Tras la media sanción en Diputados del proyecto presentado por el oficialismo, que eleva el mínimo no imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias, se han presentado críticas a dicha modificación, las cuales se centran en denunciar que estos cambios no implican una solución a la desocupación y a los bajos salarios; o bien, se limitan a cuestionar que la inflación no es tenida en cuenta a la hora de actualizar el MNI. De esta forma, se soslaya el problema central del proyecto: el hecho de que el salario no es ganancia y, por lo tanto, no debería verse gravado por el impuesto.

Quienes dirigen el grueso de la crítica a señalar que el gobierno hace demagogia elevando el MNI a 150 mil pesos brutos y 123 mil netos, mientras se olvida de quienes perciben sumas salariales de miseria y no ejecuta prácticamente ninguna medida de asistencia para hacer frente a la desocupación creciente, comenten el error de contraponer las demandas de los trabajadores que rechazan el impuesto al salario, a las de aquellos que padecen peores condiciones laborales. De esta forma, establecen una falsa disyuntiva entre dos sectores de la clase trabajadora que deberían unir sus reclamos en una lucha común para poder avanzar.

Sin lugar a dudas, la realidad actual, en la que el 80% de la fuerza laboral cobra por debajo de la Canasta Básica Total y donde casi 6 millones de personas en el país sufren falta de trabajo, merece una denuncia implacable al régimen político. No obstante, no estamos en presencia de un escenario en el cual el gobierno ha decidido privilegiar a los trabajadores que con esta medida dejarían de pagar el impuesto al salario, por sobre aquellos que no eran alcanzados con el gravamen. Sino que asistimos a una mera maniobra electoral, donde hoy dejan de tributar 1.267.000 contribuyentes, que sin embargo, podrán verse nuevamente confiscados en el futuro, a medida que transcurran los aumentos salariales; ya que el proyecto no establece que el MNI sea actualizado por la inflación. Continúa el criterio de que los pisos se modifican mediante RIPTE, es decir, teniendo en cuenta el promedio de los salarios anuales del sector privado. Además, persisten otros aspectos regresivos del impuesto, en la medida que sigue rigiendo sobre sumas no remunerativas y jubilaciones.

El motivo que explica la votación unánime de todos los bloques políticos patronales a favor del proyecto, es que no afecta en lo más mínimo la orientación fondomonetarista en curso. Ocurre que los $48.000 millones que  el Estado dejaría de recaudar serán capturados nuevamente por los impuestos al consumo, cuando el gobierno alimenta la inflación y prepara nuevos tarifazos. Como se ve, tanto la política de anclar los salarios, como los despidos y la reciente modificación de Ganancias, cuentan con la venia del FMI; y por lo tanto, es preciso un plan de lucha unificado del conjunto de la clase obrera para derrotar esa agenda.

Existe otro ángulo de crítica al proyecto, que por sí mismo es deficitario, puesto que abona en la concepción de que bien aplicado sería un impuesto progresivo para ayudar a los pobres. Aquí, el cuestionamiento radica en que la actualización del MNI se realiza por medio del RIPTE, sin tener en cuenta la inflación. Este señalamiento reposa en una realidad que ha llevado a que cada vez sean más las personas en relación de dependencia afectadas por el impuesto, y ha quedado demostrado que sólamente subiendo MNI-como sucedió en 2013- no se soluciona el problema. Sin ir más lejos, en 2003, los trabajadores en blanco incluidos en el impuesto representaban un 9% del total; pasando al 29% en 2013; disminuyendo al 12% en 2015, luego de la reforma mencionada anteriormente; pero que rápidamente ascendió al 25% en 2019.

Detenerse en este solo aspecto del impuesto al salario oculta lo fundamental: cómo el grueso de la carga impositiva del país recae sobre las espaldas de los trabajadores y no del gran capital, el cual se ve beneficiado sistemáticamente por medio de moratorias, reducción de los aportes patronales, etc. En ese sentido, resulta necesario exigir la eliminación completa del gravamen a salarios y jubilaciones, manteniendo una categoría para sueldos gerenciales y/o de altos funcionarios públicos que hoy tendría que tener un MNI de unos $250.000 y que sea actualizable por inflación.

Por todo esto, es preciso que el movimiento obrero en su conjunto, en unidad entre trabajadores ocupados y desocupados, desenvuelva una lucha a fondo por la abolición del impuesto al salario, como parte de un programa integral contra la precarización laboral, por el salario mínimo igual al costo de vida y las paritarias libres, y por la prohibición de despidos y suspensiones, junto al reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación. En este camino, se encuentra el sindicalismo combativo y el movimiento piquetero independiente.