Políticas

4/4/2022

Estafa piramidal en la policía de Salta

Fraude financiero; otro elemento de la enorme descomposición del aparato represivo.

El gobernador Sáenz y el ministro de Seguridad Cornejo (www.salta.gob.ar)

Un nuevo escándalo de corrupción policial se conoció por estos días. Esta vez no por uno de los casos de narcopolicías muy frecuentes en Salta, sino de una estafa y fraude económico con una financiera trucha llamada Ríos & Asociados, con un sistema similar al esquema piramidal Ponzi. Fueron estafadas alrededor de 4.000 personas, muchos de ellos policías inducidos por sus jefes, quienes eran los mayores beneficiados ya que recuperaban en tiempo récord más del 100% de lo invertido. El volumen de dinero era tan grande que se sospecha que por detrás hay lavado de activos.

El caso es muy grave. Según señala el Procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, se vieron obligados a precipitar los allanamientos porque hubo filtración de las actuaciones de la investigación. No solo alertaron a los responsables para que se den a la fuga, llevándose el grueso de dinero, sino que uno de los investigadores y su familia empezó a recibir amenazas y fue escrachado por cadenas de WhatsApp dando a conocer su teléfono y domicilio con una captura de pantalla del sistema de recursos humanos de la policía provincial. Solo miembros de la fuerza tienen acceso a esa información mediante una clave.

El Procurador de la Provincia, jefe de los fiscales, debió pedir protección de la Policía Federal para los investigadores, y la fiscal de Delitos Económicos actuante dictó el secreto de sumario.

Se realizaron quince allanamientos y se secuestró dinero y armas reglamentarias de un inmueble perteneciente a un oficial principal. Los dos prófugos desde la clandestinidad intimidan a las víctimas para que no denuncien, y mienten afirmando que pronto les será devuelto su dinero. Es extraño que no puedan localizar de donde provienen los mensajes, cuando hoy en día hasta pueden descubrir twiteros con nombres de fantasía.

El caso no termina ahí. El jefe de policía Miguel Ceballos declaró en una entrevista al diario El Tribuno que todo es una maniobra para perjudicarlo, y que no hay policías involucrados sino policías víctimas de la estafa. Ordenó apartar al comisario general Juan Miranda, quien estuvo al frente de los allanamientos y la investigación. Miranda es comisionado coadyuvante delegado de la Procuraduría Provincial en el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y su cargo no depende del jefe de policía sino del procurador, por lo que claramente buscaba impedir que se siga con la investigación.

En la misma semana que empezaron los allanamientos, un extraño suceso ocurrió en la Unidad Regional Nº 5 de Joaquín V. González, donde policías se agarraron a tiros dentro de la comisaría. El hecho causó mucho temor en la población. Inmediatamente fue pasada a disponibilidad toda la cúpula y se informó que se trató de un “incidente en una actividad recreativa”, y que estaba detenido el autor de los disparos. Todo indica que el incidente estaba relacionado con las estafas.

A todo esto, el Ministro de Seguridad Abel Cornejo, quien fuera el juez federal que ordenó las represiones a las puebladas del norte en el 2001, defendió la actuación del jefe de policía Ceballos y prometió investigar las “inconductas”. En realidad estamos en la presencia de un negocio mafioso, que lejos de ser un problema de individuos corruptos devela una crisis hasta el interior del propio gabinete de Sáenz. ¿Cómo el ministro de Seguridad no colabora con el Ministerio Publico ante una investigación tan grave, y se pone del lado de la policía involucrada en la causa?

En medio de semejante escándalo, el diputado olmedista Gustavo Orozco, expolicía y defensor de policías de gatillo fácil -y con varias causas por torturas y apremios ilegales-, salió a acusar al ministro de Seguridad de ser cómplice del narcotráfico, luego que éste dijera que en Salta no hay carteles. Cornejo es nombrado en escuchas telefónicas en la causa de los hermanos Castedo, los narcotraficantes para los cuales trabajaba el exdiputado Aparicio y que tomaran trascendencia pública con el asesinato de Liliana Ledesma. Orozco está que trina porque después de lograr años de dilación, la Justicia elevó a juicio una de las causas de tortura . Esto le opaca su campaña a gobernador, cuyo eslogan es “terminemos con la corrupción”.

Orozco se presenta como que no es parte del sistema político corrupto, hace demagogia como Milei sorteando una mísera parte de su dieta entre agentes de la policía. Se presenta también como un combatiente contra los narcos, pero el narcotráfico es posible por la anuencia del Estado en su totalidad y principalmente por la complicidad de las fuerzas de seguridad. Jamás es un aparato excluyente. Orozco tiene como uno de sus principales objetivos lograr la impunidad del aparato policial, no acabar con la corrupción ni con el narcotráfico.

El Estado muestra su peor podredumbre empezando por el aparato represivo involucrado en los peores delitos contra el pueblo. La causa de estafas muy difícilmente iba a continuar oculta, porque la propia policía tiene sus internas de negocios y una parte de su personal fue víctima del fraude. Ahora intentan bloquear que la investigación llegue a todos los responsables. El procurador propone crear por ley una policía de investigación independiente del aparato de la Jefatura, pero el problema es quién lo nombra y lo controla. Las “buenas intenciones” no resuelven los intereses del poder político que gobierna con los que cometen los delitos.

El caso de las estafas deja también al descubierto que el pueblo es víctima de las camarillas que hay en los tres poderes del Estado, y principalmente en el Ministerio de Seguridad. Hasta ahora el gobernador Sáenz no dijo una sola palabra. Un silencio cómplice.

Este caso refuerza la necesidad de desmantelar el aparato represivo, y que los jueces y fiscales sean electos y revocables por el voto popular, como primeras medidas para terminar el entramado de impunidad en la provincia.