Estalla la política habitacional de Urtubey
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ASENTAMIENTO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE SALTA
Mientras el gobierno hacía alarde de la presencia del Dakar en la provincia, miles de familias ocuparon terrenos en la zona sur de la ciudad, unos terrenos que habían sido expropiados el año pasado con el objeto de entregarlos a familias sin techo.
Las familias ocupantes denuncian que muchas de ellas tienen preadjudicaciones nunca concretadas; otros que tienen la promesa de un terreno durante la campaña del actual concejal Moya del FpV, vicepresidente primero del concejo capitalino; muchos llevan largos años de espera inscriptos en el Instituto Provincial de Vivienda o en Tierra y Hábitat. Hasta ahora, no se inició ninguna obra en el lugar, supuestamente por un problema judicial. Los vecinos de barrios aledaños a la ocupación reclaman que se urbanice con viviendas y no que se entreguen los terrenos vacíos. En otros casos, piden el desalojo basado en prejuicios contra los ocupantes.
La ocupación de terrenos de Parque La Vega es la consecuencia obligada de la enorme crisis habitacional a las que nos han llevado la política de defensa de la especulación inmobiliaria por parte del gobierno de Urtubey. Es también la expresión más clara de su fracaso ante semejante problemática. El IPV se ha convertido un banco hipotecario que exige un determinado nivel de ingresos para la inscripción. Las viviendas han quedado reservadas a los amigos y funcionarios de Urtubey, y a los que tuvieron, además de la suerte en el sorteo, los 40.000 pesos para que le adjudiquen una vivienda -como ocurre en barrio El Huaico, por ejemplo. Tierra y Hábitat es un verdadero nido de punteros del oficialismo.
Con un déficit habitacional de más de 35 mil viviendas sólo en capital y que ronda las 50 mil en toda la provincia, el carácter irrisorio de los planes de vivienda y loteos del gobierno, así como los altos costos del ingreso y las cuotas de las viviendas del IPV, es obvio que la población está obligada a buscar su propia salida al problema de la vivienda. Es que el gobierno estrecha la entrega de terrenos y viviendas para arrojar a miles de familias salteñas a manos de los especuladores inmobiliarios privados, los que se quedan, en promedio, con el 40% del salario mensual de un trabajador en conceptos de alquileres o cuotas. Esta política, sumada a los altos niveles de desocupación y trabajo en negro consagrados en la provincia, ha llevado al déficit habitacional a una situación explosiva. Los beneficiarios del plan Procrear no tienen terrenos para comprar, tanto por su escasez como por los precios altos, lo que obligó al gobierno a enviar al parlamento una ley para expropiar las 100 hectáreas de Pereyra Rozas, concretando una expropiación largamente reclamada por nuestro partido. Pero Urtubey ha fijado un precio por esos terrenos que es muy superior al crédito del plan nacional mencionado.
La respuesta tardía del gobierno al asentamiento se escuchó recién este martes 14 de enero a través del ministro de Hacienda. Parodi ratificó la línea represiva del gobierno de que el asentamiento se resuelve por vía judicial y ratificó el decreto de comunidad organizada que dice que quien ocupa un terreno pierde el derecho a ser adjudicatario. Anunció, además, una miserable entrega de 1.000 terrenos para 2014, 500 en mayo y 500 en octubre. El ministro reconoce que los terrenos hasta ahora se entregaban a dedo, pero que ahora serán sorteados. Ninguna respuesta al problema concreto.
Al momento del cierre de esta nota, la gente está cortando la ruta en cercanías a la ocupación ante el asedio policial y lo que parece un inminente desalojo. El gobierno no sólo apela a la policía, sino a generar un enfrentamiento entre vecinos. Sino recurre a las patotas: en Atocha, la policía liberó la zona para que una patota desaloje a una pequeña ocupación que hizo un centro de artesanos.
El romerismo intenta montarse en esta crisis para fingir criticar a Urtubey, pero ambos son parte del problema. El diario El Tribuno nos acusa de impulsar el asentamiento. Lo mismo hizo el medio oficialista El Intransigente, agregándole la mentira de que los terrenos son de los beneficiarios de Procrear. Urtubey sólo ha profundizado la política de especulación inmobiliaria impuesta por Romero en su época de gobernador. El ministro de Hacienda acaba de anunciar que nombran como coordinador del plan nacional en Salta a quien fue presidente del IPV durante el gobierno de Romero. La comunión de intereses es tal que Urtubey no ha movido un pelo para que los principales referentes del romerismo sean juzgados y vayan presos por constituir una asociación ilícita para apropiarse de millones del dinero público con la compra y venta de terrenos para vivienda, tal como hemos denunciado a la Justicia desde el PO.
Ya lo hemos planteado desde el PO en la Legislatura y el Concejo capitalino: lo que corresponde es quebrar la especulación inmobiliaria, garantizando que por lo menos el 40% del suelo urbano se destine para viviendas populares; avanzar en la urbanización de todos los asentamientos que pulularon gracias a la propia desidia de los Romero y Urtubey; que se investiguen todos los negocios inmobiliarios incluidos el de La Ciénaga (120 hectáreas apropiadas por Romero) y que estos terrenos vuelvan al Estado para garantizar el acceso universal a la vivienda y los servicios básicos.
Que los funcionarios de Tierra y Hábitat y el IPV se presenten en el lugar y atiendan de inmediato la emergencia.
