Con el dólar por debajo de los 3 pesos durante dos semanas, el gobierno peronista-radical-frepasista cree haber comenzado a transitar un rumbo de estabilidad. Incluso el editorialista del domingo de Clarín le da crédito a esta convicción: “Nunca en sus noventa días de gobierno Eduardo Duhalde sintió más distante que en la última semana la posibilidad de un final abrupto” (7/4).

En un análisis hecho al cumplirse 45 días de gestión, caracterizamos que “la experiencia de Duhalde y del gobierno peronio-radicheta-frepasoide ha ingresado en el ‘default’ político” (Altamira, PO Nº 742, 21/2). ¿Habría razones para variar este análisis?

Quiebra bancaria

Quince días atrás, frente a un “golpe de mercado” que llevó el d ólar a cuatro pesos, el gobierno prometió cumplir a rajatabla la agenda fijada por el FMI: derogación de la Ley de Subversión Económica, para terminar con la “persecución” judicial a los banqueros; modificación integral de la Ley de Quiebras, para que los acreedores puedan tener manos libres en un proceso de liquidación empresaria; reducción drástica del déficit fiscal de las provincias (lo que entrañaría, según el propio Fondo, 350.000 despidos); vaciamiento y privatización de la salud pública, “reestructuración” de la banca. El sometimiento del gobierno a este ultimátum, el pacto con los exportadores (a los que el gobierno les pagó en dólares lo que les adeudaba en concepto de devolución del IVA y otros reintegros e hicieron la diferencia con el “golpe de mercado”), y la parálisis del mercado de cambios por la falta de circulante, crearon la ilusión de una estabilización.

Detrás de este escenario, la realidad.

A 90 días de gobierno peronista, la desorganización económica es mayor que nunca. Duhalde ha sido absolutamente incapaz de superar el proceso de disolución de la economía capitalista, que se expresa en los continuos cierres de empresas, los despidos masivos, la incapacidad para levantar el corralito, los sucesivos “defaults”, la bancarrota fiscal y la inminente quiebra de los bancos.

Según la confesión de un directivo del BCRA, “se nos dijo que habría una acordada de la Corte o un decreto (contra el retiro de depósitos)… Pero hasta aquí no pasó nada y cada vez son más los bancos que nos vienen a pedir redescuentos para poder pagar los amparos. Como esos redescuentos se otorgan a una tasa de interés más elevada, si no hacemos algo al respecto estaremos poniendo en riesgo la continuidad de muchos bancos” (La Nación, 8/4).

Pero el Banco Central no es neutral en este proceso. Ahora se sabe que el FMI fue el autor directo de la resolución, que facultaría a los bancos a devolver los depósitos a partir de enero de 2003; una decisión que, según Ambito Financiero, estaba respaldada, entre otros, por “grandes bancos norteamericanos que recuperarían posiciones frente al fuerte avance de la banca española en la Argentina” (8/4).

La disposición que permite usar dinero del corralito para la compra de bienes “camina” en la misma dirección porque lleva a un retiro de depósitos de los bancos más débiles y su traslado a bancos más sólidos.

La quiebra de los bancos está mucho más cerca en el tiempo y está “fogoneada” desde el propio FMI y “su gente” en el BCRA. Según el informante de Standard & Poor’s, “el capital sumado de los bancos de 16.500 millones de dólares sin duda ha sido más que liquidado” (The Economist, 30/3), por la enorme cartera de créditos incobrables y la masa de títulos públicos desvalorizados. El reclamo del Fondo de una Ley de Quiebras expeditiva apunta a asegurar una rápida transferencia patrimonial de empresas en estado de quiebra y, en el caso de los bancos, supone apropiarse de lo que queda de sus mejores créditos. La reestructuración de una economía capitalista en derrumbe debe pasar inevitablemente por un proceso de expropiaciones en cuya base se encuentran los trabajadores, pero incluye a la propia clase capitalista, que dirime quien sobrevive o no.

Para The Economist (ídem), “las cosas están tan mal que pueden imaginarse escenarios extremos. Duhalde podría nacionalizar la banca”. El propósito de una medida de esta naturaleza, ejecutada por un gobierno rabiosamente capitalista, sería descargar la quiebra de la banca sobre las espaldas de los trabajadores, los pequeños ahorristas y la población laboriosa. Sería un salvataje extremo del capital financiero. Por eso, el semanario de los banqueros británicos reconoce que esa nacionalización “le daría a los bancos una salida relativamente honorable”.

Hiperinflación

El derrumbe de la recaudación impositiva por la depresión económica no se mide sólo en los números. La DGI acepta el pago de impuestos en títulos de la deuda externa (80% del valor que les reconoce el Estado) y en todos los bonos “basura” que circulan en el país, por lo que el déficit de las cuentas públicas es mucho más gigantesco de lo que se reconoce.

Pero, acaso, ¿Duhalde no prometió festejar la reactivación el 9 de julio, lo que permitiría un vuelco en el conjunto de ingresos del Estado? Al día de hoy, para los hombres de negocios más fuertes del país existe “una imposibilidad de establecer un piso a la depresión económica, que ya afecta la propia solidez patrimonial de los grupos empresarios”. Para el viceministro de Economía (Jorge Todesca), “no tenemos que engañarnos. Los primeros síntomas (de reactivación) recién se podrían percibir el año próximo” (Clarín, 5/4).

En este cuadro, un déficit fiscal abismal sólo podría financiarse con una emisión monetaria descontrolada, lo que coloca al país en las puertas de la hiperinflación. Esto luego de haber volcado las finanzas del Estado al sostenimiento del sistema bancario quebrado, que se ha llevado 11.000 millones de pesos del Central a cambio de títulos desvalorizados de deuda aceptados a su valor original.

