29/12/2021

Facundo Molares, preso político: la responsabilidad del gobierno y la justicia

Facundo Molares es un fotógrafo argentino que durante años colaboró con las FARC en Colombia. Las FARC, recordemos, firmaron en 2016 con el gobierno colombiano un acuerdo de paz que implicaba una amnistía para gran parte de los militantes de las FARC. Luego del acuerdo, Facundo Molares viajó a Bolivia, como fotógrafo, siendo detenido por parte del gobierno golpista de Añez. La campaña popular en la Argentina denunciando su situación logró su liberación producto de la cual se radicó en el país.

Este año, Colombia reactivó una causa penal que data del 2009 pidiendo a la Argentina la extradición. Producto del pedido, Interpol lo detuvo poniéndolo a disposición de la justicia argentina, particularmente del juez Otranto, garante de la impunidad de la gendarmería en el caso Santiago Maldonado, hasta resolver la extradición.

La detención fue saludada en un hilo de tweets por Aníbal Fernández, quien no solamente se hizo eco de todas las acusaciones de la justicia de Colombia, por supuesto, sin juicio ni derecho de defensa, sino que además sostuvo que era “buscado a nivel mundial”, o sea lo trató de prófugo. Cuando en realidad Facundo había regresado a la Argentina a fines de 2020 en forma abierta y pública, en un regreso cubierto por distintos medios de comunicación luego de su liberación en Bolivia a raíz de la campaña contra su detención.

Luego de su detención, Facundo fue trasladado por el servicio penitenciario de la unidad de detención donde se encontraba -en la zona de Esquel (la U14)- a la U6, en Rawson, en una zona alejada y donde no tiene recursos ni población cercana que pueda asistirlo. Sumado a eso, se encuentra en un estado de salud delicado, y las organizaciones que lo acompañan han denunciado que el traslado perjudica su estado sanitario.

La gremial de abogados que defiende a Facundo Molares ha presentado sucesivos recursos que tienen que ver con su situación. En primer lugar sosteniendo que el pedido de extradición fue llevado adelante por una fiscalía, pero la legislación solo admite los pedidos de extradición por parte de jueces. Esta situación le da a la justicia y al Estado argentino la posibilidad de rechazar el pedido de extradición. Sin embargo, el Juez Otranto ha rechazado el pedido de la gremial. En la audiencia, el fiscal sostuvo argumentos absurdos, como que en Google la fiscal que firma el pedido de extradición figura como jueza, algo totalmente fuera de lugar dado que el pedido de extradición viene firmado por una fiscalía.

Por otro lado, la gremial de abogados pidió también el traslado a la U14, sosteniendo en un habeas corpus que su traslado a Rawson agrava las condiciones de detención. Sin embargo, esta vez quienes se opusieron al traslado son las autoridades del Sistema Penitenciario Federal, quienes fundaron la negativa a regresarlo a Esquel en la “peligrosidad” de Facundo. Este es el mismo discurso que el del Juez Otranto. Los funcionarios del sistema penitenciario dependen de la Dra. Garrigós de Rébori, kirchnerista, y del ministro de Justicia Martín Soria. La posición del Servicio Penitenciario muestra una sintonía entre los planteos de Otranto y los del gobierno nacional.

Para el kirchnerismo, de un año a otro, Molares pasó de ser un fotógrafo perseguido por el gobierno golpista de Añez a ser un criminal peligrosísimo por su pasado en las FARC. Desconocemos, a su vez, los motivos por los cuales cinco años después del acuerdo de paz y 12 años después de los hechos que se le imputan (el secuestro de un concejal), el gobierno colombiano decide recomenzar una persecución.

En todo caso, está claro que la extradición a Colombia no garantiza ni justicia ni derecho de defensa. Por el contrario, el gobierno de Duque se caracterizó por la represión feroz contra el paro general, causando decenas de muertos. En Colombia, la represión estatal y paraestatal sigue siendo moneda corriente, con la colaboración, como siempre, del imperialismo.

La causa de la libertad a Facundo Molares, que viene creciendo de la mano de la campaña en todo el país, es una causa de primer orden para todo el movimiento popular, que se une a la lucha por la libertad de todos los presos políticos, la absolución a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz y el desmantelamiento de todos los aparatos represivos del Estado.

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