y en ese sentido denunció al actual presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y mantiene una planta precarizada que lleva a los trabajadores a ser rehenes de la arbitrariedad de los jueces, obligándolos a realizar, por ejemplo, tareas por fuera de su horario sin ninguna retribución por ello.

 

Para finalizar López llamó al resto de los diputados a apoyar el proyecto resolución presentado por el Bloque FIT-PO, en donde se insta a la Corte a pasar a planta permanente a todos los trabajadores de la Justicia. Y señaló, que sólo en el caso de la ley de implementación “nuestro bloque se va a abstener porque luego de una intensa lucha, con nueve paros consecutivos, actos, movilizaciones, audiencias y demás, los trabajadores judiciales lograron modificaciones en esta ley que establece una garantía de sus puestos de trabajo que esperamos se cumplan”.