Cada dos minutos, hay un nuevo infectado con dengue: 636 por día. La catástrofe abarca todo el país,  causó 6 muertes “aunque extraoficialmente se calculan más de 11” (La Nación, 27/4), en Salta dos recién nacidos tienen dengue congénito. Médicos del Mundo, al 13 de abril, calculaba 40.000. En Chaco hay 10 mil casos “oficiales”: la provincia no llega al millón de habitantes. Los intento de Macri de ocultar el número de enfermos “para evitar el pánico” (Perfil, 11/4) fracasaron: hay 17 casos de dengue autóctono. En Tucumán hay 1.504. En Jujuy los infectados pasaron de 624 a 776 y en La Rioja de 14 a 187 en tres semanas. El poder político intenta ocultar la magnitud de la epidemia. CFK, con la excusa de preservar la “imagen del país en el exterior”, bloqueó la declaración del alerta epidemiológico nacional. La ministra de salud, Graciela Ocaña, dice a la vez que “el dengue vino para quedarse” y que “está pasando”. Pretenden disfrazar la peste de tragedia natural y de “problema importado” de los países limítrofes. Ni lo uno ni lo otro. Veamos:

1. El gobierno dice que el dengue fue introducido por migrantes de Paraguay, Brasil y Bolivia y por el cambio climático. Pero en 12 provincias y en la capital, el dengue es autóctono. Lo saben desde 1997, porque en el Norte aumentaron los casos y se detectó al mosquito vector. Los especialistas alertan desde hace años que el factor clave es el explosivo crecimiento de la población de mosquitos. Pero hace diez años que no fumigan. Ocaña, acusa al cambio climático porque sube la temperatura y hay más mosquitos. No dijo que la “tropicalización” es hija de la tala salvaje para ganar campos para la soja. La deforestación destruyó el hábitat de peces, sapos, murciélagos y bacterias acuáticas que comían mosquitos y larvas. El cóctel de agrotóxicos utilizados por los sojeros (300 millones de litros en la última campaña) precipitó la extinción de peces y anfibios. El mosquito se multiplicó por la falta de predadores naturales. En síntesis: ni los migrantes ni la naturaleza. Los sojeros y Monsanto, subsidiados por los K. y naves insignia de la oposición.

2. Responsabilidad de las autoridades políticas y sanitarias. El presupuesto para prevenir enfermedades endémicas son 86 irrisorios millones de pesos. Ocaña no contesta si los usó. El Programa Nacional de Vectores -que depende de su Ministerio- debe combatir esta enfermedades (como el dengue o la fiebre amarilla), “se mantuvo durante los últimos años y actualmente sin recursos, con falta de personal y con nula presencia en los territorios” afectados, denuncia Gonzalo Basile, de Médicos del Mundo. El Ministerio recibió “fuertes advertencias sobre sus carencias para enfrentar epidemias antes de que el dengue se extendiera”. El año pasado, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) destacó la falta de “control y tratamiento de enfermedades transmisibles por vectores” y señaló “carencia de recursos humanos calificados, movilidad inexistente o vetusta, carencia de presupuestos propios y falta de insumos disponibles ante las necesidades de control de endemias” (La Nación, 8/4). La epidemia desnudó “una política permanente de manipulación de la información epidemiológica” del gobierno nacional y los provinciales que hace imposible “dar fiabilidad a las informaciones de las enfermedades como el Chagas, Leishmaniasis, Tuberculosis, Mortalidad /Desnutrición Infantil, Mortalidad materna, dengue” (ídem).

3. ¿Una enfermedad de todas las clases sociales? Ocaña endilgó la epidemia a “un crecimiento urbano desorganizado”. ¿Y quien, si no el Estado, debería haberlo “organizado” construyendo redes sanitarias y viviendas populares? Los campesinos expulsados por la soja hacia los centros urbanos y los sin techo de la ciudad viven en villas y asentamientos, con aguas estancadas, cloacas y basurales a cielo abierto, sin agua potable o recolección de basura. Sólo en La Matanza, sobre dos millones de personas, 50% carece de agua potable y 60% de cloacas. En ese “paisaje urbano” el epidemiólogo Carlos Ferreyra, de la Municipalidad de Quilmes, encontró “un porcentaje muy importante de viviendas inspeccionadas que presentan huevos, larvas, pupas y formas adultas del mosquito Aedes aegypti”. ¡El conurbano es un Charata potencial donde vive la mitad del país! Por eso el jefe de Infectología del Muñiz, Alfredo Seijo, dijo que “hay 23 millones de personas en riesgo” (La Nación, 13/4). El dengue es más grave si el paciente está desnutrido y se atiende en hospitales destruidos. En 2001, la población urbana sin protección médico-sanitaria era del 46% y la rural 63%, con picos del 75% en el NOA y del 88% en Formosa. Los trabajadores de la salud son víctimas de la catástrofe: en Chaco, un 50% tiene dengue.

En mayo, cuando baje la temperatura, la epidemia parecerá ceder porque los mosquitos mueren. Es lo que está esperando el gobierno. Pero los epidemiólogos afirman que entonces “el dengue se pone más peligroso” porque millones de huevos y larvas sobrevivirán en latencia y, llegada la primavera, habrá una nueva epidemia, geométricamente mayor.

¿Enfrentamos una fuerza indoblegable de la naturaleza? No. Enfrentamos un problema social y político. Las asambleas de vecinos pueden implementar un programa de acción que corte la cadena que sustenta la enfermedad, exigiendo recursos para combatir la epidemia, como ya hizo el pueblo de Orán. Organizar brigadas populares para desmalezamiento, descacharrización y fumigación integradas por desocupados que se integren a la planta municipal. Triplicación del presupuesto de salud y educación. Prohibición de desmonte y urgente plan de reforestación. Expropiación del gran capital agrario. Plan nacional de viviendas populares y de tendidos sanitarios, financiado con impuestos al gran capital. Para terminar con el dengue hay que terminar con los gobiernos del dengue, con la clase social que destruye el medio ambiente a costa de la vida del pueblo. Contra la catástrofe capitalista, construyamos nuestra propia salida.

Olga Cristóbal