El nuevo paquete de rescate pandémico, que acaba de aprobar el Congreso, es un adelanto de cuál es la política que va a tener el gobierno de Joe Biden. El paquete contó con el guiño del presidente entrante y el apoyo de la bancada demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Por más que se ha pretendido maquillar el proyecto, lo cierto es que está lejos de satisfacer las necesidades apremiantes de la población, en momentos en que los contagios y muertes por Covid-19 se encuentran en sus niveles más elevados y siguen creciendo; hay 11 millones de desocupados nuevos desde que comenzó la pandemia, millones de familias han visto reducir sensiblemente sus ingresos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión, y se encuentran agobiadas por las deudas y la amenaza de desalojos.

El proyecto de ley de alivio aprobado otorga un pago por única vez de 600 dólares a los adultos que ganaron menos de 75.000 en 2019, junto con cheques por cada hijo. Importa señalar que esto es la mitad de los 1.200 dólares incluidos en la ley Cares, aprobada en marzo y cuyo pago se extendió por varios meses. Luego de casi cinco meses sin beneficios, los desocupados de más largo aliento recibirán 300 dólares por semana, lo que se limitará a once semanas, expirando a mediados de marzo. Una suma miserable.

La nueva ley prorrogó por apenas un mes la suspensión de desalojos que había sido aprobada a comienzos de año, lo cual coloca a millones de familias en una situación dramática. Los desalojos comenzarían en febrero en lugar de enero. Casi seis millones de estadounidenses tienen previsto ser desalojados o sufrir ejecuciones hipotecarias en los próximos meses.

La nueva ley contempla 25 mil millones de dólares en subsidios para al pago de alquileres, una suma superexigua si la comparamos con aproximadamente 12 millones de inquilinos que acumulan una deuda promedio de casi 6.000 dólares por atrasos en alquileres y servicios públicos, que totalizan, según estimaciones, unos 70 mil millones. No hay previsto ninguna condonación de alquileres atrasados ni siquiera por los servicios o impuestos. El subsidio de 600 dólares ni siquiera cubre el alquiler promedio mensual, estimado en 1.000 dólares que, por otra parte, los hogares tienen destinado para subsistir y comprar alimentos y productos de primera necesidad.

El carácter de la asistencia a la población trabajadora contrasta con el multimillonario rescate estatal a la clase capitalista. Tanto el Tesoro como la Reserva Federal han destinado sumas sin precedentes en auxilio y respaldo de la banca y de las empresas, empezando por la grandes corporaciones. Un cálculo incluso conservador nos permite hablar de 7 billones de dólares destinados en esta dirección, lo cual habla del abismo con la ayuda asignada a sectores más vulnerables y necesitados. Ha pasado relativamente desapercibido en los medios que el gasto aprobado por el Congreso; en realidad, alcanza a 1,4 billones, por encima de los 900.000 millones que se presenta como monto del paquete y que, por supuesto, es una fuente para nuevos subsidios al capital. En los 900.000 millones, por otra parte, hay partidas que no tienen que ver con la ayuda a los sectores de menores recursos. La legislación de “rescate” asigna fondos en beneficio de los empresarios, comprendiendo 284 mil millones de dólares en préstamos para el mal llamado “Programa de Protección de Salarios” (una caja negra para las corporaciones maquilladas como pequeñas empresas), 20 mil millones en entregas de emergencia para empresas, 15 mil millones para las aerolíneas y otro tanto para las cadenas de cines.

Viene al caso señalar que la nueva ley suprime la ayuda a las ciudades y estados con problemas financieros que sí contemplaba el ley anterior. Esto es un golpe, pues los estados cuyas finanzas están seriamente afectadas, estarían forzadas a recortar asistencia, servicios e incluso personal. Los republicanos se opusieron a cualquier ayuda financiera para los gobiernos estatales o locales, que ya ha eliminado 1,3 millones de empleos públicos. Los demócratas abandonaron un auxilio por ese concepto a cambio de una ayuda mínima para las escuelas y los servicios de salud pública.

Demócratas junto a Wall Street

La aprobación por el Congreso del paquete de 900 mil millones de dólares destinado a “ayudas” para enfrentar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 pasó por una pequeña, pero significativa crisis política.  Trump se negó a apoyarlo y amenazó con vetarlo. Consideró que era una “vergüenza” dar un subsidio de 600 dólares a cada adulto y planteó, en cambio, que se entregara un cheque de 2.000 dólares. Por este planteo crítico fue acusado de “socialista” por sectores derechistas. Según Clarín (29/12), legisladores de la “izquierda” demócrata, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandra Ocasio Cortez, vieron con “beneplácito” esta propuesta de Trump. Se trató de vulgar demagogia de Trump para quedar bien parado ante la población desocupada con vistas a su futuro político, que sobre el límite retiró acatando al Congreso y a las corporaciones. El incidente sirvió, sin embargo, para mostrar que la “lucha contra el populismo” de Trump por parte de Biden, no es democrática, sino claramente antiobrera y ajustadora.

