Políticas

19/9/2013|1286

“Estatización” ferroviaria, un nuevo rescate de los vaciadores

El Estado no inaugura su intervención en materia ferroviaria con las recientes estatizaciones anunciadas por el Ministerio de Interior y Transporte de Florencio Randazzo. Luego de resolver la preservación de las concesiones ferroviarias, el ex presidente Néstor Kirchner ratificó la prórroga del decreto de emergencia ferroviaria dictado por su antecesor Eduardo Duhalde, por el cual se eximía de asumir nuevos costos operativos y de llevar adelante las inversiones y el mantenimiento exigidos por los pliegos de concesión a los Taselli, Cirigliano, Roggio y Romero, quienes tenían a su cargo los servicios urbanos de pasajeros desde los tiempos de la privatización.


Poco después, en 2006, el Poder Ejecutivo creó dos empresas estatales: una para administrar la infraestructura (Adif), a la que dejó en manos de la conducción de La Fraternidad, y otra para operar servicios (Sofse), para la cual fueron designados directores del gremio de los conductores y de la Unión Ferroviaria. Entre éstos, Juan Araya, quien se hizo conocido por su intervención para contratar a los abogados que defendieron a la patota de Pedraza tras el crimen de Mariano Ferreyra.


Por aquellos tiempos, Kirchner no tuvo más remedio que retirar la concesión a Taselli en el San Martín, el Belgrano Sur y el Roca, tras una pueblada en Plaza Constitución contra los incumplimientos del servicio -la que fue reprimida con palos y gases por el gobierno.


Como complemento de esta medida, el Estado asumía el pago total de salarios, cuyos fondos provenían de la Secretaría de Transporte y eran triangulados hacia Ugofe, la nueva operadora.


La aprobación legislativa de la ley ferroviaria kichnerista y la creación de Ugofe fueron el puntapié inicial del apogeo de poder sindical en los ferrocarriles. Eran los tiempos del alineamiento incondicional del pedracismo con Moyano y los Kirchner; de los negocios con Jaime, primero (hasta sus primeros procesamientos) y de Schiavi, después; del ingreso masivo de personal para ampliar la base de sustentación de la burocracia en los sindicatos y del kirchnerismo en el conurbano bonaerense.


La génesis y desarrollo del kirchnerismo está indisolublemente asociada a esta trilogía siniestra de funcionarios, empresarios y burócratas sindicales.


Rescate de los privatizadores


No hay en los actuales decretos medida alguna que apunte a hacerles pagar a los vaciadores el desfalco al patrimonio público. Por el contrario, el Estado aparta a los privatizadores de una concesión en ruinas para hacerse cargo de los platos rotos, en momentos en que se encuentran cuestionados por causas penales y por la indignación popular. Los K le cargan al presupuesto nacional la factura que dejaron los concesionarios y preparan el camino de una nueva privatización. Mientras tanto, esos mismos privatizadores continúan al frente de los talleres de mantenimiento ferroviario, por lo que seguirán lucrando como contratistas del Estado.


Sólo la movilización e intervención directa de trabajadores y usuarios para exigir la apertura de los libros contables de las empresas, de los contratos leoninos a favor de las tercerizadas, de las compras de repuestos y material rodante. En definitiva, el control y la gestión obrera de los ferrocarriles será la vía para que la inversión ferroviaria no siga siendo una fuente de malversación del patrimonio público. Planteamos la expulsión de los privatizadores y la burocracia sindical del ferrocarril; la incautación del patrimonio de los vaciadores y la gestión integral del sistema ferroviario -ramales de pasajeros, de carga y talleres- por parte de sus trabajadores.


Los ferrocarriles serán un factor de desarrollo social sólo de la mano de una gestión integral de la economía nacional por parte de los trabajadores, en un régimen social establecido sobre nuevas bases políticas y económicas.