Merlo es uno de los distritos con mayor tasa de mortalidad infantil en la provincia. Sólo en 2007 murieron 3.531 bebés menores de un año por causas evitables (Crítica, 14/5/08). Como las causas de esas muertes eran evitables, "mortalidad infantil" es la manera elegante de decir asesinato de niños.

En el hospital provincial Héroes de Malvinas, de Merlo, han sido incesantes las luchas de los médicos de la Cicop por el nombramiento de personal médico, auxiliar y administrativo para corregir esos índices terribles. Por la falta de personal, las mujeres embarazadas deben concurrir al nosocomio un día antes para obtener un turno, pasar la noche allí, durmiendo en el piso, muchas de ellas con sus hijos para, con suerte, ser atendidas al día siguiente. Las consecuencias son brutales, sobre todo, para los embarazos de riesgo: o bien el riesgo aumenta debido a lo poco recomendable que resulta una espera de 15 horas, o bien, y esto es lo más frecuente, las mujeres llegan al parto sin haber pasado por una consulta previa, cuando la evitabilidad de la muerte de los niños ya está clausurada y aumenta el riesgo de muerte materna.

Más brutal aun es la solución que propuso el gobierno: se les dio instrucciones a los médicos de no registrar como nacidos a los bebés con menos de 500 gramos de peso, cuyas probabilidades de morir en la primera semana son altísimas. Si no se registra como nacido, no se registra como muerto: la política del indek aplicada a la vida de los niños, que de rebote oculta los altísimos índices de desnutrición en el distrito. La crisis económica mundial tiende a agravar, de la mano del desempleo, la indigencia, la desnutrición, las enfermedades, golpeando con mayor violencia a los sectores populares que se sirven del hospital público. Frente a esto, la política del gobierno nacional y provincial es meter la mano en los fondos de jubilación, para salvar a los capitalistas y no para poner en pie el sistema de salud que generaría puestos de trabajo y la reactivación de sectores económicos vinculados con la provisión de insumos hospitalarios: construcción, aparatología, medicamentos, etc. Por el contrario, el gobierno no invierte; oculta y ejecuta una política de salud criminal.

Pero no se trata sólo de asesinar y encubrir. Othacehé ha montado su negocio, con el desvío de los recursos desde el hospital hacia su caja negra. Todos los meses capta el dinero de salarios de "trabajadores fantasma"; es decir, que figuran como trabajadores para el Estado provincial, pero en el hospital no estuvieron nunca o renunciaron sin que su baja fuese notificada, con lo cual se sigue enviando el dinero y pero no a un reemplazante. El vaciamiento de profesionales del hospital público es también responsabilidad del intendente, que utiliza los fondos para el mantenimiento de su aparato clientelar. Othacehé es el responsable de la muerte de cientos de niños en el distrito, y su esposa -cabeza de lista en las elecciones legislativas-, Mónica Othacehé, es su principal cómplice en tanto presidenta de la Cooperadora del Hospital.

Como complemento de esta política, Othacehé ha desarrollado una campaña de amenazas y persecuciones a los médicos que denuncian estas atrocidades: disolvió a golpes de patota una asamblea en 2008, con la connivencia de la policía que liberó la zona; puso a punteros y policías denunciados por abuso de autoridad a vigilar con paso militar el hospital; no permite la difusión de información gremial, arrancando sistemáticamente afiches y comunicados, y se empeña en difamar a los médicos mediante afiches y volantes que despliega por todo el distrito. Pero los médicos perseveran en su lucha y se suman a todos los luchadores que damos pelea para poner fin a esta dictadura civil, en defensa de la vida, de la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, contra la criminalización de la política y la protesta social y por la defensa de las libertades democráticas en Merlo.

Analía