El proyecto de Profesionalización Docente, enviado por la Decibe al Congreso, constituye un gigantesco atropello. Ningún gobierno civil ni militar se animó a tanto.

A cambio de 40 pesos (que recién se terminarían de cobrar después de tres años) se arrasa con derechos fundamentales:

*La estabilidad es reemplazada por un régimen de contrato.

*La validez del título para ejercer debe pasar por "evaluaciones" (léase filtros) para continuar en funciones.

*Las licencias son recortadas drásticamente.

*Las bonificaciones por antigüedad son reducidas a la mitad y reemplazadas por un salario por "mérito".

Hasta faltar queda vedado pues "el ausentismo deberá incorporarse como variable de corrección salarial" (art. 6 del proyecto).

Dicho régimen "será aplicable a las relaciones de los docentes que se inician".

¿Y para los que ya están en actividad? La incorporación será voluntaria, pero si no aceptan se contemplaría como "alternativa un mecanismo de retiro voluntario" (Propuesta elaborada por el Ministerio de Educación).

Duhalde, asimismo, ha anunciado un aumento pero a cambio también de "introducir modificaciones en el Estatuto del Docente". Aunque la Giannetasio (ministra de Educación) lo desmintió, desde Economía de la Provincia se adelantó que el incremento rondaría los 50 pesos. Los recursos saldrían de un"incremento en el impuesto inmobiliario urbano, Automotores e Ingresos Brutos para el servicio y el comercio". Es decir, con la excusa de la mejora salarial, se impondría un impuestazo sobre la población trabajadora, los pequeños comerciantes y profesionales, mientras... a la oligarquía y a los empresarios industriales se los premia con exenciones y subsidios.

La política "peronista" de Duhalde es un calco de la del riojano con patillas recortadas.

¿Qué va a hacer la Ctera?

La dirección gremial se ha limitado a reclamar una "negociación colectiva". Pero cualquier negociación está vaciada de antemano si este proyecto se aprueba. La Ctera viene estirando la decisión de un paro que recién se concretaría … a fin de noviembre, es decir, una ‘despedida’ del año. La política de la Ctera constituye una capitulación ante la ofensiva flexibilizadora del gobierno. Convertirse en auxiliar del tramiteo parlamentario y ladero de los legisladores de la UCR y el Frepaso no es una salida, pues la oposición aliancista es partidaria también de la reforma laboral (ver artículo).

El punto de partida es exigir el retiro del proyecto del Parlamento. No a la reforma del Estatuto. No al chantaje gubernamental de canjear "aumentos" a cambio de nuestros derechos y condiciones laborales. Salario básico de 700 pesos.

Bajo este programa, la Ctera debe ponerse a la altura de las circunstancias.

Menem y Duhalde han declarado la guerra a la docencia. Si no queremos que nos pasen por encima, tenemos que responder con la misma contundencia. Que la Ctera declare un inmediato paro nacional activo de repudio. Movilizarse hasta derrotarlos. Que se convoque a un Congreso de bases, con delegados elegidos y mandatados por asamblea, para organizar la continuidad de la lucha.

El proyecto ‘alternativo’ de la Alianza

El proyecto ‘alternativo’ de la Alianza plantea un Fondo de financiamiento "extrapresupuestario", para lo cual parte de dejar intacta la actual estructura del presupuesto. Respecto al proyecto oficialista de Presupuesto Nacional para el 98, los legisladores de la Alianza se limitaron a cuestionar los "excesivos"recursos destinados al Ministerio de Educación. Pero ésta es una partida menor frente a otras que representan varios presupuestos educativos juntos, en primerísimo lugar, el pago de los servicios de la deuda externa. Respecto a este punto, la Alianza ... ‘mutis’. Tampoco ha puesto en tela de juicio los subsidios a la educación privada y confesional, ni el andamiaje de transferencias y ayudas condicionadas a las provincias, a partir del cual se viene implementando la Ley Federal de Educación. La Alianza avala el proceso de privatización y desmembramiento consagrado por la ‘reforma educativa’.

El "fondo" previsto en el proyecto ‘alternativo’ giraría en torno a los 1.300 millones de pesos que ingresarían anualmente, según las estimaciones, "contra los 660 millones que, divididos en tres años, propone destinar al aumento de salario el Gobierno" (Página 12, 6/11).

¿De dónde van a salir los fondos? La propuesta de la Alianza descarta recurrir a créditos internacionales, como sí lo hace la Decibe, y se limita a decir que promueve una "reasignación de recursos de los impuestos a las Ganancias y los Bienes Personales, la eliminación de los aportes al tesoro Nacional y la afectación de 500 millones de pesos que anualmente le corresponden a la Nación de la masa coparticipable" (ídem). Esto representa un retroceso por relación a los proyectos que la UCR y el Frepaso habían presentado por separado antes del 26 de octubre, pues allí, al menos se planteaban aumentos en las alícuotas de los impuestos que afectan a los beneficios y patrimonios capitalistas. Toda la alharaca contra la estructura‘regresiva’ del sistema impositivo y para ‘gravar a los que más tienen’ ha sido prontamente archivada. La pregunta del millón, que los legisladores aliancistas no responden y muy probablemente, ni siquiera sepan responder, es qué gasto se va a sacrificar, qué partida se va a podar, teniendo en cuenta que los recursos permanecen inalterables.

Para administrar el Fondo, la Alianza propone crear una "Comisión con representantes de todos los sectores educativos y legisladores del oficialismo y la oposición en el seno del Consejo Federal de Educación" (ídem). Los "sectores educativos" incluyen a la Iglesia y los privados, quienes son principales interesados en la materia, ya que, en una abrumadora proporción, los salarios que pagan son subsidiados por el Estado.

El Consejo Federal de Educación (integrado por los ministros de Educación de cada provincia y el nacional) que tendría la responsabilidad de asignar el fondo es quien viene ejecutando la política de ataque al magisterio y la educación pública. Al zorro se le da el cuidado del gallinero. Hasta tal punto los autores son concientes de ello, que abren el paraguas por adelantado, al contemplar que "la Auditoría General de la Nación tendrá a su cargo el control del Fondo y podrá suspender la remisión de fondos a las jurisdicciones que no lo apliquen a los salarios docentes"

Pero lo más grave es que dicha comisión será "el ámbito donde también se deberá acordar con los gremios las condiciones de trabajo y los pisos salariales básicos para el sector" (ídem ). Es decir, que los diputados aliancistas, luego de exaltar su proyecto, porque no ataría el financiamiento a la aprobación de un nuevo régimen laboral, se aprestan... a revisar el régimen laboral. En una mala copia de Hegel, afirmaron esto y todo lo contrario. No debería sorprender, si tenemos presente que hace apenas pocas semanas atrás, el‘Chacho’ afirmó que el ministro Roque Fernández "tenía razón" cuando dijo que "uno de cada tres docentes eran ñoquis".