Mientras los mineros iniciaban su larga caminata desde la población de Caracollo, el gobierno se apresuró en conformar una comisión para detener la marcha. “El viceministro Farfán dijo que la comisión gubernamental, integrada por los Ministerios de Trabajo, Minería y Gobierno, continuará en sus esfuerzos para detener la marcha y lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios” (Econoticias).

La movilización por las ocho horas de trabajo y en contra de los recortes salariales es absolutamente legítima para la clase trabajadora en su conjunto. Sin embargo, la burocracia sindical de los mineros se ha caracterizado por sus contubernios con la patronal. Y puso como otra demanda de la movilización la inmediata paralización de los “avasallamientos” de indígenas a los yacimientos de las transnacionales mineras. Plantear esto sin más, es colocarse en defensa de las transnacionales para que continúen con su actividad depredadora.

A su vez, las comunidades indígenas donde se han asentados los yacimientos de explotación de los minerales reclaman los territorios como suyos y piden la expulsión de las transnacionales. Las comunidades quechuas del sur han advertido a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation que abandone la explotación de oro en la mina de Amayapampa.

El 25 de mayo, el Conmamaq y la CSUTCB enviaron una carta al ministro Echazú exigiendo que se respete el derecho a la consulta y participación de las naciones y pueblos originarios en torno a las actividades que los afecten, como sería el caso de las concesiones mineras que operan en sus territorios. Solicitan la inmediata aprobación de un “Reglamento de Consulta y Participación para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas en actividades mineras”, que han diseñado junto al Gobierno en los últimos dos años.

La respuesta del Ministro de Minería, Luis Alberto Echazú intentó ser ambigua, pero es muy clara: “Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien este aspecto” (El Diario).

El Estado plurinacional incluyente, del que tanto hablan los indigenistas del Gobierno y en el que tanta expectativa ponen los pueblos originarios, no son más que charlatanería y adorno autóctono para una Nueva Constitución burguesa en último término. Así lo demuestran las declaraciones de Echazú: “Para nosotros queda absolutamente claro que las comunidades no tienen derecho a veto. Tienen derecho a la consulta, a opinar y a cuestionar, pero en última instancia el Estado es la máxima autoridad para decidir”. Y el Estado en manos del MAS proimperialista se decidirá por la permanencia de la transnacionales: “Nosotros respaldamos un acuerdo entre empresa y comunarios”, recalcó Echazú.

Con la crisis vuelven las tomas y movilizaciones mineras

El capitalismo en crisis conlleva una arremetida empresarial, que consiste en recortar derechos a los trabajadores y chantajearlos con el temor del cierre y la quiebra. A su vez, la arremetida contra los trabajadores involucra una reacción y una respuesta de los mismos. Los primeros días de mayo, trescientos mineros con dinamita en mano tomaron la mina San Vicente -de la transnacional canadiense Panamerican Silver- y tuvieron a sus directivos y gerentes de rehenes.

En diciembre de 2008, Sinchi Wayra, que emplea a más de 3500 trabajadores, entregó 700 cartas despido a los trabajadores de la mina Porco. Como respuesta, los mineros tomaron la Prefectura de Potosí, desde donde amenazaron con tomar otras minas. Por su parte “Sinchi Wayra exigía a los trabajadores una extensión a 10 horas de la jornada laboral, el sistema del 14/7 (14 días de trabajo y 7  de descanso) y la congelación de los salarios para hacer frente a la caída de los precios internacionales de los minerales” (Rebelión mayo 2009). El Gobierno indigenista de Evo, ni corto ni perezoso, se arrogó la tarea de “mediador”: en el mismísimo Ministerio de Minería se firmó un convenio ilegal entre los trabajadores y la empresa. Los primeros aceptaron las 10 horas de trabajo y renunciaron al aumento salarial del 12% decretado por el Gobierno, a condición de que la empresa desistiera de los despidos y mejorara las condiciones laborales de los trabajadores. Poco tiempo pasaría para que se comprobara que este acuerdo era insostenible.

Nacionalización de la minería, otro cuento de Evo

“En los tres años del primer gobierno indígena de la América morena, los grandes consorcios mineros se han apoderado de más de cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del valor bruto de la producción y dejan para el Estado sólo el 5%. El saqueo minero de Bolivia es igual o mayor al sufrido en los tiempos del neoliberalismo salvaje” asegura un artículo publicado por Econoticias.

El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, ha reconocido que las transnacionales mineras le estarían robando al país, exportando el doble de mineral que declaran en la Aduana boliviana. Sin embargo hasta la fecha, desde la nacionalización de la metalúrgica de Vinto, el Gobierno ha desistido nacionalizar la minería. Al contrario, continúa con la entrega de estos recursos, como es el caso de El Mutún, reservorio de hierro más grande del mundo en manos de la Jindal Steel.

La muerte de 16 personas en enfrenamientos entre mineros asalariados y cooperativistas mineros en Huanuni (2006), forzó una respuesta del gobierno sobre la nacionalización del entonces disputado cerro de Posokoni. Sin embargo, Evo no habló jamás de recuperar la totalidad de las minas para los bolivianos. “Hay que nacionalizar las concesiones mineras sin inversión”, se limitó a platear y nada dijo del robo que a plena luz del día efectúan las transnacionales al Estado boliviano, ni de las constantes denuncias por la contaminación que estas empresas generan en territorios indígenas.

Gracias a la presión de los trabajadores, el gobierno se comprometió a fortalecer la minería estatal y, en consecuencia, nacionalizó Vinto y dispuso la inyección  10 millones de dólares en éste rubro. Pero es evidente que estas medidas son ineficientes para competir comercialmente con las transnacionales mineras que continúan operando en territorio boliviano. Es así que el propio ministro de Minería denunció el año pasado que la empresa Glencore/Sinchi Wayra propició un boicot en la venta de estaño proveniente de la nacionalizada Vinto, generando al país una pérdida de 26 millones de dólares.

A retomar las consignas de Octubre

Los argumentos para plantear una expropiación de todo el rubro minero en Bolivia sobran: violan las leyes ambientales, estafan al Estado boliviano mediante la falsificación de informes y declaraciones juradas; violan las leyes laborales, etc.  

En el hecho concreto de Sinchi Wayra, filial boliviana de la empresa Glencore Internacional AG, ha obtenido sus acciones de manera ilegal, de la que antes era la empresa Comsur, negocio del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego de la insurrección de octubre y de su huida, Sanchez de Lozada vende el 100% de sus acciones a la Glencore, transación que no podía efectuarse pues el expresidente llevaba consigo una demanda por delitos de lesa humanidad y sus bienes deberían ser confiscados. Es de esa manera que Sinchi Wayra/Glencore, tiene la mayor parte del negocio de la minería en Bolivia.

Sin embargo, no se puede esperar una medida radical por parte un Gobierno absolutamente respetuoso y defensor de la gran propiedad privada. Tampoco la burocracia sindical plantea una salida revolucionaria ante la crisis capitalista que está empezando con nefastas consecuencias en el sector minero. Al contrario, los burócratas más se alejan de quienes han sido sus aliados históricos, los campesinos originarios, al exigir que se paren los avasallamientos y se queden las trnasnacionales super-explotadoras.

En la insurrección de octubre de 2003 la consigna fue nacionalización de los Hidrocarburos. Hay que retomar y profundizar esa consigna para todos los recursos naturales. La nacionalización de las minas sin indemnización, bajo control de los trabajadores y con participación de las comunidades originarias debiera ser la consigna para sellar una alianza obrero campesina, ya practicada en Bolivia en otras oportunidades.

Mila (Santa Cruz de la Sierra)