La Legislatura porteña aprobó la creación de la Sociedad del Estado “Facturación y cobranza de los efectores públicos S.E.” (FACOEP SE). Su función será “gestionar y administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a personas con cobertura pública, social o privada, por los efectores de la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público de la Ciudad”.

 

Los diputados del PRO presentaron el proyecto como una defensa del hospital público ya que la sociedad “se dedicará a facturar y a recuperar el dinero que el sistema público de salud gasta en atender pacientes de obras sociales o prepagas”.

 

Marcelo Ramal, legislador del FIT e integrante de la Comisión de Salud, fue el único diputado que intervino en la sesión denunciando este avance privatista y defendiendo un sistema de salud único de acceso universal y gratuito, con el presupuesto, las condiciones laborales, los insumos y la tecnología necesaria para atender la salud de toda la población.

 

En la sesión, Ramal criticó la creación del nuevo ente.  “Este proyecto de facturación es inseparable del plan oficial para la creación de una Cobertura de Salud Universal y el llamado `financiamiento del hospital público desde la demanda´”, señaló. “El objetivo estratégico es imponer la autogestión de los hospitales, el plan del Banco Mundial para la privatización de la salud. Para ello, se prevé una limitación de las prestaciones, que el gobierno nacional ya ha anunciado. La creación de un régimen aceitado de facturación apunta a viabilizar este plan”.  Ramal concluyó defendiendo “un sistema único de salud, público y gratuito, costeado por el capital y no por los trabajadores”.

 

Caballo de Troya

 

La creación de la FACOEP empalma con el anuncio que días atrás realizó Macri sobre el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud. La centralización y mejoramiento del sistema de facturación y cobranzas es una condición necesaria para la reforma privatista que impulsa el macrismo. 

El tránsito de “financiar la oferta a financiar la demanda” significa que serán los pacientes del hospital público quienes pagarán los servicios con su aporte: los de obras sociales y prepagas a través de las cuotas y los que no tienen ninguna cobertura, a través de un subsidio del Estado. Este subsidio estaría limitado a una suerte “Plan Médico Obligatorio” (PMO) que será determinado por el sistema de Evaluación de Tecnología Médica, previsto en el decreto del CUS, que podrá determinar la exclusión del PMO de ciertas prácticas médicas o farmacéuticas por su carácter supuestamente suntuario. 

 

Privatización

 

El retiro del estado de la financiación de salud y su reemplazo por una atención de demanda que se paga conduce inevitablemente a la “autogestión” y por lo tanto la competencia de prestadores, que ofrecerán ventajas relativas a cambio de un “coseguro”. 

Asistimos a un plan de privatización  de la salud pública, que comenzó bajo el ala de Menem-Cavallo con la desregulación de las obras sociales y se prolongó bajo los posteriores gobiernos sin excepción, generando alianzas entre obras sociales y prepagas, que juegan un papel parasitario y encarecedor del sistema de salud. Esta política está en línea con las aspiraciones del gran capital y las tendencias en salud impulsadas por el Banco Mundial.