La crisis es aún más profunda porque los reclamos de los pulpos no se han agotado con la devaluación y la licuación de las deudas. En nombre de la defensa de los “grupos nacionales”, Oscar Vicente (Pérez Companc), representando un bloque de más de la mitad de los empresarios nativos, pidió que el gobierno participe de la negociación de los privados con sus acreedores externos, porque “queremos que el Estado esté presente en el problema de la deuda privada” (Clarín, 15/3). En pocas palabras, piden que el Estado se haga cargo de otro “muerto” de 60.000 millones de dólares.

Guerra social

La inflación de marzo, según el informe oficial, dejó un arrastre del 3%, con lo que la inflación “reconocida” llega al 7 u 8%. Pero el costo de la canasta familiar de productos alimenticios básicos ha crecido un 88,27% de diciembre a marzo. En la misma proporción cayeron los salarios. La oleada de aumentos toca ahora a la TV por cable, los teléfonos celulares y las prepagas, por lo que la clase media, hipotecada y “acorralada”, volverá a ser golpeada. El índice de precios mayoristas creció un 30%, lo que revela que la diferencia está siendo absorbida por el pequeño comerciante, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir.

Ya no se trata sólo del desabastecimiento de medicamentos; el gobierno ha decidido ahora reducir ferozmente la prestación médica de las obras sociales y las prepagas. Con la disparada de los combustibles se generaliza el proceso de inflación y desabastecimiento.

“Plan social”

El programa para jefes de hogar desocupados es una ignominia no sólo por su monto o porque está concebido para proporcionar mano de obra a 50 dólares al mes para las empresas, fijando de hecho un nuevo salario mínimo. En nombre de un seguro que se plantea pagar en junio, porque todo el tiempo previo estará dedicado al empadronamiento, se están dejando de pagar los planes de empleo existentes y ya se anuncia (Neuquén) el retiro de los bolsones alimentarios para dar paso a una política social “única”.

El apoyo a esta iniquidad (y a las federaciones de punteros, empresarios, burócratas y hombres del clero llamadas consejos consultivos, encargados de administrarla) por las CGT, la CCC y la FTV (CTA) ilustra la política de tregua de la burocracia sindical. Pero el “programa” nace en crisis por la inflación en ascenso, el salto inmenso de la desocupación en los últimos 90 días y el abandono literal de los planes sociales existentes (los comedores escolares, a 0,60 peso por ración, están siendo retaceados).

Fuera Duhalde y el FMI

La demolición política del gobierno Duhalde responde a este enorme proceso de desintegración económica (Reutemann ha retirado “sus” hombres del gobierno; se anuncia el relevo de todo un flanco del gabinete). El problema que el FMI exige resolver es la instauración de un gobierno “fuerte” capaz de arbitrar entre las diversas fracciones de la burguesía y, sobre todo, disipar el estado de rebelión social que recorre el país, a pesar de la política de sostenimiento del gobierno de las direcciones embarcadas en la tregua. El FMI exige un golpe de Estado para “reconstruir el orden”. Es en este cuadro que deben entenderse las declaraciones de miembros del generalato, anunciando la intervención de las FFAA frente a situaciones de “conmoción interior”.

“En relación directa con este golpe, se está armando concientemente una hiperinflación, que le dé fuerza de necesidad al golpe de Estado”, planteamos en la declaración del PO (14/3), en la que recordamos el “método” que preparó el golpe militar del ’76 y el ascenso de Menem. La desorganización económica no es sólo el desenvolvimiento agudo de la crisis capitalista. Es un recurso para inmovilizar a las masas frente a la enormidad de la catástrofe. Por la misma razón, para no quedar en retraso frente a la crisis en curso, es necesaria más que nunca una consigna de conjunto, un eje político unificador del pueblo.

A esto responde el planteo de echar a Duhalde y al conjunto del régimen saqueador y que una Asamblea Constituyente se haga cargo del poder en todos los órdenes. A esto responde el planteo de nacionalizar sin pago la banca, de no pagar la deuda externa, de imponer la expropiación de los pulpos exportadores y el monopolio del comercio exterior bajo el control de los trabajadores (frente al intento desembozado de los pulpos cerealeros de descargar las retenciones sobre el pequeño productor, hundido además por el peso de los insumos dolarizados).

El 1º de Mayo, todos a Plaza de Mayo

El período que se abre verá irrumpir al movimiento de lucha de los trabajadores llevado por el reclamo del aumento de emergencia y el salario mínimo (como lo están haciendo los municipales de Córdoba y lo arrancaron antes los municipales de San Lorenzo).

La huelga docente de Río Negro se mantiene firme en su tercera semana. Las patronales del transporte automotor han anunciado la suspensión del 10% del personal. Los ferroviarios vienen de concretar un paro masivo. Está en marcha un proceso de recuperación de sindicatos que ya cosechó el Soip de Mar del Plata, el sindicato ceramista de Neuquén, Brukman, y ahora se extiende en la Uocra, con organizaciones que enfrentan a la burocracia en Neuquén, Quilmes y Jujuy. El Bloque Piquetero Nacional viene de realizar una masiva marcha a La Plata y prepara una movilización nacional el 11 de abril como parte de su plan de lucha.

Reunamos todas las fuerzas del movimiento obrero ocupado y desocupado, de las Asambleas Populares, de las organizaciones piqueteras, de los partidos de izquierda en una movilización, aún más vigorosa que la del 24 de marzo, el próximo 1º de Mayo en Plaza de Mayo. Llamamos a sumarse a la convocatoria realizada por el Bloque Piquetero Nacional y convertir el Día Internacional de los Trabajadores en la oportunidad de una gigantesca movilización política contra Duhalde y el FMI, para “que se vayan todos”, por una Asamblea Constituyente.