Los demócratas debutan, aún antes de asumir, con un paquete absolutamente distanciado de las necesidades populares. La necesidad de buscar un compromiso con los republicanos e incluso el hecho de que Trump sigue todavía al frente del Ejecutivo le vienen como anillo al dedo y excusa para hacer pasar esta ayuda a cuentagotas, mientras se sostiene un rescate sin precedentes al capital en crisis y no tan en crisis. Se trata una política compartida por ambos partidos, pues responde al interés de la burguesía norteamericana, de la cual ambos son tributarios y defensores.

Incluso, los demócratas han revelado un celo especial en la materia, yendo más lejos, en ciertos casos, que los republicanos. La bancada demócrata ha jugado un papel determinante para impedir que prosperara un proyecto presentado por los republicanos, que contaban con el aliento del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, del actual gabinete de Trump, dirigido a restringir la operatoria de la Reserva Federal en beneficio de las corporaciones. Las autoridades de la FED venían planteando reparos para avanzar en esta dirección, en medio de un gran lobby empresarial y presiones provenientes de Wall Street.

Es necesario tener presente que las empresas estadounidenses han pedido prestado un récord de 2,5 billones de dólares en el mercado de bonos este año. Esto ha significado una fuente no solo para la sobrevivencia de muchas empresas, muchas de las cuales son zombis (que vienen obteniendo beneficios exiguos o pérdidas), sino que ha sido una fuente para la especulación y grandes negociados, apelando a un apalancamiento récord, aprovechando el crédito barato con costos financieros cercanos a cero. La FED ha jugado un rol crucial para lubricar esta operatoria al tomar la decisión sin precedentes de comprar bonos corporativos de alto riesgo, así como de comprar fondos negociados en Bolsa, incluidos los que rastreaban activos basura. A la par de las compras de bonos del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas, que constituyen la columna vertebral de la intervención de la FED en el mercado -que actualmente asciende a 120.000 millones de dólares al mes, más de 1,4 billones al año-, la FED comenzó con las adquisiciones de bonos corporativos que para poder efectivizarse necesitó del respaldo del Tesoro de Estados Unidos. El proyecto impulsado por los republicanos apuntó a restringir esta operatoria.

Este respaldo conjunto del Tesoro y la FED está en la base del boom operado en Wall Street, tanto en el mercado accionario como de bonos. Y eso que explica la paradoja de un ascenso exponencial de la Bolsa, cuando enfrentamos un retroceso y parate económico brutal que está lejos de haberse revertido.

Naturalmente, el hecho de que esta expansión haya alcanzado esta altura, habla al mismo tiempo, de su alcance explosivo, pues tiene bases absolutamente precarias. Un número récord de empresas ha sido calificado este año como triple C, uno de los niveles más bajos, y casi el doble que el año pasado. Una interrupción en el ciclo de préstamos prepara un derrumbe de mayores dimensiones que el vivido con el estallido del coronavirus, que iría de la mano de una cadena de quiebras y despidos. La capacidad de emisión no es ilimitada y una señal ya la tenemos con el debilitamiento del dólar, que ya perdió un 10 por ciento en relación con otras monedas como el euro.

Independencia política

El establishment respiró aliviado, pues se venía retrasando la aprobación del paquete en el Congreso y, encima, Trump fue demorando su promulgación. Existía un temor fundado en las filas de la clase capitalista y los círculos de poder que una demora en la llegada de la ayuda pudiera provocar una estallido social. Los ecos de las gigantescas protestas que conmovieron al país desatadas este año están demasiado frescos. La nueva gestión demócrata nace condicionada por el fuego cruzado de la bancarrota capitalista y de la pandemia, que está lejos de ser un capítulo cerrado y, por el otro lado, de la rebelión popular que sigue latente. La gestión de Biden no va a ser una réplica de la de Obama. Las condiciones son muy distintas. Se pondrá a prueba con extrema rapidez si es capaz de pilotear una transición turbulenta como la que se viene, atravesada por tantos frentes de tormenta al mismo tiempo.

Frente este escenario, es necesario defender e impulsar la independencia política de los trabajadores. La subordinación al nuevo gobierno conduce a una encerrona y una frustración de los reclamos de la población, que han adquirido un carácter apremiante. La experiencia que se acaba de recorrer en relación al comportamiento de la izquierda demócrata respecto del paquete de rescate aprobado por el Congreso es aleccionadora. Bernie Sanders y Elizabeth Warren votaron a favor de la nueva ley en el Senado. Lo mismo ocurrió con la miembro de DSA (Socialistas Demócratas de Estados Unidos). Es necesario romper las ataduras con el Partido Demócrata y avanzar en la estructuración de una fuerza independiente, que sea un portavoz y un motor de las luchas y demandas de los trabajadores y abra paso a un nuevo horizonte político en el país. Por el lugar estratégico que ocupa Estados Unidos, esto significaría un paso adelante crucial en el apuntalamiento de las tendencias revolucionarias a escala internacional.