El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció la creación de una empresa de gas para distribuir el fluido en aquellas localidades donde las privadas no han realizado inversiones para extender el servicio.

El actual servicio de gas en la provincia (y el país) es producto de la privatización de Gas del Estado en 1992; una confiscación en beneficio de 11 empresas privadas (dos transportadoras, nueve distribuidoras). Entre estas últimas está Camuzzi Argentina, la mayor de ellas, abastecedora del fluido en gran parte de la provincia y la Patagonia, subsidiaria de un fondo de inversión constituido por capitales italianos.

Como en otras privatizaciones, los pulpos beneficiados pagaron una cifra irrisoria, hicieron un pago simbólico con fondos propios y aportaron el resto vía endeudamiento.

Las privadas financiaron las limitadas inversiones mediante préstamos bancarios en moneda extranjera y emisión de Obligaciones Negociables, lo que les permitió “el apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de su capital propio y el menor pago del impuesto a las ganancias como consecuencia de las deducciones previstas en la normativa vigente” (Informe del Ente Regulador del Gas, Enargas, diciembre 2003). Las privatizadas que controlan el negocio del gas (como ocurre con otros servicios públicos) tienen un margen de beneficio asegurado para proveer el fluido con las actuales tarifas, pero reclaman el aumento para hacer frente a este endeudamiento y el gobierno va en esa dirección: “las tarifas de gas domiciliario sufrirán finalmente un aumento, gradual, de más del doble en dos años” (La Nación, 25/11/03).

¿Qué pasó con las ganancias que dejó la privatización del gas entre 1993 y 2001, que es el período auditado por el Enargas? “En ese período las utilidades netas de todas las gasíferas treparon a 3.858 millones de dólares, casi la misma cifra que habían pagado a principios del ‘90” por el apoderamiento del conjunto de los servicios de la estatal Gas del Estado –cuando desembolsaron 3.772 millones de dólares. Dicho de otro modo, en sólo ocho años recuperaron el total de lo invertido en la compra del aprovisionamiento del gas, un servicio con mercado cautivo y tarifas valor dólar.

¿Adónde fueron estas utilidades? “Hasta que estalló la crisis del 2001 –prosigue el informe del Enargas–, las empresas gasíferas (Camuzzi entre ellas) se habían llevado (del país) un total de 3.121 millones de dólares en concepto de reparto de dividendos”, el 81% del beneficio declarado.

La impostura de Felipe Solá

Actualmente un tercio de la población bonaerense carece del servicio de gas, en un país donde el recurso abunda. El 90% de esta carencia corresponde a la franja “indigente” y “bajo el nivel de pobreza” de la población, que es castigada, además, por el precio de la garrafa, que ha subido un 177% desde la devaluación, sumando agobio al agobio.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denuncia que la provincia invirtió más de 290 millones en la construcción de redes de gas que son colocadas en manos de las distribuidoras, pero el fluido no llega a los consumidores. El extremo de esta situación es la falta de gas natural en 90 localidades del interior, a las que Camuzzi “se niega a darles servicio porque supone falta de rentabilidad” (La Nación, 7/1).

Por estas razones el gobierno ha creado Buenos Aires Gas, cuya función es distribuir el servicio allí donde no llegan los privados. Es decir, el gobierno dispone “fomentar, financiar y alentar” la entrega de gas natural a domicilio empeñando los propios recursos de la provincia, en el aliento a un nuevo negociado de la patria contratista que se descargará fundamentalmente sobre los propios consumidores. “Ofrecemos fomentar la organización de las redes de gas natural” partiendo de un modelo según el cual con lo invertido en gas de garrafa en un solo invierno “se va a a poder pagar la instalación del servicio, estimado en 620 pesos por vecino en promedio” (ídem).

El PO plantea:

• anular la concesión a las distribuidoras de gas sin indemnización alguna;

• expropiar sus activos y crear una empresa única proveedora de gas, bajo control de los trabajadores;

• llevar adelante un plan de conexión domiciliaria en toda la provincia, con trabajadores desocupados empleados a convenio. Inversión extraordinaria sobre la base de un impuesto progresivo al capital, la gran propiedad agraria y los pulpos agroindustriales.