Raúl Alejandro Luis Ramos, quien se desempeñaba como secretario de Políticas y Regulación en el Ministerio de Salud hasta noviembre del 2017, acaba de ser procesado y embargado por la Justicia porque existen pruebas suficientes de que ”protegió” a la cadena de farmacias Farmacity,  abusó de su autoridad y “cajoneó” expedientes donde se establecían sanciones contra la misma y luego los archivó, pese a que “inspectores del Ministerio informaron sobre múltiples violaciones” de Farmacity “a las regulaciones del sector”, según denunció la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).  

En tanto, Ramos “le aplicaba sanciones a las firmas rivales” de Farmacity (La Nación 17/4), en un ejemplo caricaturesco y prebendario de la mentada “competencia capitalista”.  

Farmacity fue fundada y liderada por Mario Quintana, vicejefe de gabinete, que conforma junto a Marcos Peña y Gustavo Lopetegui el tridente del poder que Macri calificó como “sus ojos, sus oídos y su inteligencia”.

Pero lo ya mencionado no es el único favor recibido por la cadena de farmacias. Luego de años de rebotar contra la pared en su intención de instalarse en la provincia de Buenos Aires, ya que todos los estamentos de la Justicia bonaerense le rechazaron el pedido porque una ley provincial prohíbe que las farmacias sean de propiedad de sociedades anónimas, el procurador General interino de la Nación,  Eduardo Casal, acaba de avalar el planteo de inconstitucionalidad de esa ley que realizó Farmacity y le sugirió a la Corte Suprema de Justicia que la autorice a instalar en Buenos Aires la cantidad de negocios que desee.

Este reclamo había sido iniciado por el propio Quintana cuando estaba directamente al frente de la cadena, cargo que dejó a fines del 2015, cuando pasó a ocupar uno de los principales sillones en el gabinete macrista. Claro que, a tres años de  asumir, aún sigue siendo el principal accionista de Farmacity. 

Un dato complementario es que, según destacó la COFA, ese juicio fue realizado con la participación del estudio Rosenkratz, que pertenece a uno de los actuales miembros de la Corte, quien fuera impulsado a ese cargo por el actual gobierno de Macri a mediados del 2016.

El negocio en la provincia no es un tema marginal, ya que se trata del ámbito donde vive casi el 40% de la población del país y es una perla super apetecible para Farmacity y para su dueño Quintana, quien anunció la venta de sus acciones que, lógicamente, se valorizarían enormemente si se abre el negocio en la mitad del país donde hoy lo tiene vedado. 

Que no se trata de un tema meramente judicial, fue denunciado por la presidente de la COFA, María Isabel Reinoso, quien sostuvo que la entidad había pedido una reunión a María Eugenia Vidal para pedirle su intervención para evitar el desembarco, y la respuesta de la gobernadora –según dijo la dirigente farmacéutica- fue que no los iba a recibir porque no quería hablar sobre este tema.

Todo este proceso se da en simultáneo con las denuncias por evasión que recaen sobre el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien aparece como titular en varias empresas offshore, por las cuales circula el dinero en negro, no registrado. 

La corrupción y la utilización de los cargos ejecutivos en el Estado para la potenciación de los negocios de los mismos funcionarios son inherentes al sistema capitalista, donde la burguesía se apropia de ellos para gobernar en beneficio del conjunto de su clase. 

Esta descomposición alcanza a todas sus administraciones. Un gobierno de trabajadores terminará con estas lacras.