Tal cual estaba previsto el gobierno anunció el tercer tramo de aumentos en las tarifas de luz que impactará en las boletas correspondientes al consumo eléctrico del mes de febrero. Dependiendo del nivel en la segmentación, el aumento promedio es del 14% y pudiendo llegar hasta 38,1%, y representa parte importante de la agenda del FMI, con la reducción del gasto público sin afectar los intereses de las grandes patronales energéticas

Estos aumentos están inscriptos en la Reprogramación Trimestral de Verano del gobierno, rigiendo desde el 1° de febrero hasta el 30 de abril, y representan un incremento en el precio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que en el Amba representa el 50% del precio final de los consumidores –en las provincias incide en menos de un 20%.

De esta manera las principales proveedoras del servicio (Edenor y Edesur) deberán confeccionar las facturas con aumentos que ascenderían hasta el 38,1% para los consumidores de “mayores ingresos”. Solo quedarían exceptuados los consumidores de nivel 2 que acceden a algún tipo de ayuda social.

Por fuera del impacto directo sobre los bolsillos de los trabajadores y sus familias, estos aumentos también contribuyen a la suba de los precios, con el traslado de los costos adicionales de comercios y productores al valor final de bienes y servicios. Otro golpe a los trabajadores.

La determinación y el impacto de los aumentos también varía no solo según el nivel adjudicado en la segmentación sino en virtud de la superación o no de los topes de consumo energético estipulados por el gobierno, donde una vez atravesados el precio se multiplica.

El gobierno ha anunciado que no estipula, en lo pronto, nuevos aumentos, pero al calor de las exigencias del FMI y la agenda de ajuste oficial no se descartan nuevas subas y “retoques” del esquema tarifario. Este se trata solo de un componente de la boleta, mientras se están determinado otros aumentos en el transporte, la distribución y los impuestos que también implicarán nuevos aumentos.

A su vez, el gobierno no logra reducir los subsidios a las patronales, que es una de las demandas del FMI y el motivo con el que “justifican” la política actual de tarifazos sucesivos y segmentación.

Mientras publicitan el programa de Precios Justos como un mecanismo de control de precios “eficaz”, el Ejecutivo nacional da rienda libre a la inflación con más medidas de la agenda fondomonetarista, sin tocar los intereses de las patronales petroleras y energéticas que seguirán embolsando fortunas vendiendo energía muy por arriba de su costo de producción.

Hay que dar marcha atrás con los tarifazos trasladando la factura a las patronales del sector por medio de la apertura de los libros para conocer el verdadero valor de producción energética y nacionalizar toda la cadena energética para garantizar el servicio y un precio accesible, bajo control de los trabajadores.