Cuando faltan apenas dos semanas para la realización del plebiscito bonaerense, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural han salido en forma coordinada y simultánea a reclamar su suspensión. Mientras que la UIA pide postergarlo por 90 días, la CAC ha planteado que la reforma de la constitución se ajuste al procedimiento de la elección de una Convención Reformadora. A ninguna de esta gente se le escapa que una suspensión del plebiscito colocaría al gobierno de Cafiero al borde del abismo. Tampoco se les escapa que estas declaraciones golpean duramente al bloque oficialista partidario del Sí, lo que puede decidir su derrota en las urnas.

¿Por qué estos grandes representantes capitalistas han decidido impulsar una crisis política? ¿Acaso porque la reforma constitucional bonaerense afecta sensiblemente sus intereses? Si fuera este el caso, no se entiende por qué demoraron tanto el pronunciamiento, ni cómo es que no lograron impedir que el proyecto de reforma traspusiera el umbral de las meras intenciones. Cuando en el verano pasado los empresarios de la prensa denunciaron que el artículo 11 del proyecto de reforma afectaba su monopolio periodístico, armaron de inmediato una batahola que obligó a Cafiero a vetar el texto y a la Legislatura a revisarlo —con lo que se produjo el aberrante hecho de que la reforma de la Constitución terminara siendo una criatura del Poder Ejecutivo. En la Argentina democrática las constituciones son hijas del decreto y los decretos se prohíjan, a su vez, en los despachos patronales. La reforma constitucional bonaerense tiene características similares a las efectuadas en otras diez provincias en el pasado reciente, y ninguna de ellas fue objetada por las centrales empresarias. Tampoco esta vez hacen el eje en la oposición al contenido de la reforma, prefieren tomar como blanco el procedimiento del plebiscito o la falta de información. ¿Pero por qué la falta de claridad informativa lleva a las patronales a impulsar una crisis política, cuando ellas se mueven normalmente en el sigilo y el secreto, y cuando no son ellas, precisamente, las que carecen de información sobre la reforma en debate? Para que no queden dudas sobre la calculada orquestación de esta demorada ofensiva política, también Alsogaray acaba de salir a pronunciarse contra el plebiscito por primera vez —lo cual, todo sumado, hace suponer que a esto no son ajenos los bancos acreedores, sin cuyo consentimiento no hace nada la Argentina capitalista. Se ha planteado de este modo una posibilidad prevista en estas páginas hace exactamente un mes. “Él imperialismo y el grueso de la burguesía están por el Sí, decíamos, porque cualquier otra cosa debilitaría en forma decisiva a Menem. Solamente en el caso de que en las próximas semanas la situación del gobierno de Menem se hiciera insostenible, el imperialismo cambiaría de posición, pero en este caso para reclamar la postergación del plebiscito para las elecciones de 1991" (Prensa Obrera N° 306, 21/6/90).

De acuerdo a esta previsión, la explicación de lo que estamos comentando es que la burguesía está previendo un peligro importante con la realización del plebiscito, y ha resuelto pegar un viraje. Ese peligro es fundamentalmente que pueda ganar el No. Algunas encuestas ya lo estarían demostrando, y ésta fue por sobre todo la preocupación que Cafiero le manifestó a Menem simultáneamente con la publicación de las declaraciones empresarias. En la posibilidad de un triunfo del No interviene el repudio del golpeado pueblo bonaerense a Cafiero, pero también la creciente disgregación dentro del justicialismo, donde muchos sectores están “hambrientos” por cosechar los frutos de una derrota de Cafiero. De manera que la crisis política declarada por los empresarios es el resultado de una crisis política.

El FMI

Sin embargo, en el estallido de esta crisis política está presente un factor estructural, que la cuestión del plebiscito simplemente se limitó a re-encender. Desde las crisis hiperinflacionarias de diciembre y marzo pasado, el gobierno norteamericano, el FMI y los banqueros han estado reclamando un “acuerdo político”, fundamentalmente entre Menem y Angeloz, que diera garantía de continuidad al enorme plan privatizador, el que aún está sujeto a enormes imponderables y a previsibles choques de intereses Cafiero y Alfonsín se colocaron como obstáculos a este acuerdo, en nombre de un acuerdo de contenido similar pero que fijara algunos límites a las privatizaciones, que contemplara en forma más “equilibrada" los distintos intereses en juego, que no redujera las privatizaciones a un negocio exclusivo de los comisionistas de la banca y que sirviera para fortalecer los aparatos oficiales del PJ y la UCR. En el plebiscito bonaerense vuelven a chocar estos dos sectores y es evidente que una victoria de Cafiero y de Alfonsín postergaría el “acuerdo político" que reclama Bush.

