Todos los medios periodísticos han destinado hoy varios artículos a la confirmación del elenco de ministros y secretarios que acompañaría a Alberto Fernández en el gobierno. Sin anuncios oficiales por el momento, un breve repaso de las personalidades que suenan como seleccionadas para dirigir carteras importantes advierte cuál será el rumbo adoptado por el próximo gobierno.

El sillón del Ministerio de Economía concentra las mayores expectativas, porque es considerado como la mayor señal a “los mercados” de lo que se viene. Estaría confirmado para el puesto Guillermo Nielsen, un hombre del gran capital y de vínculos con financistas y hasta con directores del FMI, uno de los hacedores del mega negociado financiero del gobierno de Néstor Kirchner que implicó el pago de la deuda que había sido defaulteada en 2001.

Nielsen es un economista ortodoxo, que a mediados de este año criticaba al gobierno de Macri por haberse endeudado en lugar de proceder a un fuerte recorte del gasto público -es decir un ajuste de mayores proporciones. También caracterizaba que el FMI seguiría digitando la economía argentina 8 años más, y se declaraba partidario de negociar el pasaje a un programa de Facilidades Extendidas, lo que significa aceptar la agenda de reformas antiobreras que el Fondo coloca como condición. Trascendió además que designaría en el área de Hacienda a Hernán Hirsch, del liberal estudio Broda. Su principal definición, al momento, es la promoción de un artilugio legal para que las petroleras –especialmente los pulpos que explotan Vaca Muerta- puedan sortear el cepo y girar utilidades el exterior.

En esa línea, circuló que el neuquino Jorge Sapag sería premiado con la presidencia de YPF. Del MPN, gobernó Neuquén desde 2007 al 2015, período en el que renegoció los contratos de concesión con los pulpos petroleros otorgando todo tipo de beneficios. Bajo su gobierno, de hecho, la Legislatura aprobó –represión mediante- la concesión leonina establecida en el secreto pacto YPF-Chevron. Su elección busca presentarse como una garantía de rentabilidad para promover la inversión de las empresas petroleras y gasíferas, en momentos en que está paralizada la explotación en Vaca Muerta a la espera de las políticas que adopte el nuevo gobierno.

Trabajo volvería a ser un Ministerio, para jugar un papel crucial en la institucionalización del pacto social. En efecto, los voceros albertistas se esfuerzan por evitar hablar de un acuerdo de precios y salarios y prefieren anticipar la creación de un Consejo Económico y Social permanente. Como fuera, la preocupación por aumentar la subordinación de los sindicatos a sus compromisos con el Estado será la piedra angular del próximo gobierno, que buscará garantizar una “competitividad sistémica” en base a pactar la flexibilización de los convenios con cada gremio. Para ello sería conchabado el abogado Claudio Moroni, viejo conocido de Fernández desde que lo reemplazó en la Superintendencia de Seguros de la Nación durante el gobierno de Menem, un puesto que volvería a ocupar luego con Duhalde, es decir que cuenta con experiencia en tratar con los sindicatos en momentos de ofensiva contra el movimiento obrero.

Otra área que recuperaría estatus de Ministerio sería Salud, pero no para revertir el desguace del sistema sanitario público, como se ilusionan los críticos del macrismo, sino para entronizar a un agente directo del clero. Pablo Yedlin, ex ministro de Salud de Tucumán con Alperovich primero y luego con Manzur, sería el designado. Proveniente del único distrito que no adhirió ni a la Ley de Educación Sexual Integral ni a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, Yedlin fue propuesto por el gobernador tucumano -otrora ministro de Salud de CFK y responsable de obligar a parir a niñas abusadas en su provincia. La ola verde debe ponerse en alerta ante el arribo a la cartera sanitaria de quien, como diputado nacional, votó contra el derecho al aborto.

También es grave la noticia de que quien reemplazaría a Patricia Bullrich en Seguridad es un actual docente del Instituto por ella creado para la formación de altos mandos policiales y personal a cargo de las fuerzas de seguridad interior. Se trata de Diego Gorgal, un hombre de Sergio Massa, autor del anteproyecto de Código Penal de mano dura con el que el líder del Frente Renovador hizo campaña en 2015 y aún a principios de este año, que entre otras cuestiones establece la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años y elimina la libertad condicional. Gorgal se instruyó en estos temas en Estados Unidos, a donde viajó para formarse con la DEA y la policía de Nueva York, en particular en la política de tolerancia cero del ex alcalde Rudolph Giuliani. Así, Seguridad estaría en manos de un bendecido por el imperialismo yanqui.

Más conocido, pero de un tenor similar, es Felipe Solá, que quedaría al frente de la Cancillería. Quien fuera vicegobernador de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires y gobernador cuando la Bonaerense asesinó a Kosteki y Santillán en 2002, y también cuando desaparecieron por segunda vez a Julio López en el marco del juicio al genocida Etchecolatz, había roto con el kirchnerismo en ocasión de la crisis del campo y luego se sumó al armado derechista que en 2009 reunió a Macri y Francisco De Narváez. Su presencia en el gobierno es un desaire a las organizaciones piqueteras.

El gabinete de Alberto Fernández está seleccionado así del personal político que mejor exprese la intención de congraciarse con los gobernadores, la burocracia sindical y las iglesias, a nivel local, y con el capital financiero, los pulpos multinacionales y el imperialismo yanqui, a nivel externo. El movimiento popular debe subir la guardia.