El capitalismo es una gran asociación ilícita

La moratoria y el blanqueo de dinero que lanzó el gobierno a fines de 2008 no ha atraído los cerca de 25.500 millones de pesos que esperaba. En lugar de una repatriación de capitales, tenemos una fuga.

El blanqueo, sin embargo, ha servido para blindar legalmente a un conjunto de grupos económicos prominentes. “Con poco más de 1.800 millones de pesos ingresados hasta mediados de mayo, el listado preliminar de personas jurídicas beneficiarias incluye, por lo menos, una treintena de empresas que figuran en algunos de los expedientes más calientes de los últimos tiempos en los fueros Penal Económico y Penal Tributario” (La Nación, 12/7). Al acogerse al beneficio se suspende la acción penal, y las investigaciones judiciales al completar el pago.

La compañía Skanska, sin ir más lejos, que da nombre a uno de los mayores escándalos por facturas truchas, sobreprecios y coimas del kirchnerismo, se acogió a la moratoria.  El llamado “caso Skanska” -o en su causa madre, “Di Biase”- involucra a más de 680 empresas usuarias de facturas truchas; otro caso, en el expediente “Viazzo” acumula remitos apócrifos de cerca de 850 proveedores sospechosos.

El listado de firmas inscriptas en la moratoria incluye a los capitalistas amigos del gobierno. Como el Casino de Buenos Aires -operador de los buques “Estrella de la Fortuna” y “Princess” en Puerto Madero-, vinculado a los empresarios Federico de Achával y Cristóbal López, que se acogió por 10,6 millones de pesos. O Petersen, Thiele & Cruz SA, de la familia Eskenazi, con 1,1 millón de pesos. Dueños de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe, San Juan y Entre Ríos, los Eskenazi lograron adquirir el 25% de las acciones de YPF, la filial argentina de la petrolera Repsol-YPF, que también figura en el “caso Skanska”, y ahora, en paralelo, se comprometió a abonar al fisco 42,1 millones de pesos en 121 cuotas.

A esto hay que agregar otras empresas, cuya administración está directa o indirectamente en manos del Estado: Sistema Nacional de Medios Públicos (583.000 de pesos), Nucleoeléctrica Argentina SA (4 millones), Austral Líneas Aéreas (33,9 millones) y Nación AFJP (228.000). Si a esos montos se suman los de Aerolíneas Argentinas (229 millones) y Provincia Seguros (2,5 millones), las entidades y reparticiones en manos de Estado representan ni más ni menos que el 15% del total de lo ingresado en el plan.

No es aventurado decir que estamos en presencia de un autoindulto de los Kirchner. Pero la cuestión no se detiene allí, pues antes de pasar al Estado, varias de las empresas involucradas estaban en manos o bajo la administración del capital privado. Las operaciones en que está comprometida YPF o Aerolíneas corresponden al período en que la gestion estaba en manos de los españoles.

En el círculo de los beneficiarios, figuran grupos capitalistas que no pertenecen al círculo íntimo del gobierno y que incluso están militando en la vereda de enfrente. No faltan nombres como el Francisco Macri, Constancio Vigil o el ex funcionario delarruista y financista Fernando de Santibáñez, y capitales de los más variados como Artes Gráficas Editorial Argentina SA (AGEA), con 102,5 millones de pesos; Solvay Indupa, con 88 millones; Panamerican Energy, con 78,5 millones de pesos, o Coca-Cola -también parte del caso “Viazzo”-, con 37,7 millones. Es decir, que en la lista tenemos representados todas los bloques patronales.

Estos datos son reveladores de que la organización social capitalista, tomada en su conjunto, constituye una gran asociación ilícita. Tomamos en cuenta, además, el empleo en negro, las operaciones comerciales en negro, los sobreprecios, las subfacturaciones y sobrefacturaciones, y los negocios turbios y criminales.

Mientras el gobierno establece esta suerte de olvido para atrás, los capitalistas no tienen el menor escrúpulo de seguir con los mismos procedimientos para adelante. Más aún, han utilizado este clima de distensión abierto con el blanqueo, para evadir y recortar en forma más pronunciada el pago de impuestos. Los capitalistas buscan, minando las finanzas públicas y la capacidad financiera del Estado, contrarrestar la caída de su rentabilidad. En esa medida alimentan las tendencias a la crisis y a la bancarrota.

Por último, todo indica que los capitalistas están sometiendo incluso a una mayor extorsión al gobierno. Las patronales no se contentarían simplemente con obtener una extensión de los plazos de la moratoria sino que reclaman, “por ejemplo, que también alcance lo adeudado durante 2008 (hasta ahora sólo abarca a las deudas hasta 2007), planteo que defiende la Unión Industrial Argentina (UIA)” (ídem?????). Echegaray prometió “estudiar” esa opción.

Más ambiciosos, otros sectores “se ilusionan con la posibilidad de afrontar la deuda con títulos públicos”. Es decir, abrir la puerta para comprar bonos por su valor real muy bajo y cancelar por su valor nominal. “Eso es lo que esperan algunos de los empresarios más cercanos al poder”, contó una segunda fuente de la Afip a La Nación (ídem).

El calificativo de aves de rapiña les queda corto.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

Pablo Heller