La abogada Valeria Carreras, querellante en la causa emprendida por familiares de las víctimas del ARA San Juan contra el expresidente Macri, solicitó su detención en horas de la madrugada del miércoles. El motivo fue la ausencia anunciada del acusado a las indagatorias por sus responsabilidades en comandar, siendo entonces presidente, el espionaje estatal sobre los familiares de las víctimas de la desaparición del submarino.

Una vez comenzado el horario de función en los juzgados, el juez federal de Dolores Martín Bava, quien lleva la causa, tomó vista del pedido. Macri no solo se negó a presentarse a declarar; también recusó al magistrado por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” y pidió una nueva postergación. El juez rechazó su recusación y lo convocó a declarar nuevamente el próximo jueves 28.

La utilización del aparato conspirativo del Estado por parte de su gobierno fue ampliamente probada. La filtración de las carpetas y los expedientes por parte de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, así como las investigaciones sobre el denominado “Plan AMBA”, comprueban que el macrismo se valió del espionaje para seguir de cerca no solo a los familiares del ARA San Juan; sino también, por ejemplo, a la familia de Santiago Maldonado y a un largo listado de activistas, dirigentes políticos, periodistas y organizaciones.

Macri busca presentarse como el “perseguido” de la trama, alegando vía Twitter que se “vulneran sus derechos ciudadanos”. Parte de sus quejas tienen que ver con que, según él, “no tuvo tiempo para ver la causa”. La querella, por el contrario, denuncia que tuvo 19 días y que podía acceder al expediente mucho antes de lo que lo hizo. Existe efectivamente una dilatación de quien sabe que puede mover hilos y consolidar maniobras en el poder judicial.

Vale recordar en ese sentido que el exmandatario está implicado en otras causas activas por espionaje ilegal, como la que lo investiga por tareas de inteligencia de la AFI sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el burócrata Hugo Moyano e inclusive hasta algunas figuras de Juntos por el Cambio. O las escuchas que involucran también al sistema penitenciario, con la que su gobierno se habría antelado a las defensas que presentarían los abogados de empresarios y dirigentes ligados al kirchnerismo detenidos. No obstante, todo apuntaría a que Macri sería absuelto en Comodoro Py, ya que dos de los tres jueces, Llorens y Bertuzzi, postularían que se trató de una “acción aislada de algunos agentes”. Con la impunidad para Macri vendría la impunidad para Arribas y Majdalani, los directores de la AFI durante el macrismo.

Al caso vienen las persecuciones montadas por quien fue su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se dedicaba a “patrullar” las redes sociales armando imputaciones (como ocurrió con un joven que tuiteó un fragmento de una canción de Las Manos de Filippi, y fue denunciado por amenaza pública al presidente). Lo interesante de esto, sin embargo, es que el concepto de “patrullaje cibernético” fue instaurado por la exministra de Seguridad de Alberto Fernández, Sabina Frederic, que presentó un protocolo de vigilancia de las fuerzas de seguridad sobre las redes sociales. Incluso lo presentó como un método para “medir el humor social”, en la misma línea que Bullrich. No es algo nuevo. El espionaje es una podredumbre inherente al Estado, en la que los gobiernos de turno detentan el dominio del poder conspirativo a su favor. Así ocurrió también con el Proyecto X en los años del kirchnerismo, una caudalosa base de datos con información sobre activistas, militantes y luchadores en poder de la Gendarmería nacional. Una de sus grandes artífices fue la exministra de Seguridad Nilda Garré. La cereza del postre es que tal base de datos nunca fue desmontada por el macrismo, sino que, por el contrario, se utilizó tal proyecto para perseguir a la mencionada familia Maldonado. Es la revelación cabal del hilo de continuidad del aparato de espionaje a pesar del paso de los gobiernos.

Esta causa emprendida por las familias de las víctimas del ARA San Juan ya padeció varios traspasos de jueces intervinientes, tal cual ocurrió con otras causas de espionaje contra el gobierno de Macri. A esto mismo se corresponde la disputa de las camarillas del poder político por hacerse de peso en el aparato judicial: a ganar influencia entre los juzgados para garantizarse el manto de impunidad o, cómo no, avanzar en el banquillo contra los contrincantes políticos. En todos los casos hablamos de corruptos y saqueadores que necesitan de ello para absolverse de sus tropelías. Pero el común denominador en todos los gobiernos, más allá de sus trifulcas, es que el poder de espionaje del Estado es una y otra vez utilizado contra los trabajadores que luchan, contra las organizaciones sociales independientes del Estado, contra las comisiones internas y los sindicatos antiburocráticos, contra el activismo, contra la izquierda. Esto coloca una vez más la importancia de desarmar el aparato conspirativo del Estado, y que todos los jueces sean electos y revocables mediante el voto popular. Es lo que plantea el Frente de Izquierda – Unidad contra las variantes de un régimen corrupto hasta la médula.

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