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En mayo de 2005, los ‘turros’ de la Corte Suprema de Argentina negaron un pedido de extradición de Jesús Laris Iriondo, integrante de ETA, acusado de atentados con explosivos en 1984, con el argumento de que el delito, inimputable de lesa humanidad, había prescripto. La decisión provocó un choque político con el gobierno de España, que reclamó a los K “gestos concretos de lucha contra el terrorismo” (La Nación, 11/5/05). “Desde el lado argentino, según el diario, hubo una fuerte presión de Hebe de Bonafini en favor de la libertad de Laris Iriondo.” La semana pasada, la misma Hebe de Bonafini, sin embargo, descalificó a esos mismos miembros de la Corte por un asunto menor: el supuesto freno a la aplicación de la ley de medios. Un asunto de dinero y una pelea entre monopolios (cableras versus telefónicas) consiguió la primacía sobre otro más importante: la defensa del derecho de asilo para el ex guerrillero chileno Apablasa.

La Corte, por su lado, no ha repetido con el ex guerrillero la decisión que tomara con el etarra. Es cierto que en el caso actual aún falta un año (meses en realidad) para la prescripción. Pero, por otro lado, el delito de Apablaza no se encuentra probado -es apenas una denuncia de un detenido en las cárceles brasileñas. La prensa ‘destituyente’ asegura que el otorgamiento del refugio político en Argentina al ex guerrillero chileno constituye una muestra de desconfianza en la independencia del poder judicial de Chile -pero omite que esa desconfianza es completamente justificada porque, al igual que en Argentina, ese poder cuenta con una mayoría de jueces y secretarios vinculados, de una manera u otra, a la dictadura. La Corte, que rechazó la extradición del etarra en frente único con Bonafini, tenía la obligación de considerar esta circunstancia de continuidad del poder judicial pinochetista -y la inminencia de la prescripción del delito. Hay aquí una duplicidad que deja entrever una intencionalidad política para beneficiar al gobierno trasandino. La Coalición cristiana-socialista de aquel país ha hecho causa común con los pinochetistas contra la libertad del ex guerrillero.

El conocimiento de que el gobierno de los K otorgaría el beneficio de refugiado a Apablaza no envenenó las relaciones chileno-argentinas -como quedó demostrado en el recibimiento que la Presidenta recibió en Santiago con motivo de la celebración del Bicentenario de Chile, y luego con la premura de su colega trasandino para trasladarse a Buenos Aires con motivo de la asonada policial en Ecuador. No solamente los une la minería cordillerana y Barrick Gold: tampoco les interesa un juicio que podría destapar la podredumbre pinochestista que perdura en la Justicia chilena allí, o la complicidad de los K con un hecho represivo acá. Piñera y la Argentina han fingido una desavenencia que no tienen. ¿No es esta una verdadera ‘turrada’?