El martes 20, cientos de habitantes de Famatina y ciudades próximas se movilizaron a la capital de la provincia en repudio a la represión a los manifestantes que intentaban llegar a la empresa minera Midais el 15 de octubre. Más de veinte de ellos resultaron heridos.

Vale recordar que, desde el primer día de iniciada esta lucha, el gobernador Beder Herrera ha dispuesto de todas las fuerzas de seguridad, la Justicia y el aparato político oficialista para proteger a la empresa.

En un primer momento, la complicidad de los funcionarios llegó al ridículo de sostener que en Angulos no había ninguna minera autorizada para trabajar, por lo que su existencia era un “invento” de las asambleas.

Luego, ante la primera manifestación, Urtube (que se presenta como dueño de la empresa) realizó una denuncia ante la Justicia, acusando a más de cuarenta personas de delitos como privación ilegítima de la libertad o amenaza con armas de fuego. En obvia complicidad, la Justicia imputó a los denunciados basándose en las ridículas pruebas aportadas por el empresario y el testimonio de efectivos de la fuerza policial.

Un nuevo corte

Como la empresa volvió a iniciar las actividades hace pocos días, la asamblea resolvió iniciar el corte por tiempo indeterminado hasta que se retire del Río Blanco.

En el corte, la numerosa delegación policial llevó a cabo varias provocaciones como, por ejemplo, realizar tres cortes para impedir el ascenso a puestos a los mismos pobladores y a la mina. Llegaron al extremo de montar una barricada que impide el paso del agua del río que provee a los pobladores de Angulos. Es la misma policía la que, además, se encarga de la tarea de llevar provisiones para seguir el trabajo en la mina durante la noche.

Los asambleístas decidieron ascender movilizados para observar de cerca lo que estaba sucediendo. Esta acción fue reprimida por la policía con palos y balas de goma causando varios heridos, incluso mujeres y niños.

Mil personas se manifestaron ese mismo día en la capital provincial en repudio a la represión y, al día siguiente, también hubo marchas en Chilecito.

El Partido Obrero repudia el accionar represivo de Beder Herrera y denuncia el accionar servil del gobierno para con las mineras, la policía y la Justicia. Fuera las empresas y proyectos que realizan una minería contaminante y saqueadora.

Vamos por una ley nacional que prohíba la depredación ambiental y laboral; por la derogación del Código Minero; por la nacionalización de los recursos naturales y el control obrero de la producción.

En La Rioja y todo el país, vamos por una gran movilización por estas reivindicaciones.