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El ministro de Economía provincial Arlía se jacta de que la provincia se ha ido desendeudando porque aumentó ingresos propios. La deuda que en 2007 representaba un 150% de los recursos provinciales, ahora se redujo al 86%. De acuerdo con el ministro, quedaría despejado el panorama, con el auxilio dispuesto por la Casa Rosada. Sin embargo, aunque por esta razón Scioli dejará de pagar este año 2.830 millones de pesos adeudados, el déficit fiscal de la provincia seguirá en alza: crecerá un 25%, hasta casi 7.000 millones de pesos.

Para tapar este déficit, la provincia deberá endeudarse. Es decir, el desdendeudamiento es el preludio de un nuevo ciclo de endeudamiento, y a tasas usurarias. Este año ya contrajo deudas por 800 millones de pesos al 12 por ciento y tiene en carpeta la emisión de un primer bono de 500 millones de dólares. Aunque Scioli y cía. están confiados en obtener una tasa menor a un dígito, lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires, mejor “calificada” por las consultoras, acaba de refinanciar su deuda a la friolera 12 por ciento en dólares. Estamos en vísperas de un nuevo y gran negociado que arrancó con el canje y al que, ahora, se suben las provincias.

Por lo pronto Scioli, gracias al “auxilio”, va a pagar integralmente a los acreedores privados por un valor de 6.000 millones “4.120 millones de pesos (son vencimiento) con el mercado de capitales, a los que hay que sumar otros 2.000 de vencimientos con organismos multilaterales” (La Nación, 15/5).

El aumento de los recursos propios del que se jacta el ministro pone de relieve la enorme confiscación de la que es blanco la población trabajadora de la provincia de Buenos Aires. El aumento del 100 por ciento de la recaudación no lo han visto los docentes, que han recibido un mísero aumento real proyectado para todo el año del 17 por ciento, muy por debajo de la carestía. Tampoco los estatales, que están en plan de lucha, y menos aún los municipales, quienes están recibiendo sueldos de indigencia, por debajo del salario mínimo. No hablemos de las escuelas y hospitales que se caen a pedazos, desprovistos hasta de los insumos básicos. Pero además, el grueso de esta recaudación ha sido pagado por los propios trabajadores, porque el incremento de ingreso brutos así como el IVA se trasladan a los precios de los productos de consumo popular. Viene al caso recordar que, mientras tanto, el inmobiliario rural se sigue manteniendo en cifras irrisorias.

En resumen, el “rescate” a las finanzas provinciales está hecho a la medida del capital y de nuevos negociados y no de las necesidades sociales.

Es necesario invertir la fórmula: un rescate claro, pero para el pueblo. Salario mínimo de 3.500 pesos. Prohibición de despidos. Triplicación de la presupuestos de salud, educación y asistencia social. Desconocimiento de la deuda usuraria. Impuesto extraordinario al gran capital radicado en la provincia, que concentra el 40 por ciento del producto bruto del país. Aumento del inmobiliario rural, valuando las tierras a precios de mercado. Plan de reactivación de la provincia, empezando por un plan de obras públicas y viviendas.