Durante casi 24 horas, una fuerza de choque del cura Julio Grassi, ante la pasividad de la Policía Federal y las autoridades del Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente (CNNyA) de la capital, impidieron que fueran trasladados los menores del Hogar San José Obrero y sitiaron y destruyeron las camionetas donde estaban chicos que habían salido antes. La orden de evacuar “el hogar del horror” (sic, La Nación, 24/5) llegó después de nueve meses de un proceso escandaloso en el que la Fundación Felices los Niños y el macrismo -a través de la presidencia del CNNyA- burlaron las decisiones de la jueza Myriam Rustán de Estrada y del defensor de menores Marcelo Jalil (ellos y sus hijos repetidamente amenazados de muerte).

En sePtiembre de 2008, el obispo auxiliar porteño y director de la escuela Santa Teresa, Horacio Benites Astoul, “comunicó” a la Justicia que un alumno de 8 años, interno del hogar, había intentado ahorcarse. Probablemente, la Curia ya estimaba que no había dios que salvara a Grassi y que “sacarlo” al Vaticano -como hicieron con el obispo paidófilo Edgardo Storni- era de un costo político excesivo. Así que Benites “comunicó” y la jueza ordenó al Consejo que viera al chico. Pero las monjas a cargo del hogar -que ya habían negado el ingreso a trabajadores del Consejo sin que éste lo denunciara- lo habían llevado a la sede de Felices los Niños, en Hurlingham. La jueza entonces ordenó al Consejo que interviniera el hogar y evaluara a todos los internos. Las conclusiones fueron “espeluznantes”: los internos mayores violaban colectivamente a los más chicos y las monjas lo registraban con lujo de detalle en los legajos; muchas noches los dejaban solos, pasaban hambre, no había agua caliente pero sí ratas, cables pelados y pisos inundados; se había dejado sin atención médica ni remedios a niños discapacitados y con enfermedades crónicas, nenes de seis años eran encerrados en galpones bajo llave, a oscuras y desnudos cuando se hacían pis. Mientras, algunos “mayores privilegiados” tenían buena ropa y celulares. Las monjas sabotearon activamente la investigación.

Las conclusiones no impidieron que en febrero el macrismo levantara la intervención y devolviera el hogar a la Fundación. La jueza ordenó entonces el traslado de los chicos; el Consejo pidió tiempo. Vencido el plazo, la jueza ordenó el desalojo pero una patota rodeó el hogar mientras las monjas encerraban a los más chicos y los mayores se amotinaban en la terraza. La patota golpeó al fiscal y a trabajadores del CNNyA, y sitió y desguazó durante horas las camionetas con los chicos adentro, ante la televisión y a cara descubierta, con el aval de la policía “que me desobedeció deliberadamente”, dijo la jueza.

Mientras, un directivo de Felices los Niños ofreció a la Justicia “sacar a las personas que obstaculizan el desalojo a cambio de la entrega de la llave del predio”. Así se supo que el enorme terreno es propiedad del Estado nacional y “está a préstamo con la condición de que sea utilizado para alojar a los menores” (La Nación, 21/5).

Al día siguiente, Rustán de Estrada informó que “hasta que se complete el traslado”: el hogar y los chicos que quedan están bajo control del Arzobispado. O sea ¡de los jefes de Grassi! Inadmisible: lo que correspondía es que el Estado recuperara el predio y designara un equipo que cuidara a los chicos hasta que fueran reintegrados a sus familias -con el apoyo necesario- o se les encontrara una familia sustituta.

Acá sobran responsables: los jueces que les quitan los chicos a sus familias y los tiran en los hogares de los Grassi; Scioli -son de la provincia- que le paga a Grassi 3.000 pesos por chico en vez de subsidiar a la familia. Los gobiernos que le cedieron enormes predios, y el kirchnerismo que no se los quitó. El ministro Aníbal Fernández, jefe de la Federal. Macri y Michetti, responsables de que en la ciudad haya cárceles infantiles clericales con estatuto de zona liberada. Y, por supuesto, la Iglesia, responsable por Grassi, las monjas y las patotas. El abanico de verdugos que quiere bajar la ley de imputabilidad. Nadie sabe cuántos chicos hay en estas instituciones tenebrosas: Néstor Kirchner vetó el artículo de la Ley de adopción que obligaba a censarlos. Los usan para financiar a la Iglesia. Hay que prohibir todo subsidio al clero e impedirle el contacto con la infancia. El dinero que se deriva a la Curia debe ser empleado para garantizarles a los chicos y su familia vivienda, salud y educación.

Olga Cristóbal