El gobierno estableció por decreto la creación de un Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino con el objetivo de desacoplar los precios internos de los internacionales en alza y retrotraerlos a valores “prebélicos”. Se trata de un subsidio a los capitalistas de la cadena del trigo que de ninguna manera asegura un abaratamiento de los productos derivados que consumen las familias trabajadoras.

El fondo será administrado por la Secretaría de Comercio Interior y se nutrirá de lo recaudado mediante el incremental del 2% a las retenciones del aceite y la harina de soja. La finalidad es que la tonelada de trigo que requieren las molineras, cuyo precio se disparó a $30.000 tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se vuelva a comercializar a $26 mil o $27 mil, destinando el dinero del fideicomiso al bolsillo de los productores para resarcir la diferencia.

En primer lugar, la meta es poco ambiciosa dado que solo se pretende volver a los precios del 21 de febrero, sin reparar en que previo al estallido de la guerra los derivados del trigo ya venían en ascenso, repercutiendo en el bolsillo popular. De hecho, la harina 000 presentó en febrero -contexto “prebélico”- una inflación elevada del 4,3% y la del pan francés se ubicó en el 7,6%.

A su vez, el fideicomiso consiste en una iniciativa que ya se aplica hace dos años en el aceite, sin reportar los resultados prometidos. Por el contrario, el litro de aceite se encareció un 197% durante el 2020 en las góndolas criollas.

Cabe destacar, que mientras el gobierno vocifera contra los monopolios formadores de precios, se dispone a subsidiar capitalistas que integran una cadena sumamente concentrada como es la del trigo. Según un informe del Ministerio de Economía, solo el 10% de los productores de dicho cereal acapara el 53,4% del área sembrada, mientras que apenas el 4,5% de los molinos nuclea el 50,4% de la industrialización. Más allá del contexto internacional, es indudable que la remarcación a manos de estas empresas sigue siendo la norma, sino no se explica por qué razón las cámaras molineras le enviaron una carta al Ejecutivo desaprobando la creación del fideicomiso, cuando supuestamente el sector molinero pasaría a comprar trigo más barato a partir de esa medida.

Como vemos, el oficialismo solo intenta avanzar en un desacople a los precios internacionales otorgándole más prebendas a estos pulpos, en lugar de abrir los libros de los mismos a fin de evaluar los costos reales. Ni hablar de terminar con dominio del complejo agroexportador argentino por parte de un puñado de multinacionales.

Para las exportadoras, por su parte, se prevén nuevos beneficios. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en su reciente discurso informó que “hemos decidido, con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica de precios, abrir los registros de exportación de la cosecha 2022/2023 por un total de 8 millones de toneladas de trigo que se suman a las 2 millones ya autorizadas”. Una prerrogativa que va en sentido contrario a lograr el mentado “desacople”.

Lo cierto es que la prioridad oficial es ante todo cumplir con las exigencias del FMI y engrosar las reservas para utilizarlas en el pago de la deuda es una de ellas. A su turno, la decisión de suspender temporariamente el diferencial del 2% en las retenciones del aceite y la harina de soja, que había establecido Alberto Fernández en 2020, está vinculada a alcanzar las metas fiscales dictadas por el Fondo, a riesgo de avivar choques con el capital agrario.

Finalmente, para combatir la inflación en alimentos debemos avanzar en la apertura de los libros bajo control obrero de toda la cadena de valor, lo cual mostraría la diferencia que existe entre los costos locales de producción y los precios de exportación, dejando en claro que el traslado de estos últimos al mercado interno obedece únicamente al afán de lucro de los capitalistas. A su vez, es necesaria una transformación más profunda, donde se nacionalice la tierra, la industria alimenticia y el comercio exterior bajo el control de los trabajadores, en función de orientar la producción de alimentos a resolver las necesidades sociales. Se trata de un plan antagónico al régimen de saqueo imperante, que la tutela ejercida por el FMI de aquí en más no hará más que profundizar.

Mientras tanto, luchemos por recomponer nuestros ingresos reclamando un salario mínimo de $130 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y discutidos por paritarios electos en asamblea y la anulación de impuestos al consumo como el IVA.