El tema del “acuerdo" volvió a ocupar un lugar excepcional en las reuniones de la semana pasada entre el presidente del FMI, M. Camdessus, y las ocho principales entidades empresarias del país. De acuerdo a lo publicado por Clarín (13/6), “ ‘En los Estados Unidos, en los centros financieros internacionales, consideran aconsejable que en la Argentina se concrete un acuerdo político para darle confiabilidad y continuidad al ajuste', fue el mensaje que dejó, palabras más palabras menos, en la casona presidencial el mandamás del FMI”. Este se reunió también con Cafiero, Angeloz y Alfonsín, y solo el jefe radical desentonó, “sorprendiendo”, según Clarín, “a los hombres del hemisferio norte". En definitiva, el objetivo del “acuerdo político” exige ir a un choque con Alfonsín y en menor medida con Cafiero. Si esto no se resuelve en poco tiempo, sus posibilidades pueden anularse a medida que se acerquen las elecciones de 1991.

Chantaje

La UIA, la CAC y la SR (ya vendrán las asociaciones de bancos) han puesto sobre la mesa los términos de una negociación política: vía libre al “acuerdo político" a cambio de una tolerancia empresarial con el plebiscito y con el fraude que lo rodea. Chantaje típico, que solo encuentra atenuante en que está dirigido a otros chantajistas. Esto coloca en la mesa el tema de la sucesión a la gobernación de Buenos Aires, que probablemente el gobierno yanqui prefiera ver en manos de un hombre “más consustanciado" con la “renovación mental" menemista y con menos remordimientos por los efectos del “ajuste social". La colonización completa del país por la banca extranjera exige poner a la cabeza de los partidos tradicionales a los incondicionales de la entrega. De manera que la conjugación del peligro de una derrota del Sí con la acentuación de la crisis en los partidos tradicionales y con la crisis en torno al “acuerdo nacional", han determinado la explosión de la presente crisis política. La oposición burguesa al plebiscito o a la reforma, que hasta ahora solo había despertado el entusiasmo de elementos marginales como Albamente, Frigerio o Rico, ahora es el instrumento de una gran negociación política que apunta a la menemización del radicalismo y del justicialismo y a la concentración del poder político en manos del capital financiero.

Reforma reaccionaria

Todo esto no le quita un ápice al carácter reaccionario de la reforma constitucional y del plebiscito, que está en la línea de los reclamos del FMI. La reforma viabiliza las exigencias de la Iglesia y del FMI porque asegura el ataque capitalista a la educación y a la salud, a los derechos políticos de los trabajadores, de la mujer y de la familia; impulsa los impuestazos para pagar la deuda externa e incorpora a los municipios a la tarea de expropiación económica de contribuyentes y trabajadores, para abrir nuevas vías a los negocios capitalistas. Las protestas contra el lenguaje “social" del proyecto son pura hipocresía, porque es el mismo lenguaje de la “economía social de mercado” de Alsogaray. Las protestas contra el peligro de confiscaciones son hipocresía cuando parten de los confiscadores del plan Bonex y de los que fuerzan al pago de la deuda externa por parte del pueblo. Las protestas por inconstitucionalidad solo sirven para retratar a los impostores que gobernaron con las inconstitucionales dictaduras militares y que apoyaron la reforma constitucional de Tucumán convocada por decreto (con apoyo radical). Las protestas contra la mentira de la “autonomía municipal" son una pura estafa cuando viene de quienes bajo Videla y luego en los acuerdos con el FMI, han firmado y apoyado toda clase de descentralización de gastos de salud y de educación y de mayores impuestos.

No

Los derechistas son unos impostores que quieren capitalizar el repudio popular y confundir al pueblo. Ahora piden la suspensión del plebiscito para impedir la victoria del No. Además declaran una crisis política para imponer el acuerdo nacional reclamado por el FMI. Los partidarios derechistas del No quieren impedir la victoria del No, que le abriría una crisis enorme a su gobierno.