Finalmente se oficializó el rescate de la metalúrgica Impsa (holding de la familia Pescarmona) por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial de Mendoza. El presidente Alberto Fernández desembolsará 20 millones de dólares, mientras que el gobernador Rodolfo Suárez destinará otros 5 millones de dólares para el salvataje.

De esta manera, la Nación pasa a ser el socio accionista mayoritario con más del 60% de las acciones (mediante YPF), la provincia de Mendoza se queda con el 20% (vía Emesa), la familia solo el 5% y el restante queda en manos de bancos privados.

Impsa había declarado en enero pasado no conseguir financiamiento para sostener su capital de trabajo, lo que pone en riesgo cerca de mil puestos de trabajo (aproximadamente ochocientos directos de la empresa, a los que se suman más de 100 de pymes que prestan servicios a la metalúrgica).

Un nuevo rescate y van…

Este nuevo rescate a la empresa que dejó de encabezar el empresario Enrique Pescarmona no es el primero y probablemente tampoco sea el último. Ya en 2014, tanto la nación como la provincia salieron al rescate de la empresa mediante la emisión de Repro para garantizar los sueldos de sus trabajadores, en un cuadro donde no podían hacer frente a sus obligaciones de pago luego de años de contratos millonarios conseguidos por la patria contratista no solo en Argentina, sino también en Brasil y Venezuela.

A pesar de haber recibido un enorme subsidio del Estado, esto no privó al empresario despedir una gran cantidad de trabajadores, principalmente activistas, que se organizaban en esos días por la defensa de sus salarios y sus puestos de trabajo. Algo que ejecutó con la total complicidad de la burocracia de la UOM provincial, encabezada por Luis Márquez, hoy titular también de la CGT local.

Irónicamente, el empresario Pescarmona es conocido por su verborragia y por despotricar contra los subsidios a desocupados como a las madres que cobran la Asignación Universal por Hijo, motivo por el cual tildó a jóvenes de 14 años de “hacerse preñar para cobrar unos mangos”, al tiempo que acusaba a un tercio de la población de nuestro país de “ser pobres e inempleables”. Sin embargo, es claro que él mismo pretende subsidios del Estado para sí, y es algo a lo que está acostumbrado desde su fundación: con un gran endeudamiento fue que pudo adquirir sus actuales galpones bajo la última dictadura, una deuda que fue estatizada. Luego vinieron los Repro de 2014 por dos millones de pesos mensuales, la refinanciación de la deuda en 2016 con ayuda del expresidente Mauricio Macri y la actual maniobra para el salvataje estatal.

Rescate a los empresarios o la lucha contra el hambre de las familias trabajadoras

El salvataje a Impsa cerró la supuesta grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio alrededor de Vicentín, en nombre de garantizar los puestos de trabajos y empresas estratégicas para la provincia, en este caso para el supuesto desarrollo industrial de Mendoza. Esto último se da de bruces con la realidad del país y la provincia, donde crecen a diario los despidos y la desocupación.

Semejante desembolso de dinero para el solo rescate de un empresario vaciador al tiempo que el hambre golpea con firmeza en la mesa de las familias trabajadoras deja en claro que tanto oficialismo como oposición, por donde se lo mire, no tienen ningún interés en solucionar los problemas reales de los trabajadores; y esto reclama una intervención independiente de los mismos.

La única manera de que exista un verdadero desarrollo industrial de la provincia es de la mano de sus trabajadores. La cuestión se dirime entre una falsa estatización, apuntada a rescatar a Pescarmona mediante una indemnización, o una estatización efectiva que ponga a Impsa bajo control de sus trabajadores sin indemnizar a los vaciadores y que bien puedan, por ejemplo, poner a la empresa a producir respiradores en medio de la crisis sanitaria, algo que fue anunciado el año pasado por los actuales directivos en apoyo a un plan delineado por especialistas del Conicet, pero que nunca fue llevado a cabo.