Como era previsible, los editorialistas de La Nación declararon su apoyo al fallo de la Corte Suprema que otorga el beneficio del 2×1 a criminales detenidos por delitos de lesa humanidad. El texto publicado el martes 9 continúa la tradicional línea reaccionaria del diario de los Mitre que demanda una amnistía para los militares y sus cómplices presos y apoya, de esta manera, este nuevo “punto final”. El editorial aprovecha, además, para tratar de confundir acerca del carácter de los delitos de lesa humanidad, plantear una impostura igualitarista y se despacha contra el pedido del Partido Obrero-Frente de Izquierda de iniciar un juicio político a los jueces que fallaron a favor de la aberración antijurídica que significa aplicar el 2×1 a los genocidas.

 

El pedido de juicio político realizado por el bloque integrado por los diputados Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López –calificado como “absurdo” por La Nación– plantea la investigación por un posible “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, es decir de “prevaricato” –que indica el delito producido cuando un juez dicta una resolución arbitraria en un asunto a sabiendas de que dicha resolución es injusta– en directa relación con los intereses del gobierno por restablecer el rol represivo de las Fuerzas Armadas para enfrentar una eventual conmoción social producto de la marcha del ajuste. El prevaricato explica un fallo a contramano no sólo de la jurisprudencia internacional (al aplicar la ley del 2×1, derogada, a criminales de lesa humanidad) sino fundamentalmente contra el rechazo popular a la impunidad de los genocidas. El juicio político les cabe a Rosenkratz, Rosatti y Highton de Nolasco –esta última cambió su votó en relación a un precedente similar del año 2011–, por un fallo jurídico aberrante, redactado de acuerdo al mandato del poder político. A esta altura, es inocultable la pretensión del gobierno de rehabilitar políticamente a las fuerzas armadas –como también lo intentó el kirchnerismo en el pasado reciente, mediante la sanción de las leyes antiterroristas, los operativos en la "lucha contra el narcotráfico" y la designación de Milani. 

 

En un párrafo desopilante por, esta vez sí, absurdo, se afirma: “Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva”. El editorialista confunde (más bien, finge confundir) los tantos jurídicos, ya que los delitos de lesa humanidad son tales porque son producidos por el terrorismo de Estado. La arbitrariedad de la afirmación demuestra qué límites está dispuesto La Nación a atravesar para promover un ejercicio de desinformación abyecto.

 

Finalmente, el editorial afirma que la aceptación del fallo de la Corte –montado sobre la base de una ley extinta, aplicado a delitos de lesa humanidad y sospechado de prevaricato– es un requisito imprescindible para sostener la existencia del ´Estado de Derecho´. Tal el nombre del reaccionario y fallido editorial de La Nación, agente del "Estado de impunidad".