La agencia Bloomberg acaba de brindar una información importante que permite analizar las razones que llevaron al gobierno a decidir la intervención de Vicentin y mandar al Congreso un proyecto de expropiación. Según Bloomberg (Infobae, 9/6) el gobierno argentino ha propuesto a los fondos de inversión entregar un bono atado a las exportaciones agrícolas. Este “endulzante” permitiría cerrar la brecha que aún separa a la propuesta presentada por Guzmán de las pretensiones de los principales acreedores del país. De acuerdo con los cálculos realizados por la propia agencia, con este bono atado a las exportaciones agrícolas, la quita de capital -que ya era muy reducida en la propuesta original presentada por el gobierno- quedaría virtualmente eliminada. Además, se reduciría el período de gracia a 2021, por lo cual el gobierno actual deberá asumir el pago de la deuda a partir del próximo año. Así las cosas, la reestructuración de la deuda terminaría en un gran triunfo de los fondos de inversión y en un arrugue completo del gobierno de los Fernández.

La idea de emitir un bono atado a las exportaciones agropecuarias surgió luego de que los BlackRock y compañía rechazaran recibir uno atado al crecimiento del PBI. Los fondos de inversión dijeron que Argentina, en el pasado, ha manipulado varias veces las estadísticas de crecimiento para alterar el pago de dicho cupón. Para superar ese rechazo, el gobierno argentino habría propuesto que las estadísticas de crecimiento sean controladas por el FMI pero, sin embargo, no lograron convencer a los acreedores. El PBI es un flujo que puede alterarse de diversos modos, por ejemplo, modificando el tipo de cambio. En cambio, las exportaciones, al medirse en la misma moneda que se realizan efectivamente las operaciones comerciales, ofrecen estadísticas más confiables.

Para los acreedores internacionales recibir un bono atado a las exportaciones agrícolas implica un triunfo enorme. Significa hacerse del control de lo que en la actualidad representa casi la única fuente de ingreso de divisas que tiene el país. Esto es así, sobre todo, luego del derrumbe del precio del petróleo, que ha sacado a Vaca Muerta de juego. Recordemos que los Fernández se habían esperanzado en que la explotación de Vaca Muerta iba a permitir superar la estructural falta de dólares que tiene el país y poder pagar la deuda por esa vía. Nada de esto sucedió.

Resumiendo, para hacer frente a los pagos de deuda, el gobierno necesita echar mano directamente a las exportaciones agropecuarias. La intervención de Vicentin es un paso en esa dirección. Es sabido que esta empresa venía desviando las exportaciones de sus plantas de Santa Fe por Paraguay, con el propósito de evitar el pago de impuestos y hacerse directamente de las divisas. Ahora, mediante la intervención, el gobierno pretende hacerse de esa fuente de dólares para poder hacer frente al pago de la deuda. Así sucedió también en el pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner chocó con el capital agrario, para hacerse de los dólares para pagar la deuda y subsidiar a sectores del propio capital.

En la conferencia de prensa, el gobierno habló de que Vicentin podría ser usada como “empresa testigo” para poder intervenir en el mercado de granos y sus derivados, forzando a que se realicen exportaciones que están frenadas a la espera de una nueva devaluación. En comparación con el mismo período del año pasado, dichas exportaciones cayeron un 29%. Para ello, el único recurso que tiene una empresa aislada para lograrlo es ofrecer a los productores un precio superior de compra que el resto de las exportadoras. Sin embargo, una medida así implicaría reducir el margen de beneficio de la propia empresa y, por otro lado, incrementar el costo interno de los alimentos que se consumen dentro del país. O sea, todo lo contrario de “defender la mesa de los argentinos”.

Como se ve, las alusiones a la “soberanía alimentaria” son un engañapichanga para entretener a la platea. Los intereses que mueven al gobierno están dictados por un creciente sometimiento a los dictados de los acreedores internacionales. Entre ellos, a los acreedores internacionales de la propia Vicentin, que acaban de emitir un comunicado saludando la intervención, porque ven en ella la garantía de pago que no le ofrecía la empresa, que estaba en concurso de acreedores. Entre estos se destacan el Banco Mundial, el francés Credit Agricole y el ING de Tokio.

Para que la intervención y expropiación de Vicentin sea una medida progresiva requiere que forme parte de una política opuesta a la del gobierno de los Fernández. En primer lugar, que esa expropiación sea sin indemnización alguna a los bancos acreedores. Segundo, que sea parte de un plan económico de los trabajadores que parta de desconocer la deuda usuraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior y todo el complejo agroindustrial para utilizar esos recursos como parte de un plan de desarrollo nacional. Con estos planteos, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentarán su propio proyecto en el Congreso, para confrontar con el gobierno y la oposición derechista.